La Unión Europea (UE) acordó extender un año más las sanciones que impone a una veintena de personas y tres entidades por la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Las sanciones, acordadas en 2019 por la regresión en el país centroamericano, seguirán vigentes un año más, hasta el 15 de octubre de 2025.
El bloque europeo mantiene congelados los bienes de un total de 21 personas y tres entidades nicaragüenses en la Unión Europea, así como la prohibición para las empresas y ciudadanos europeos de proporcionarles fondos.
Las sanciones europeas también implican que la frontera de la Unión está cerrada a las personas señaladas, que tienen prohibido tanto la entrada como el tránsito por el espacio de la Unión Europea.
En este sentido, el bloque europeo reiteró su llamamiento para que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, se libere a todos los presos políticos restantes y regresen las organizaciones internacionales de Derechos Humanos.
La UE insiste en la necesidad de poner fin a las restricciones del espacio cívico y de respetar el derecho a disentir en Nicaragua.
278 periodistas fueron forzados al exilio desde 2018
Por otra parte, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), integrante de la red regional Voces del Sur, denunció el lunes que al menos 278 periodistas nicaragüenses han salido al exilio o han sido desterrados desde abril de 2018 por motivos de seguridad.
El informe, titulado “Allanamientos y desaparición forzada: parte de la escalada represiva gubernamental en contra de la prensa independiente de Nicaragua”, señala que al menos 15 comunicadores se vieron forzados a exiliarse entre julio y septiembre de 2024.
“A la fecha, la cifra de periodistas (nicaragüenses) en el exilio sigue creciendo”, afirmó el organismo con sede en Costa Rica. “En total, según nuestra base de datos, entre abril 2018 y la actualidad la cifra de periodistas exiliados es de aproximadamente 278 entre personas periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de medios de comunicación”, indicó.
La FLED también expresó que el mes de julio representó un periodo especialmente complejo para los periodistas en Nicaragua, quienes “enfrentaron un alarmante aumento de asedios, allanamientos y robos de equipos tecnológicos”.
“El recrudecimiento de la represión estatal ha forzado al exilio a varios de ellos y ha empujado a otros a retirarse del oficio como una medida de sobrevivencia”, advirtió.
Según la ONG, en esta atmósfera de miedo y censura, es “fundamental reconocer y visibilizar el aporte de quienes continúan informando” sobre Nicaragua.
Por otra parte, la FLED denunció que el Gobierno de Nicaragua “continúa obligando a periodistas, entre ellos a jubilados, a acudir diariamente a firmar a una delegación policial”.
“Esta acción refleja la crueldad y el temor del Gobierno de Nicaragua frente a quienes tienen por vocación el periodismo independiente sin importar si están activos o no, medida que atenta contra los estados de salud y la seguridad de estas personas”, señaló.
Según el informe, durante el trimestre de julio a septiembre se registraron un total de 30 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, de los cuales 24 corresponden a personas naturales y 6 a personas jurídicas.
(Con información Europa Press)