El expresidente de Bolivia Evo Morales fue citado a declarar ante el Ministerio Público en la investigación que le se sigue por el supuesto embarazo de una adolescente durante su gestión como jefe de Estado. Acusado por los delitos de trata y estupro, deberá comparecer en la ciudad de Tarija (al sur de Bolivia) el jueves a las 10, hora local.
En una conferencia de prensa este martes, Morales aseguró que asumirá su defensa pero no confirmó si acudirá ante la comisión de fiscales a prestar su testimonio. “No me voy a escapar (…) ahora me toca defenderme legalmente con un equipo de abogados. Anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente”, manifestó.
El también jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus abogados consideran que este caso forma parte de una “persecución judicial” por parte del Gobierno, en represalia a la marcha realizada a mediados de septiembre en contra de la administración de Luis Arce. Sin embargo, ni Evo Morales ni su defensa han negado la comisión del delito.
“Vamos a defendernos, me defendí frente a todos los presidentes”, aseveró el expresidente, quien informó que se abrieron cuatro procesos en su contra en las últimas semanas. Junto a él, otras dos personas están siendo procesadas en el caso de trata y estupro, se presume que se trata de los padres de la menor de edad.
El miércoles 2 de octubre por la noche se conoció públicamente que existía un mandamiento de aprehensión en contra de Evo Morales por una investigación que inició en 2019 durante el gobierno interino de Jeanine Añez en la que se lo acusa de estupro y trata.
Según la denuncia en la que se basa el caso, el ex presidente habría tenido una hija con una adolescente el año 2016, cuando ella tenía 16 años y él 57. La partida de nacimiento de la hija de ambos fue emitida dos años más tarde en la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, y constituye una de las pruebas del caso.
La orden de captura revela que la joven fue vinculada con el expresidente desde que ella tenía al menos 15 años y bajo la complicidad de sus padres, quienes habrían obtenido beneficios políticos a cambio.
El mandamiento de aprehensión quedó sin efecto luego de que una jueza de Santa Cruz concediera una acción de libertad a favor de Morales interpuesta por sus abogados. El caso luego fue declarado en reserva judicial para proteger a la menor involucrada pero continúa en investigación.
El martes cuatro policías de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) notificaron personalmente a expresidente sobre la citación ante el Ministerio Público. Según Freddy Medinacelli, director de Felcc, al inicio “no hubo muy buena recepción” del documento. Sin embargo, informó que Morales lo recibió, lo firmó y se cumplió con el procedimiento.
Ante la convocatoria a declarar, dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba advirtió con “convulsión e insurgencia” si detienen al líder cocalero. “Lo que va a suceder es grave en Bolivia. No garantizamos nada, estamos sosteniendo a las bases, (será) responsabilidad del Gobierno que haya insurgencia y convulsión. No vamos a permitir que toquen, peor que encarcelen a Evo”, manifestó Dieter Mendoza, dirigente de una de las federaciones en declaraciones recogidas por la Red Uno.
La acusación contra Evo Morales ha generado repercusiones incluso a nivel internacional. El Grupo de Pueblo, integrado por líderes de izquierda, emitió un comunicado en respaldo al expresidente en el que califica la investigación como una campaña de “lawfare” en su contra. En respuesta, el Foro de Madrid, compuesto por partidos y organizaciones de derecha, acusó al Grupo de Puebla de avalar “la pedofilia”.
El caso se da en medio de la crisis interna en el Movimiento Al Socialismo en la que los dos líderes políticos, Luis Arce y Evo Morales, disputan el control del partido y la candidatura de las elecciones presidenciales de 2025.
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