Personalidades bolivianas criticaron “la degradación judicial” ocasionada por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo

Más de 250 personas emitieron un comunicado este domingo en defensa de “los presos, perseguidos y exiliados” políticos de Bolivia y criticaron lo que consideran la “degradación judicial” ocasionada por el Movimiento Al Socialismo, partido que está en el Gobierno desde el año 2006 con la interrupción de un año, entre 2019 y 2020.

Según los firmantes, existen 829 personas que están fuera del país en calidad de refugiados políticos ante la falta de un sistema de justicia imparcial en Bolivia. Consideran que el Gobierno usa la Justicia como un “instrumento de persecución y represión política” que sigue el modelo autoritario de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El pronunciamiento publicado el 6 de octubre denuncia tres puntos. El primero se refiere al “desmantelamiento de la institucionalidad democrática boliviana que incluyó la liquidación de la independencia de fiscales, jueces y magistrados, habiendo utilizado la elección judicial por voto universal manipulada desde el poder para la instalación de un comisariato incompetente y corrupto a su servicio, responsable de la sistemática vulneración de los derechos y garantías de las personas”.

Cita como ejemplo el caso denominado “Hotel Las Américas”, de abril de 2009 en el que se ejecutó a tres personas y se encarceló a varias otras por una supuesta acusación de terrorismo que nunca se probó. También menciona los casos de José María Bakovic, Marco Antonio Aramayo y Juan Carlos Manuel quienes sufrieron “persecución, prisión, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

En el segundo punto denuncian “la inexistencia de un sistema procesal penal verdadero en el país al haberse eliminado el principio del juez natural, con restricción del derecho a la defensa y otros derechos de los injustamente detenidos y encausados, con inobservancia de plazos y formas procesales, convirtiendo las audiencias en sesiones de tortura prolongadas por hasta doce horas, sin sentido o justificación procesal alguna”. En este punto menciona los juicios que se siguen contra la expresidenta interina Jeanine Añez, detenida desde 2021 en la cárcel de Obrajes (La Paz), y los líderes cívicos que en 2019 encabezaron las protestas contra el Gobierno de Evo Morales, Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho, quienes están presos en las cárceles de Cantumarca (Potosí) y Chonchocoro (El Alto), respectivamente.

El último punto de la denuncia cuestiona “la persecución de decenas de compatriotas a través del aparato judicial” y menciona que existen 829 personas fuera del país en calidad de refugiados políticos. “(Ellos están) impedidos de retornar ante la certeza de que hacerlo equivaldría a perder su libertad al entregarse al aparato perverso de persecución política en pleno funcionamiento en Bolivia”, reza el documento.

Finalmente los firmantes, entre los que se encuentran exautoridades, políticos, periodistas y líderes de opinión, expresan su solidaridad con “los presos y exiliados políticos” además de sus familias y las instituciones de derechos humanos que los asisten, y se comprometen a brindar su apoyo en lo puedan hacerlo.

“Les instamos a mantener el ánimo para seguir luchando, pidiéndoles extrema dedicación en el relevamiento de la información de todos y cada uno de los casos, con identificación de los actores que vulneran el Derecho y la Justicia por encargo del poder”, dice en el último párrafo el documento y agrega que la ciudadanía debe prestar atención a las elecciones judiciales que están previstas para el 1 de diciembre. “Esta vez debemos votar por quienes sean menos sospechosos de vinculación con la dictadura criminal masista”, finaliza.