Un juez ordenó la restitución en el cargo de la ex fiscal que denunció presiones por el caso contra Evo Morales

El juez de garantías constitucionales Iván Córdoba instruyó a la Fiscalía General del Estado de Bolivia restituir a Sandra Gutiérrez como fiscal del departamento de Tarija, cargo que ocupaba hasta la semana pasada cuando fue destituida tras emitir un mandamiento de aprehensión en contra de Evo Morales por una investigación que lo acusa por los delitos de trata de personas y estupro.

Córdoba dejó sin efecto la destitución de Gutiérrez en una audiencia realizada el sábado por la mañana en la que calificó su alejamiento como un “acto arbitrario”, ejecutado bajo presiones internas del Ministerio Público e instó a corregir las acciones “irregulares” que desencadenaron su destitución.

El 2 de octubre, Gutiérrez, entonces fiscal de Tarija, hizo pública la denuncia en contra de Morales y otras dos personas, en una investigación en la que se acusa al expresidente de haber embarazado a una adolescente el año 2016.

La comisión de fiscales, con la supervisión de la exfiscal departamental Sandra Gutiérrez, ordenó el 2 de octubre la captura de Evo Morales, pero ésta fue revocada poco después por decisión de la juez Lilian Moreno, que concedió un recurso de acción de libertad presentado por los abogados del expresidente .

Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado destituyó a Gutiérrez y a otros dos fiscales de materia que investigaban al líder cocalero. Gutiérrez denunció que el fiscal general Juan Lanchipa le ordenó no investigar a Morales y le pidió su renuncia. Tras negarse a hacerlo, le habrían impedido el ingreso a su oficina y luego recibió una carta en la que le agradecían por sus servicios.

Ante esas revelaciones, Lanchipa -que durante su cargo en la Fiscalía ha sido recurrentemente cuestionado por su parcialidad política- negó haber ordenado frenar la investigación, asegurando que la destitución de Gutiérrez se produjo porque cometió actos de “negligencia”. Lanchipa dejará el cargo el próximo 22 de octubre, cuando finalice su gestión de seis años.

Actualmente, el caso contra el expresidente continúa abierto en la Fiscalía Departamental de Tarija y fue declarado en reserva con la finalidad de precautelar los derechos y garantías de la víctima.

Gutiérrez tiene una amplia trayectoria en la función pública. Fue ministra de Justicia durante el Gobierno de Evo Morales, luego de haber ocupado otros cargos públicos. Este año la abogada postuló al cargo de magistrada en el Tribunal Supremo de Justicia, pero no aprobó el examen oral, su puntaje fue cero sobre 100. Semanas más tarde postuló a la convocatoria para elegir nuevo Fiscal General del Estado pero no fue habilitada en la selección.

La investigación inició el año 2020 durante el gobierno interino de Jeanine Añez pero no prosperó. El caso fue retomado el pasado 26 de septiembre y según la denuncia en la que se basa, el expresidente habría violado a una adolescente a quien embarazó el año 2016. La menor habría dado a luz a una niña a la que registraron en una localidad de Tarija (sur de Bolivia) dos años más tarde.

La investigación detalla que la joven fue vinculada con el entonces presidente con la complicidad de sus padres a cambio de obtener beneficios políticos.

Ni Evo Morales ni ninguno de sus allegados han negado la comisión del delito. El exmandatario ha pedido a un periodista que “no se meta con la familia” cuando fue consultado sobre este caso. En tanto, su equipo jurídico ha calificado la acusación con un caso de “persecución judicial” y ha informado que en las últimas semanas se han abierto múltiples casos en su contra, en una acción que consideran represalia por la macha que encabezó a mediados de septiembre en contra del Gobierno.

El caso se da en medio de la disputa entre Luis Arce y Evo Morales por la candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones de 2025 y el control del partido, al que amenazan con proscribir ante la falta de acuerdos internos.