Los comicios municipales de Brasil marcan una derrota para Lula y un reto para los electos: la economía

Parte del suspenso que acompañó ayer a la primera vuelta de las elecciones municipales en Brasil se aplaza hasta la segunda, que se disputará el domingo 27 de octubre. San Pablo vivió una lucha hasta el último voto entre el actual alcalde, Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Guilherme Boulos, del partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), el gran recién llegado al escenario político de la capital financiera del país. Al final, Nunes, con el 29,48% de los votos, y Boulos, con el 29,07, pasaron a la segunda vuelta. Marçal aún se llevó el 28,14% de los votos.

Rio de Janeiro, por su parte, confirmó al actual alcalde, Eduardo Paes, del Partido Socialdemócrata (PSD), para un cuarto mandato, con el 60,47% de los votos. Derrotó al candidato impulsado por el expresidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, del Partido Liberal (PL), que obtuvo el 30,81% de los votos. “Creo que llegó el momento de parar la polarización, esta elección representa lo que el pueblo quiere para Brasil”, dijo Paes al comentar su victoria.

En cuanto a la familia de Bolsonaro, su hijo Carlos, con más de 130.480 votos, fue el concejal más votado en Rio de Janeiro, lo que lo confirmó para un segundo mandato. El mismo récord registró su otro hijo, Jair Renan, el concejal más votado en Balneario Camboriú, en el estado de Santa Catarina, con más de 3.033 votos. Humo negro en cambio para el hermano del expresidente, Renato Bolsonaro, que no fue elegido alcalde de Registro, en el estado de San Pablo. Entre los diez concejales más votados de Duque de Caxias, en el estado de Rio de Janeiro, se encuentra también Fernanda Costa, hija de uno de los narcotraficantes más conocidos de Brasil, Fernandinho Beira-Mar, jefe del Comando Vermelho.

El hecho más significativo sigue siendo, sin embargo, la derrota del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula en casi todo el país, sobre todo en el nordeste, cuenca electoral histórica del partido. Ganó sólo 248 municipios frente a los 510 del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, que también venció en dos capitales, Maceió en Alagoas y Rio Branco en Acre. En las ciudades de más de 200.000 habitantes que por la ley brasileña pueden ir a segunda vuelta, el PL eligió 10 alcaldes mientras que el PT dos. El partido de Lula tendrá que esperar a la segunda vuelta para ver qué capitales podrá ganar.

En Teresina, en el estado de Piauí, donde la dirección del PT estaba segura de la victoria, su candidato Fábio Novo perdió frente a Silvio Mendes, del Partido de los Progresistas (PP). En Bahía, bastión histórico del PT, el candidato a la alcaldía de la capital, Salvador, Geraldo Júnior, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), apoyado por el partido de Lula, fue derrotado en primera vuelta por Bruno Reis, de Unión Brasil. El próximo presidente del PT, Edinho Silva, actual alcalde de Araraquara, en el estado de San Pablo, tampoco pudo con su candidata Eliana Honain, que fue derrotada por el candidato del PL de Bolsonaro. El yerno de Lula, Danilo Segundo, candidato del PT, también perdió en Barra dos Coqueros, en el estado de Sergipe.

El gran reto para los 5.569 municipios que han elegido a sus nuevos representantes políticos será la economía. Poco antes de las elecciones, la subida de la calificación de Brasil por parte de Moody’s, una de las tres principales agencias de clasificación de riesgo, provocó discusiones. De Ba2, el país pasó a BA1, acortando así la distancia para la recuperación del “investment grade”, lo que puede abrir la puerta a un aumento de las inversiones extranjeras. La decisión se produjo exactamente una semana después de que el ministro de Economía, Fernando Haddad, junto con Lula por primera vez, se reuniera en Nueva York con representantes de Moody’s, Standard and Poor’s (S&P) y Fitch Ratings (Fitch).

Sin embargo, en el comunicado en el que explica los motivos de su decisión, muy criticada en Brasil, Moody’s no podía dejar de mencionar la “moderada credibilidad de la reforma fiscal” y el “coste de la deuda pública” del país. Se trata de la segunda intervención de calificación de Moody’s sobre Brasil en un año. En mayo, la misma agencia había modificado la perspectiva de la nota de crédito del país de “estable” a “positiva”, que mantuvo el lunes pasado.

Las otras dos agencias de calificación no sólo confirmaron sus notas, dos grados por debajo del grado de inversión, sino que reiteraron que no veían razones para mejorar sus calificaciones. Fitch declaró a Reuters que “para elevar la nota crediticia de Brasil, necesitaríamos tener una mayor confianza en la capacidad del gobierno para generar superávits primarios”. A pesar de una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3% en 2024, son las cuentas públicas la cuestión más crítica por ahora. Las previsiones de Fitch contemplan un aumento del déficit del gasto público del 1% del PIB en 2025 y un incremento de la ratio deuda/PIB hasta el 83,9% en 2026, frente al 77,8% en 2023.

Actualmente, el déficit público ya ha superado los 100.000 millones de reales (18.324 millones de dólares) en 2024. En cuanto a S&P, su director para Brasil, Manuel Orozco, declaró en una entrevista al diario Valor Econômico que el actual crecimiento del PIB “debería significar una mayor capacidad de estabilización de la deuda. Lo que por el momento no está ocurriendo”.

La decisión de Moody’s no fue bien recibida por los economistas brasileños. Muchos de ellos la calificaron de “insustancial” y “precipitada”, recordando además que se trata de la misma agencia que rebajó la nota del banco de inversión Lehman Brothers sólo un día antes de su colapso. El economista Silvio Campos Neto señaló que parte de los recientes resultados de la economía brasileña se han logrado gracias a los estímulos del gobierno, que incluyen un mayor acceso al crédito, prestaciones sociales como la Bolsa Família y el reajuste del salario mínimo por encima de la inflación, lo que ha estimulado el consumo, en una trayectoria que calificó de “insostenible”.

Se trata de una dinámica que Brasil ya vivió durante la presidencia de Dilma Rousseff, que sufrió un impeachment precisamente por la peor recesión económica de la historia del país que su gobierno había provocado al elegir el camino de la ‘Nueva Matriz Económica’, centrada en la intervención estatal y en el aumento del consumo sin preocuparse por la inflación. Fue precisamente por esas políticas económicas que S&P y Fitch retiraron el grado de inversión a Brasil en 2015, seguidas en 2016 por Moody’s.

La mejora de Moody’s también se discutió en una reunión entre economistas y directores del Banco Central. Según el diario O Estado de Sao Paulo, algunos de ellos cuestionaron los efectos de tal decisión sobre el gobierno, es decir, si el aumento de la nota servirá de incentivo para nuevos ajustes fiscales o, por el contrario, convencerá al gobierno de que el riesgo ha disminuido y, por tanto, no son necesarias nuevas medidas.

Para uno de los economistas más conocidos de Brasil, Samuel Pessôa, de la Fundación Getulio Vargas, Moody’s “rebajará la nota de Brasil en dos o tres años. Es cierto que el crecimiento brasileño es mucho mejor de lo imaginado, pero en mi opinión es un crecimiento insostenible. Es una especie de economía forzada, por utilizar el título de un famoso libro de los años 80 sobre la economía brasileña. ¿Qué significa eso? Significa que estamos creciendo bien, pero este crecimiento está alimentado por el gasto público”, declaró en una entrevista a O Estado de São Paulo.

En el mismo diario, Carlos Andreazza escribe en su columna que “Moody’s ha fotografiado el vuelo gallináceo de Brasil. La agencia que mejoró la calificación de riesgo del país es la misma que la rebajará cuando por fin considere los elementos estructurales por los que ahora debería mostrarse más cauta y escéptica”.

En el futuro inmediato, entre los retos a los que tendrán que enfrentarse los municipios brasileños y sus ciudadanos estará el aumento de los costos de la energía y los alimentos, debido a las recientes catástrofes climáticas que han azotado el país, desde la sequía en varias regiones, incluida la Amazonía, hasta los incendios y las inundaciones del sur de Brasil, el pasado mes de mayo. Las previsiones de los economistas apuntan a un aumento de la inflación que ya a finales de año podría superar el techo fiscal en un 4,5 %.

Por no hablar de una cuestión poco abordada en la campaña electoral pero que es estructural en los municipios brasileños, a saber, su incapacidad para sostenerse económicamente. Según el informe de 2024 “Multi Cidades” (Ciudades en español) del Frente Nacional de Alcaldes, el 18% de los ingresos de los 5.569 municipios del país en 2022 provienen del Fondo de Participación de los Municipios, un tipo de financiación previsto por la Constitución y desembolsado por el gobierno federal a los ayuntamientos. El mismo estudio también reveló que en los municipios con menos de 10.188 habitantes, el porcentaje de este desembolso es, en promedio, del 45,1%. La ciudad de Borá, en el Estado de San Pablo, cuenta incluso con el 66% de estos fondos para su presupuesto.

Según el Indicador Firjan de Gestión Fiscal, un estudio que analiza la situación fiscal de los más de todos los municipios brasileños y que elabora la Federación de Industrias del Estado de Rio de Janeiro (Firjan), un tercio de los municipios brasileños tienen notas cero, es decir, los ingresos procedentes de la actividad económica de los municipios no se consideran suficientes para garantizar su estructura básica. Los peores en este aspecto fueron los del Norte y Nordeste.

Lo que retrata el indicador Firjan es la realidad de un Brasil compuesto por muchos municipios dependientes económicamente del estado federal, que a partir del gobierno Bolsonaro no deja de usar su poder a través del llamado “orçamento secreto”. Se trata de fondos desembolsados a varios diputados y senadores sin ningún control sobre cómo se gastan. Recientemente, algunos de ellos incluso han sido investigados por la Policía Federal (PF).

En un reciente editorial, O Estado de São Paulo, que denunció por primera vez la existencia de esta forma opaca de transferir fondos durante el gobierno de Jair Bolsonaro, lo definió como un sistema de “compra y venta” que sirve “para el enriquecimiento ilícito de parlamentarios y alcaldes mediante la apropiación criminal de recursos del presupuesto de la Unión que, en teoría, deberían destinarse a los municipios para financiar políticas públicas capaces de mejorar la vida de las poblaciones locales”. Por eso, la prensa brasileña exige que el Supremo Tribunal Federal (STF) intervenga pronto para prohibirlo. Si es verdad que toda nueva elección trae consigo la esperanza de un cambio, los alcaldes y concejales recién elegidos o confirmados tendrán ahora cuatro años para cambiar las cosas y dar ejemplo de buena gestión, también con vistas a las elecciones presidenciales de 2026.