El escándalo por la denuncia de estupro y trata de menores contra Evo Morales provocó cruces a nivel internacional. Luego de que la semana pasada se conociera que el ex mandatario y líder cocalero estaba siendo investigado por haber embarazado a una menor de edad cuando era presidente, el Grupo de Puebla emitió un comunicado en el que define el caso como “una campaña de lawfare”.
En una abierta postura a favor de Evo Morales, el grupo integrado por líderes de izquierda afirma que la investigación se enmarca en la disputa interna del Movimiento Al Socialismo y sostiene que las “legítimas diferencias (entre Luis Arce y Evo Morales) parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del ex presidente Morales, algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado, hacemos un llamado a estar atentos a esta politización de la justicia”, señala el pronunciamiento publicado el 3 de octubre.
La declaración del Grupo de Puebla va en línea con la postura que ha adoptado el equipo jurídico de Evo Morales que, lejos de negar el delito, se ha limitado a decir que se trata de “una persecución judicial”. Según sus allegados, en las últimas dos semanas se abrieron al menos cinco procesos judiciales contra el líder cocalero, en una acción que consideran represalia del Gobierno por la marcha que encabezó hacia La Paz en protesta contra la administración de Luis Arce.
“No me extraña ni me preocupa”, escribió Evo Morales en su cuenta de X tras conocer la denuncia. “Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, subrayó.
El Foro de Madrid, una alianza de organizaciones y líderes de derecha fundada por el partido español Vox, considera que el Grupo de Puebla “avala delitos de pedofilia y trata y tráfico” y manifestó que la investigación contra el ex presidente boliviano debe seguir su curso. En referencia a la disputa entre Arce y Morales, los líderes del Foro de Madrid expresan que “ninguno de los dos merece gobernar Bolivia” y los acusa de provocar una guerra entre “mafias para tomar el control de los negocios criminales que ambos manejan”.
No es la primera vez que la conducta sexual del ex presidente cobra interés público. Anteriormente fue relacionado con Gabriela Zapata, una mujer con la que admitió haber tenido un hijo al que luego negaron y cuya existencia nunca se ha confirmado. La mujer luego fue gerente de una empresa china que hacía contratos millonarios con el Estado. En 2020 se vinculó a Evo Morales con una menor de edad, con quien se filtraron fotografías y conversaciones por chat. También existen registros de un encuentro que tuvieron en Argentina, cuando el ex presidente estaba asilado en ese país.
Antecedentes del caso
El 2 de octubre por la noche se conoció públicamente que existía una orden de captura en contra de Evo Morales por una investigación que inició en 2019 durante el gobierno interino de Jeanine Añez en la que se lo acusa de estupro y trata. Según la denuncia en la que se basa, el ex presidente habría tenido una hija con una adolescente el año 2016. Ese entonces la joven tenía 16 años y él 57.
El mandamiento de aprehensión quedó sin efecto luego de que una jueza concediera una acción de libertad a favor de Morales.
La fiscal que investigaba el caso, Sandra Gutiérrez, denunció presiones para parar la investigación y luego fue destituida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien ha sido recurrentemente cuestionado por su parcialización política pero negó que el alejamiento de Gutiérrez se deba a un interés por proteger al expresidente.
El escándalo que involucra al ex presidente se da en un momento clave para definir su futuro político, en medio de la disputa por el liderazgo del partido y la candidatura a las elecciones presidenciales, con un calendario electoral que apura la dimisión de conflictos internos.
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