Pese a la magnitud de los incendios que han sumido a Bolivia en una crisis ambiental y ecológica sin precedentes, sectores campesinos insisten con la “modificación” de un decreto que prohíbe la emisión de autorizaciones de quemas y uso de tierras fiscales afectadas por los próximos cinco años.
Según datos publicados por el Gobierno, en lo que va del año se han quemado 6,9 millones de hectáreas principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Sin embargo, organizaciones privadas como la Fundación Tierra señalan que el daño es mayor y que la devastación alcanza las diez millones de hectáreas.
En ese contexto, el Gobierno emitió el 11 de septiembre una “pausa ambiental indefinida” a través de la cual se suspenden los permisos de quema y se revocan los que se habían emitido hasta entonces. En Bolivia existe la costumbre de quemar la tierra con el objetivo de preparar el suelo para los cultivos agrícolas, una práctica que se denomina localmente “chaqueo” y que aunque muchas veces se controla, otras se sale de control por la sequía y el viento.
En ese contexto, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz anunció un bloqueo de carreteras desde el martes 8 de octubre en el departamento cruceño como muestra de rechazo a la pausa ambiental.
El decreto que rechaza ese sector de los campesinos establece que se suspenden todas las autorizaciones de quema y se prohibe la emisión de nuevas licencias y establece que las tierras fiscales afectadas por quemas no serán disponibles por un periodo mínimo de cinco años, hasta su restauración. Por otro lado menciona acciones de reforestación y resguardo de áreas protegidas.
En un contacto con el canal Red Uno, el dirigiente campesino Eufronio Herrera, manifestó que no están en contra del decreto y que buscan “modificaciones” en puntos específicos, sin detallar a cuáles se refiere. “Si el Gobierno se mantiene con el capricho de no querer modificar estos dos artículos que estamos pidiendo, en este caso se va masificar el bloqueo hacia otras provincias también”, advirtió el dirigente.
Si bien en las últimas horas se informó que el Gobierno había convocado a la organización campesina a una mesa de diálogo, los convocados afirman no haber recibido una invitación formal por lo que la medida de presión se mantiene vigente.
El Gobierno ya habría cedido anteriormente con un grupo de campesinos del Beni que pidió “regionalizar” la pausa ambiental. Según un acta firmada el 28 de septiembre por el ministro de Medioambiente, Alan Lisperguer, y campesinos del Beni, el Gobierno se comprometió a flexibilizar la prohibición de quemas.
Daños recurrentes
Si bien la práctica de “chaquear” la tierra existe desde hace varias décadas en el país andino, los desmontes y quemas han sido alentados en los últimos años a través de un marco normativo que promueve la ampliación de la frontera agrícola.
Expertos en temas ambientales señalan que detrás de los incendios hay intereses que benefician a varios sectores, no solo productivos sino también especulativos de quienes negocian la tierra. “En muchos casos se ha habilitado tierra para ser cultivada a través de este mecanismo de quema con fines especulativos. Este dato es preocupante porque en el mercado la tierra deforestada vale más que la tierra con ecosistemas en pie”, advirtió la senadora Cecilia Requena en un contacto anterior con Infobae.
Desde el año 2019 que en Bolivia se quema un promedio de 4,1 millones de hectáreas cada año. Sin embargo, desde junio de este año, se quemaron entre siete y diez hectáreas (según cifras oficiales y de organizaciones independientes), y la devastación no parece tener una solución a corto plazo.
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