Cómo el cierre de la Base de Manta tras la crisis de Angostura impulsa un nuevo debate sobre la presencia de fuerzas extranjeras en Ecuador

A 15 años de su desmantelamiento, el presidente Daniel Noboa propone reabrir la puerta a instalaciones militares internacionales para combatir la creciente influencia de grupos criminales en la región

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El apretón de manos y
El apretón de manos y la mirada fulminante que Rafael Correa, entonces presidente de Ecuador, le dio a Alvaro Uribe, su homólogo colombiano, se volvió un símbolo del correísmo para recordar el ataque de Angostura. La escena sucedió en la Cumbre de Río de 2008.

La lucha antidrogas y la intervención estadounidense en la subregión andino-caribeña tomó un giro inesperado tras la concesión de la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta, o Base de Manta en Ecuador. Los tres países de la América del Sur Septentrional, antiguas posesiones de la histórica Gran Colombia, discreparon en torno a su política exterior de contención del narcotráfico y de la criminalidad organizada transnacional. ¿Qué papel desempeñó la Base de Manta en el bombardeo de Angostura de 2008 y en el plan de desmantelamiento de las FARC?

Mientras el Ecuador de 1998, gobernado entonces por Jamil Mahuad, acordó la instalación de una base militar estadounidense en una provincia del litoral ecuatoriano, en la Colombia de 1999 gobernada por Andrés Pastrana se suscribió el acuerdo bilateral impulsado por el presidente estadounidense Bill Clinton, conocido como el Plan Colombia. Esta propuesta recibió apoyo a través de la Iniciativa Andina Contra las Drogas (ACI) y el Foreign Military Financing (FMF), con inversiones que superaron los USD 10.000 millones entre 2001 y 2016. Esta financiación se convirtió en la mayor ayuda militar de Estados Unidos después de la proporcionada a Israel.

Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela adoptó una postura crítica frente a lo que denominó como una “acción de intervención imperialista de Estados Unidos” en la región, para desestabilizar a toda Suramérica. Las relaciones colombo-venezolanas se tensaron todavía más con el ascenso al poder del presidente Álvaro Uribe en el 2002, aliado clave de Washington.

Hugo Chávez y Rafael Correa
Hugo Chávez y Rafael Correa (Periodismo de Investigación)

Tras el derrocamiento de Mahuad en Ecuador, Lucio Gutiérrez, líder de la insurrección, alcanzó el poder mediante elecciones y asumió la presidencia en 2003. Con un discurso progresista e impulsado por la izquierda indigenista ecuatoriana, Gutiérrez gobernó hasta el 20 de abril de 2005, fecha en la que fue derrocado por un movimiento ciudadano multitudinario.

Ni el sucesor de Mahuad, el vicepresidente Alfredo Palacio, ni Gutiérrez hicieron nada frente a la Base de Manta. Al contrario, Gutiérrez se declaró como el mejor amigo de los Estados Unidos en una visita oficial al entonces presidente George Bush. Después, Gutiérrez acusó a Hugo Chávez de haber organizado el golpe de estado en su contra.

En un foro internacional contra bases militares en América Latina celebrado en la Habana en el año 2005 se presentó un joven profesor universitario ecuatoriano quien arrancó sonoras ovaciones tras sus intervenciones antiimperialistas, antiestadounidenses y en contra de las bases militares extranjeras. Era Rafael Correa, el elegido por Hugo Chávez para conquistar la presidencia del Ecuador.

Correa cumplió con su palabra y negó la renovación del acuerdo de concesión con los Estados Unidos para el uso de la Base de Manta, un enclave estadounidense destinado principalmente a vigilar el sur colombiano, a combatir el narcotráfico y la migración ilegal mediante operaciones de control y detección de posibles amenazas en la región. A los Estados Unidos le interesaba monitorear el crecimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización paramilitar y narcotraficante que nació en 1964 subordinada al Partido Comunista de Colombia y que hasta los años ochenta efectuó pocas maniobras ofensivas en contra del ejército regular de la República de Colombia.

Vista aérea del lugar del
Vista aérea del lugar del bombardeo del 1 de marzo de 2008, realizado por fuerzas colombianas en el que murió el segundo de las FARC, Raúl Reyes, en Angostura, provincia de Sucumbios en zona fronteriza con Colombia (EFE/José Jácome/Archivo)

El crecimiento incontenible de las FARC inicia a mediados de la década de los ochenta y se consolida en los noventa por el auge de las economías irregulares vinculadas al negocio de la coca. Con los ingresos del narcotráfico, las FARC incrementaron el número de efectivos y de abastecimiento logístico, se consolidaron en las selvas del sur y suroriente colombianos, y conquistaron los gobiernos locales rurales en zonas fronterizas con Ecuador. Frente a esta amenaza de expansión política impulsada por una organización criminal de ideología comunista, emergió el Plan Colombia y el acuerdo de la Base de Manta.

En 2008, la Asamblea Constituyente de Ecuador, dominada por el partido del entonces presidente Rafael Correa, aprobó una nueva Constitución que prohibía la presencia de bases militares extranjeras en el país. La nueva constitución ecuatoriana se expediría en septiembre de ese año. El 1 marzo de 2008, a las 00:25, el ejército colombiano ejecutó la Operación Fénix, que culminó con un ataque aéreo a un campamento de las FARC dentro del territorio ecuatoriano. Este bombardeo resultó en la muerte del segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes, junto con otros miembros del grupo guerrillero y otros ciudadanos entre mexicanos y un ecuatoriano. La operación fue realizada con tecnología avanzada y apoyo logístico que muchos analistas atribuyen a Estados Unidos, aunque este país negó su participación directa.

La incursión militar provocó una crisis diplomática inmediata. El presidente Correa condenó la violación de la soberanía ecuatoriana y exigió respuestas del gobierno colombiano. El presidente Uribe recordó al mandatario ecuatoriano que su partido alcanzó el poder con el apoyo económico de las FARC. Además, a nivel internacional, Uribe sugirió la hipótesis de encubrimiento y colaboración del gobierno ecuatoriano con la guerrilla. Correa siempre se negó a calificar a las FARC como terroristas, a las que siempre catalogó como rebeldes.

Lo que sugieren los hechos es que la Base de Manta desempeñó un papel crucial, especialmente en lo que respecta a las operaciones de inteligencia y apoyo logístico que facilitaron la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano. Según el coronel Bud Leonard, comandante de las Fuerzas Operativas Avanzadas (FOL) en Manta, un avión HC-130 despegó de esta base el 29 de febrero de 2008, justo antes del bombardeo, lo que indica alguna conexión entre las operaciones militares colombianas y el uso de recursos estadounidenses. Se utilizaron diez bombas GBU-12 Paveway II, armas guiadas por láser que requieren un alto nivel de precisión y tecnología avanzada para su uso. Este tipo de armamento no estaba disponible para el ejército colombiano sin la colaboración estadounidense, lo que también sugiere que hubo alguna forma de apoyo posiblemente establecido en la Base de Manta.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una reunión con el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE), en Quito (EFE/José Jácome)

El 18 de septiembre pasado se cumplieron 15 años del desmantelamiento de la Base de Manta. Dos días antes, el 16 de septiembre, el presidente Daniel Noboa revivió el interés en traer de regreso a militares estadounidenses para que operen desde el Ecuador. Para este fin Noboa propone una reforma parcial de la Constitución para que permita el establecimiento de bases militares extranjeras nuevamente. Noboa ha dicho que la prohibición original fue el “primer pacto con el crimen transnacional” y que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar el aumento de la criminalidad y el crimen organizado.

El presidente ecuatoriano busca llevar esta propuesta a referendo como parte de su estrategia política en su campaña de reelección, enfrentando posibles resistencias en la Asamblea Nacional y entre los sectores que aún defienden la prohibición actual valiéndose de argumentos soberanistas, consiguiendo polarizar las preferencias y recuperando la bandera del discurso anticorreista.

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