El Ministerio de Justicia de Bolivia anunció este jueves su adhesión a la investigación contra el ex presidente Evo Morales por la presunta concepción de un hijo con una menor de edad en 2015, un caso que las autoridades están indagando como delito de estupro. La medida responde a la polémica generada por la decisión judicial que anuló la orden de detención contra el ex mandatario.
El ministro de Justicia, César Siles, informó que se solicitará al Tribunal Constitucional la revocatoria de la sentencia que favoreció a Morales, así como la apertura de una investigación contra los jueces que habrían actuado en su beneficio.
“Pediremos que se revise esta decisión para que la justicia se aplique de manera imparcial”, afirmó Siles, en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró que solicitará que la investigación por trata y tráfico de personas contra Morales se maneje de manera confidencial para evitar la politización del caso y proteger a la víctima.
“Es un tema sumamente delicado, ya que está de por medio una menor. Hay que evitar que esto se convierta en un instrumento político”, dijo Arce.
En respuesta, Evo Morales, a través de su cuenta en la red social X, acusó a los gobiernos “neoliberales” de llevar a cabo una persecución política en su contra, incluida la actual administración.
“No tengo miedo. No me callarán. Seguiré luchando junto a nuestro pueblo”, manifestó Morales, quien añadió que “podrán silenciar mi voz, podrán matarme, pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo”.
El caso ha suscitado aún más controversia luego de que una ex fiscal denunciara al fiscal general, Juan Lanchipa, de proteger a Morales. La ex funcionaria sostuvo que fue destituida por ordenar la detención del ex presidente.
Sin embargo, Lanchipa rechazó las acusaciones y aseguró que la ex fiscal fue apartada por “conducta negligente e inconsistencias procesales” en sus funciones.
En medio de la investigación, el Grupo de Puebla —foro que reúne a dirigentes de izquierda de América Latina— expresó su “profunda preocupación” por lo que considera una campaña de ‘lawfare’ (uso del sistema judicial con fines políticos) contra Morales.
En un comunicado, el grupo pidió a Arce no permitir que su gobierno “participe en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano” y advirtió sobre una posible politización de la justicia en un momento en que algunas encuestas electorales favorecen al expresidente.
“A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados por un grupo de compañeros del Grupo de Puebla entre Morales y Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales”, señala el comunicado.
Además, el foro alertó que “estas prácticas van a contramano de la ética del progresismo democrático” y podrían allanar el camino para el avance de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales.
El Gobierno de Argentina decidió el miércoles quitarle a Evo Morales el estatus de refugiado del que gozaba desde diciembre de 2019.
El Ministerio de Justicia de Argentina informó en un comunicado “que cesó el estatus de refugiado otorgado al ex presidente boliviano Juan Evo Morales Ayma”.
El Ejecutivo de Javier Milei alegó que ese estatus de refugiado “fue utilizado indebidamente como herramienta política” por el ex presidente argentino Alberto Fernández (2019-2023), “omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece” la ley argentina de reconocimiento y protección a los refugiados.
El peronista Alberto Fernández concedió el refugio a Morales, con quien tenía buenos vínculos, a finales de 2019, luego de que el líder boliviano abandonara su país en medio de una convulsión política que Morales denunció como un golpe de Estado en su contra.
En aquel momento, el Gobierno de Fernández consideró a Morales como un “perseguido”, pero le concedió el refugio con la condición de que no hiciera declaraciones políticas desde Argentina.
(Con información de Europa Press y EFE)
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