El 14 de octubre iniciará en Bolivia el juicio contra la expresidenta interina Jeanine Añez, y otros líderes cívicos, por el denominado “Golpe de Estado I” en el que se la acusa por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en medio de las protestas sociales que derivaron en la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.
En el marco de estas investigaciones están con detención preventiva la expresidenta Jeanine Añez y los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, en las cárceles de Obrajes (La Paz), Chonchocoro (El Alto) y Cantumarca (Potosí), respectivamente.
En los últimos días, el exministro de Justicia Iván Lima reveló que la expresidenta fue sometida a un juicio ordinario -y no de responsabilidades- por “capricho” de Evo Morales. Añez manifestó, a través de sus redes sociales, que esas declaraciones demuestran que los juicios que se le siguen son ilegales e inconstitucionales, por lo que ha pedido poner “punto final a esta tortura”.
En apoyo a Jeanine Añez, el expresidente Carlos Mesa pidió la anulación de todos los juicios en su contra porque son “producto de un complot, carecen de fundamento y son simple persecución política”.
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz programó para las 09:00 del 14 de octubre inicio del juicio en la modalidad presencial y tanto Jeanine Añez como Luis Fernando Camacho fueron notificados.
En esta causa también se investiga al exministro Fernando López, los excomandantes de las Fuerzas Armadas William Kaliman y Sergio Orellana; el excomandante de la Policía Yuri Calderón; y el exinspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández Toranzo, quienes fueron declarados “prófugos”.
Movilizaciones por indicios de fraude
El caso “Golpe de Estado I” está relacionado a sucesos previos a la renuncia del expresidente Evo Morales, que dejó el cargo el 10 de noviembre de 2019, en medio de manifestaciones sociales que cobraron fuerza con un motín policial y con la sugerencia de la cúpula militar para que el jefe de Estado renuncie al cargo.
Las protestas sociales se originaron luego de los comicios del 20 de octubre de 2019. Esa noche, el sistema de conteo rápido se suspendió de manera abrupta al 83% del conteo y cuando se perfilaba una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Cuando el sistema de conteo se reanudó varias horas más tarde, el resultado mostraba que el jefe del MAS había ganado la votación en primera vuelta.
El opositor Carlos Mesa denunció un “fraude monumental” en la votación y se desataron protestas contra el organismo electoral en varias ciudades del país. Sucesivamente las manifestaciones cobraron fuerza y se extendieron por todo el país. En Santa Cruz las lideraba Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz; y en Potosí, Marco Pumari, presidente cívico de ese departamento.
Días después, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció que hubo manipulación dolosa de los resultados, lo que ocasionó la anulación del proceso electoral y precipitó la caída del Gobierno.
Tras la renuncia de Evo Morales y de quienes lo sucedían en el orden constitucional, la senadora Jeanine Añez asumió la presidencia del Senado y luego la del Estado, en una sesión legislativa que no cumplió con la normativa establecida por lo que el Movimiento Al Socialismo considera que se trató de un “golpe de Estado”.
La exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal en contra de la expresidenta interina y los dos líderes cívicos, entre otras exautoridades.
En medio de las investigaciones por este caso, Añez fue aprehendida el 14 marzo de 2021 y fue trasladada al penal de Miraflores, en La Paz; donde guarda detención preventiva por este caso y cumple una condena de diez años por otro caso. En tanto, Luis Fernando Camacho fue aprehendido en diciembre de 2022 trasladado a la cárcel de Chonchocoro en El Alto. Marco Pumari fue detenido el 9 de diciembre de 2021 por la quema del Tribunal Electoral de Potosí la noche en la que se suspendió el conteo rápido y desde entonces guarda reclusión en el penal de Cantumarca, en Potosí.
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