La crisis de Elon Musk en Brasil: tras el bloqueo a X, la concesión a Starlink podría ser retirada

Un nuevo capítulo se añade a los complicados asuntos de X en Brasil. El martes, el ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, del partido Unión Brasil, declaró que el gobierno federal está investigando si el regreso temporal de la red social X a Brasil el 18 de septiembre se debió a un fallo técnico o a una acción intencionada. También añadió que, en caso de que se demuestre esto último, el Ministerio de Comunicaciones podría cancelar la concesión que permite a Starlink operar en el país. La empresa de Internet por satélite cuenta actualmente con 224.458 clientes en todo Brasil, donde ha conseguido llevar la conexión a zonas remotas y aisladas como el Amazonas. Además, en respuesta a una petición parlamentaria del diputado federal Coronel Meira, del Partido Liberal, el PL del ex presidente Jair Bolsonaro, el 6 de junio, el Ejército y la Marina de Brasil confirmaron la importancia estratégica del sistema de satélites de Elon Musk para la defensa nacional. Es el Starlink el que ofrece, entre otras cosas, la conexión al buque de guerra más importante de la flota nacional, el buque aeródromo polivalente Atlántico.

Y que Musk se ha convertido en uno de los principales temas de debate en Brasil, junto con las elecciones municipales del 6 de octubre, también lo demostró Lula el martes desde Nueva York. Después de solidarizarse con Cuba, atacando las sanciones de EEUU, el presidente brasileño en su discurso ante la 79a Asamblea General de la ONU hizo referencia, sin citarlo directamente, al magnate de X y su tira y afloja con el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Morães. Desde el 30 de agosto, la red social de Musk está prohibida en Brasil y hay multas de 50 mil reales diarios (9.131 dólares) para los usuarios que accedan a ella a través de una VPN, un servicio que protege la conexión a Internet y la privacidad online.

“La libertad es la primera víctima de un mundo sin reglas. Los elementos esenciales de la soberanía incluyen el derecho a legislar, juzgar disputas y hacer cumplir las reglas dentro del propio territorio, incluyendo el entorno digital”, dijo Lula en la ONU. El presidente brasileño añadió también que “el futuro de nuestra región depende sobre todo de la construcción de un Estado sostenible, eficiente e inclusivo, que haga frente a todas las formas de discriminación. Que no se deje intimidar por individuos, empresas o plataformas digitales que se juzgan por encima de la ley”.

En el frente brasileño, X anunció el pasado viernes que había nombrado a la abogada Rachel de Oliveira Villa Nova como su representante legal en el país latinoamericano. Este era el principal punto impugnado por el STF antes del bloqueo. El nombramiento se registró poco después en el Supremo, que le dio cinco días para presentar otros documentos. Villa Nova ya era representante legal de X en Brasil antes del 17 de agosto, cuando la empresa decidió cerrar su oficina en el país por la decisión del juez Moraes de suspender los perfiles de siete partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro, entre los cuales un senador, Marcos do Val del partido Podemos. Sin embargo, X sigue sin funcionar y la prensa brasileña se pregunta si se restablecerá la próxima semana o, en cambio, después de las elecciones municipales del 6 de octubre. Moraes había afirmado en su decisión que el comportamiento de X de ser «una tierra sin ley» representa «un riesgo muy grave para las elecciones municipales».

Entre las exigencias del Tribunal Supremo Electoral figuraba el pago por parte de Musk de una multa de 18,3 millones de reales (3,3 millones de dólares) ya abonada mediante la requisa de los fondos de otra empresa de la que Musk es socio, a saber, Starlink. A esto se sumó el episodio del 18 de septiembre, cuando X volvió a funcionar durante unas horas debido, según la plataforma, a una actualización en la aplicación, que pasó a utilizar el servicio conocido como «proxy inverso» de la empresa estadounidense Cloudflare. Por ello, Moraes multó a X y a Starlink con 5 millones de reales adicionales por día (913.175 dólares) hasta que se restableciera el bloqueo. Luego queda la cuestión del bloqueo de los diversos perfiles que, según la decisión de Moraes, representan una amenaza para los policías federales que investigan las llamadas «milicias digitales», y que incluyen a militantes, políticos y comentaristas de derechas. Moraes pidió también a otros organismos, como Anatel, la agencia nacional de telecomunicaciones, y la Receita Federal, más documentación sobre X, requerimientos que podrían alargar el tiempo necesario para restablecer la red social en Brasil.

Además, queda la cuestión de las multas, previstas según la decisión de Moraes para cualquier persona que intente acceder a X a través de una VPN. Como los expertos dicen que será muy difícil para la Policía Federal (PF) investigar quién de los 22 millones de usuarios brasileños de X utilizó la VPN para acceder a X, serán los que publicaron los que acaben bajo la lupa de los investigadores. Pero Moraes decidirá en última instancia quién será multado. En su orden enviada a la PF en los últimos días, el juez dictaminó que la policía «proceda al seguimiento de los casos extremos de uso de X» e indicó que «una vez identificado el usuario, éste deberá ser, en un primer momento, notificado de la decisión del Tribunal de suspender dicha plataforma, dando margen a que, mantenida o reiterada la conducta, se le aplique la multa».

Un editorial del diario O Estado de São Paulo titulado «Un Tribunal Supremo kafkiano» afirma que «Moraes, no contento con concentrar las funciones de investigador, acusador y juez, ha usurpado el papel de legislador. Las sanciones procesales sólo pueden aplicarse a las partes directamente implicadas en el proceso. Pero, dado este precedente, es de suponer que ahora los jueces podrán imponer sanciones genéricas en sus juicios y aplicarlas a terceros que no sean parte en el proceso. Para colmo, la cuantía de la multa es totalmente desproporcionada y la conducta sancionable es fluida: ¿qué demonios significa uso extremo? Se trata de otro tipo penal hecho a medida por Moraes (como la ‘desinformación’ o la ‘incitación al odio’) para castigar a quien considere oportuno», reza el texto.

Según Igor Gadelha, del sitio de noticias Metrópoles, varios políticos del Partido Liberal de Bolsonaro, entre ellos su hijo Eduardo, están en la mira de la investigación. “Estoy publicando en X, escribiendo desde Brasil. Según nuestra Constitución, un comportamiento que era legal hasta ayer no puede ser considerado ilegal hoy por decisión de un juez. No puedo ser obligado a hacer nada o ser castigado si no es por una ley previa”, escribió Eduardo Bolsonaro después del bloqueo de X. Según la cadena de televisión Band News, cuando X vuelva a funcionar en Brasil, Musk tiene la intención de hacer una declaración en su red social y también impugnar ante los tribunales las decisiones del Supremo Tribunal Federal “para defender la libertad de expresión de los brasileños que utilizan la plataforma”.

Además, Brasil está a favor de la propuesta de nuevo tratado que se votará estos días en la ONU, la Convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. El texto, apoyado por Rusia en 2019, ha sido criticado porque fortalece a los gobiernos para utilizar pruebas digitales en una amplia gama de delitos con el riesgo de permitir a los estados autocráticos perseguir y reprimir a los opositores políticos. En un análisis de Jason Pielemeier, director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Global Network Initiative, que impide la censura en Internet por parte de gobiernos autoritarios y protege los derechos de privacidad en Internet de las personas, publicado en la página web de análisis geopolítico Just Security, se destaca que si el documento se aprueba “servirá de luz verde para que gobiernos no democráticos imiten a sus homólogos brasileños y franceses (...) Mientras que de los países con democracias sólidas se puede esperar que se atengan a la línea, este tratado introduce para los países más pequeños o menos democráticos la complacencia ante la presión de las autoridades chinas o rusas para que ‘sigan el derecho internacional’ y les ayuden en sus intervenciones”.

Además, queda la cuestión de Starlink, la otra empresa de Elon Musk que ofrece conexión a Internet vía satélite. Muchos analistas han criticado la decisión del juez Moraes de acceder a las cuentas de esta empresa para pagar las multas de X. Según algunos, esto subrayaría la inseguridad jurídica del país. Sin embargo, mientras Brasil podría cerrar sus puertas a Elon Musk y sus más de 7.000 satélites, las abre a la Internet satelital de una empresa, E-space, que tiene tres satélites en órbita, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA), y que ha registrado ante los organismos reguladores de Ruanda, en África, un proyecto para lanzar 300.000 satélites, que hasta ahora no se ha concretado. Anatel, la agencia nacional de telecomunicaciones, la ha autorizado a operar en Brasil. Según el sitio de noticias Poter 360, la empresa dispondrá de dos años para entrar en funcionamiento en el gigante latinoamericano. Además, siempre según Poder 360, el 29 de agosto, un día antes de que el juez Moraes prohibiera a X, Anatel también dio autorización para la firma del contrato entre la Entidad Administradora de la Conexión de Escuelas (EACE), que es privada, y la estatal Telebras. El contrato, según el sitio de noticias brasileño, aún no se ha firmado, pero se estaría negociando. El plan del gobierno es llevar Internet por satélite a 3.200 escuelas del país, dejando así fuera a Starlink. Pero un precio lo podrían pagar los alumnos, navegando a menor velocidad. Telebras tiene un satélite geoestacionario que ofrece una conexión de hasta 60 Mbps, mientras que la constelación de satélites en órbita baja permite a Starlink ofrecer una conexión de hasta 200 Mbps.

Telebras es conocida en Brasil por su pasado de elefante blanco. Ya en un artículo de la revista Época de 2016 se decía que «Telebras se ha visto envuelta en negocios sospechosos. En julio (de 2016), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ordenó suspender el contrato de servicios satelitales debido a fuertes indicios de irregularidades.» La estatal también ha sido noticia estos días. Según el sitio de noticias UOL, Telebras hizo un pedaleo fiscal de 77 millones de reales, es decir, transfirió gastos de 2023 al presupuesto de 2024, una práctica que el TCU considera irregular. Por eso, el ministerio público del Tribunal de Cuentas de la Unión solicitó la apertura de una investigación. Según UOL, Telebras admitió la maniobra contable.