Escándalo en Chile por universidad privada acusada de ser caja de la derecha con fondos públicos

En el ojo del huracán se encuentra nuevamente la derecha chilena, golpeada ya por el ‘Caso Audios’. Este miércoles, el Ministerio Público decidió abrir una investigación para esclarecer posibles delitos tras destaparse el exorbitante sueldo -$17 millones de pesos, más de USD 18 mil mensuales- que ganó durante cuatro años como académica en la Universidad San Sebastián (USS) la ex ministra de Educación del segundo gobierno de Sebastián Piñera - y actual candidata a alcaldesa por Las Condes -, Marcela Cubillos, incluso estando en España.

Dicha casa de estudios es una institución privada, pero el 45,5% de sus ingresos el año pasado provino de recursos estatales como becas, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y fondos a los que cualquier universidad puede postular. Debido a esto, la entidad ha sido acusada de ser una caja pagadora de la derecha - pero sobre todo de la Unión Demócrata Independiente -, puesto que según el reportaje de El Mostrador que destapó la noticia, alrededor de 30 personeros ligados a la derecha que tuvieron cargos en los gobiernos de Piñera recalaron en la Universidad San Sebastián, una vez finalizadas sus labores en el gobierno.

Muchos de ellos además aparecen profusamente nombrados en las conversaciones del abogado Luis Hermosilla con ministros de la Corte Suprema, jueces y empresarios, extraídas de su Iphone 14 que resultó ser una Caja de Pandora y dio pie al ‘Caso Audios’, que ya tiene varias aristas y hoy lo mantiene en prisión preventiva.

Así las cosas, ya renunciaron a la universidad el ex ministro de Bienes Nacionales de Sebastián Piñera, Felipe Ward - imputado por su presunta participación en la arista ‘Grupo Patio’ -, y el ex Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, profesor de derecho en la USS, tras darse a conocer su relación con Hermosilla, la cual había negado.

Por si fuera poco, este miércoles Andrés Chadwick, presidente de la junta directiva de la USS, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Piñera y a estas alturas ex mejor amigo de Luis Hermosilla, también renunció a su puesto para abocarse a la querella que interpuso contra diez parlamentarios oficialistas por involucrarlo precisamente en el ‘Caso Audios’, en sus acusaciones constitucionales contra tres ministros de la Corte Suprema.

La denuncia que abrió esta nueva arista la hicieron los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes también son querellantes en el ‘Caso Audios’.

“Creemos que se debe investigar a fondo, porque, eventualmente, pudiésemos estar en presencia de lucro encubierto por parte de esta universidad, y en segundo término, pudiese haber algún tipo de financiamiento ilegal de la política”, señaló Manouchehri a radio Cooperativa.

El parlamentario sostuvo que “vemos a figuras como (el exministro Andrés) Chadwick; (la suprema Ángela) Vivanco; (el exfiscal Manuel) Guerra; (el supremo Jean Pierre) Matus; (los exministros) Felipe Ward y (Sebastián) Sichel, y una serie de actores que tienen en común el ser nombrados en el caso Hermosilla, y trabajan en la USS”.

Advirtió además que “en cualquier minuto Andrés Chadwick puede cambiar su calidad de testigo a imputado, pues en cada escena del caso están sus huellas”.

Además, la Superintendencia de Educación Superior también ofició este miércoles a la Universidad San Sebastián para que “informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles”.

Ante la noticia, la aún candidata a alcaldesa de la comuna santiaguina de Las Condes - una de las más apetecidas - reaccionó primero a través de la red social X:

“Parlamentarios de izquierda quieren convertir en delito el sueldo de sus adversarios y terminar con la libertad de educación y de trabajo (...) El octubrismo (sigue) igual de vivo cinco años después”.

La noche de este miércoles, en entrevista con T13, la ex ministra aseguró que todo el asunto no es más que una “acción política” que definitivamente “no afectará mi candidatura”, aseguró.

“Aquí lo que hay es un atentado muy fuerte a la libertad: a la libertad de trabajo, a la libertad de contratación, a la libertad de las instituciones privadas de fijar sus políticas de remuneraciones”, acusó.

Tocante al hecho de que pasó mucho tiempo en España, donde trabaja su marido, Andrés Allamand - otro histórico de la derecha y actual titular de la Secretaría General Iberoamericana desde 2022 -, dijo tajante que “he cumplido mi contrato siempre, en tiempo y forma”, agregando que renunció motu proprio a la Universidad para abocarse a su campaña al sillón edilicio de Las Condes, elección que la izquierda está intentando ganar “por secretaría”, remató.