Un profesor en Ecuador fue sentenciado a 29 años y cuatro meses de cárcel por violar durante tres años, de manera sistemática, a un estudiante con discapacidad auditiva. La Fiscalía informó que logró probar la voluntad del docente por agredir al menor desde los 12 hasta los 15 años.
Las violaciones, indicó el Ministerio Público, iniciaron en 2018, cuando el alumno tenía 12 años y estaba en el último año de primaria. El maestro, identificado como Carlos Armando M.F., usaba la bodega de enseres deportivos para ultrajar al adolescente. Luego de agredirlo, “trasladaba a la víctima hasta su domicilio, ubicado a una cuadra del centro de estudios”.
Las agresiones terminaron y la justicia llegó cuando en un campamento estudiantil, el adolescente relató en lenguaje de señas a una profesora lo que Carlos Armando le hacía. La Fiscalía indicó que la maestra, “tras interpretar el relato del adolescente, informó al Departamento de Consejería Estudiantil del colegio, que a su vez notificó a las autoridades”.
En la audiencia de juzgamiento, la Fiscal a cargo presentó como pruebas el testimonio de la madre del adolescente, el relato de la profesora y la explicación de una médica legalista. La experta se refirió a “las huellas encontradas en el cuerpo del adolescente, producto de la perpetración del delito”. Además, una perita psicológica indicó que “al haberse cometido el delito en el paso de la infancia a la adolescencia, la víctima presentaba confusión y comportamientos sexuales no acordes con su edad”.
En la audiencia se reprodujo el testimonio anticipado del adolescente, que contó las agresiones que sufrió del maestro. La Fiscal afirmó “que el docente tuvo conocimiento y voluntad de agredir sexualmente a su alumno, cuando cursaba séptimo año de educación básica y apenas tenía 12 años. Acotó que, al ser el profesor, “existió una relación de poder sobre la víctima”.
El delito de violación está tipificado en el Código Penal ecuatoriano con una pena de 22 a 26 años de prisión cuando la víctima tiene menos de 14 años. En este caso se consideraron agravantes que el docente cometa el delito dentro de un centro educativo.
Además de la pena por cárcel, el violador deberá pagar una reparación de USD 5.000 a la víctima.
Las escuelas en Ecuador no son seguras
A finales de julio de 2024, un informe de Human Rights Watch (HRW) alertó sobre la preocupante situación de la violencia sexual en las escuelas ecuatorianas y la lenta respuesta estatal ante este problema.
Según la organización internacional, “la violencia sexual y de género es un problema extendido y de larga data en las escuelas de Ecuador”, prueba de ello es que en la última década se han contado 6.438 casos de violencia sexual en el sistema educativo, “perpetrados por docentes, autoridades escolares, personal de limpieza y, en muchos casos, estudiantes”. Los datos de la organización indican que hubo 7.303 niñas y niños víctimas. En los últimos cuatro años, entre enero de 2020 y junio de 2024, se registraron 2.827 casos dentro del sistema educativo, de acuerdo al informe.
A pesar de lo impactante de los números, HRW considera que las cifras son parte de un subregistro pues no todos los casos han llegado a las autoridades. Según el informe, “el Ministerio de Educación excluye al personal escolar contratado externamente, como los conductores de autobuses escolares, como perpetradores dentro del sistema educativo, a pesar de que forman parte del entorno educativo y son esenciales para que los niños lleguen a la escuela”. En el caso de los conductores de colectivos estudiantiles, entre enero de 2014 y junio de 2024, se registraron 78 casos de abuso contra los alumnos que movilizaban.