Los tentáculos de la narcopolítica en el asesinato del ambientalista Juan Antonio López en Honduras

Es una pesadilla demasiado común en Honduras. El asesinato de Juan Antonio López, ambientalista en Tocoa, al norte del país, tiene todos los ingredientes de una historia letal en este país centroamericano, una que combina el narcotráfico, la corrupción política, la impunidad de grandes terratenientes y la destrucción indiscriminada de los recursos naturales, en este caso del río Guapinol.

A López lo mataron la noche del 14 de septiembre cuando salía de un servicio religioso. Al menos un tirador se acercó al vehículo en el que el ambientalista viajaba. El sicario disparó, pero otro pasajero interpuso las manos. Fue en una segunda ronda de disparos, de acuerdo con una reconstrucción de los hechos publicada por el medio Reporteros de Investigación, que los asesinos mataron a López.

La indignación en Honduras fue instantánea. Juan López era un ambientalista reconocido, que se había hecho relevante en el país por su oposición a un megaproyecto para extraer óxido de hierro a cielo abierto, lo que, según sus denuncias y la de decenas de defensores del ambiente en el país, mataría al río Guapinol, un afluente del Aguán, que es uno de los principales cauces fluviales en el noreste hondureño.

López se había opuesto a la destrucción del Guapinol con su voz de activista pero también desde la política. Era, cuando lo mataron, regidor de Tocoa, una ciudad ubicada en el corazón de las rutas por las que pasa la cocaína que cruza el territorio hondureño en su camino hacia el norte. Fue aquí, en Tocoa, donde montaron su imperio Los Cachiros, una de las bandas de narcotráfico más relevantes del país y la región. Y fue también aquí donde los intereses del narco se cruzaron con los de grandes empresarios y terratenientes que han depredado por décadas los recursos naturales del lugar, sobre todo sus ríos y minerales.

Juan López, como lo habían hecho otros ambientalistas antes que él, acusó de forma directa a políticos y empresarios de crímenes ambientales y de otro tipo. Uno de los señalados por el ambientalista es Adán Fúnez, el alcalde de Tocoa y aliado político del gobierno que preside Xiomara Castro.

Fúnez, había dicho López antes de que lo mataran, debe su poder político y su influencia en Tocoa y en el norte hondureño a sus alianzas con el oficialismo y con los grandes clanes de la droga. “La empresa privada corrupta, la cercanía con Manuel Zelaya, coordinador del partido Libre, y la relación con el crimen le han servido de protección para su continuidad en el poder”, dijo el ambientalista al medio hondureño Contracorriente en febrero de este año.

Esos dos nombres, el del alcalde Fúnez y el de Manuel “Mel” Zelaya, esposo de la presidenta Castro, habían ocupado titulares poco antes del asesinato de Juan López. A principios de septiembre, dos periodistas estadounidenses publicaron un vídeo de una reunión realizada en 2013 en la que Javier Rivera, líder de los narcos conocidos como Los Cachiros, acuerda un soborno con Carlos Zelaya, hermano de Mel y hasta antes de la publicación del vídeo vicepresidente del Congreso y uno de los hombres más poderosos en Libre, el partido del oficialismo. En la reunión también está Adán Fúnez. Durante el encuentro con Rivera, Carlos Zelaya dice que la mitad del dinero ofrecido por los narcos es para “el comandante”, en alusión a Mel Zelaya.

Tras la publicación de las imágenes, López arreció sus señalamientos contra el alcalde Fúnez y exigió su renuncia. Dos días después, a Juan López lo mataron.

“Vos tenés las tablas en el lomo”

Tocoa está enclavada en la cuenca del Aguán, en el departamento de Colón, en el norte de Honduras, a medio camino entre las pistas clandestinas que sirven para el aterrizaje de narcoavionetas que llegan cargadas de cocaína desde Suramérica, de Colombia, Venezuela y Ecuador, y las ciudades de la costa atlántica, como La Ceiba y Puerto Cortés. Tocoa es una encrucijada en la que se juntan los caminos por los que sale la droga hacia los grandes puertos del norte y las rutas del occidente que conectan con Guatemala y México.

Dicen voces locales y decenas de testimonios recogidos en procesos judiciales e investigaciones policiales en Honduras y Estados Unidos, donde varios de los narcos que mandaban en Tocoa han sido juzgados, que durante la primera década del siglo el único poder que aquí existía era el de Los Cachiros, la banda dirigida por los hermanos Javier y Devis Leonel Rivera Maradiaga. “Cachiro”, “cachiro”, “cachiro”, repetían en voz baja pobladores de Tocoa cuando, en aquellos años, veían pasar por la ciudad las caravanas de todoterrenos negros en las que viajaban los narcos y sus guardaespaldas, según uno de los testimonios recogidos en los legajos judiciales a los que Infobae ha tenido acceso.

Desde muy temprano, Los Cachiros repitieron el manual del narcotráfico centroamericano para consolidar su poder sobre el territorio: se aliaron con el poder político local, representado, en el caso de Tocoa, por políticos como Adán Fúnez, el hombre al que Juan López, el ambientalista asesinado, había denunciado una vez más poco antes de morir.

Y, como en otros lugares de Honduras en que la alianza entre narcos y políticos sirvió para abrir las rutas del narcotráfico y el control del territorio, en Tocoa y todo el Bajo Aguán, como se conoce a la cuenca baja del río, la actividad criminal ha estado acompañada de la depredación ambiental, que es lo que Juan López denunció y por lo que lo persiguieron durante años.

A la actividad del narco se unió, en Tocoa y Colón, la presencia de sicarios al servicio a quienes terratenientes de la zona y empresarios extractivistas encargaron la intimidación de activistas locales que, como Juan López, se opusieron al desarrollo de proyectos mineros que consideraban dañinos para sus comunidades y para el equilibrio ambiental de la zona. El patrón de acoso fue recogido en un puñado de resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), que en octubre de 2023 otorgó medidas cautelares de protección a López y a otros activistas ambientales organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

Los miembros del Comité, como se le denomina en la resolución de la CIDH, empezaron a recibir amenazas y acosos en 2018 tras oponerse en concentraciones públicas y marchas a la construcción de infraestructura vial por parte de la empresa minera Inversiones Los Pinares, una de las que por años ha buscado la explotación de los recursos naturales de la zona, en particular mediante la extracción de óxido de hierro.

Los Pinares, según registros de propiedad y comerciales consultados en Honduras, tiene relación con EMCO, una empresa cuyos propietarios son Lenir Pérez y su esposa, Ana Facussé. Pérez ya había sido denunciado en 2013 ante el Ministerio Público hondureño por intimidar con violencia a activistas que se opusieron a otro proyecto minero para extraer óxido de hierro a través de Minerales Victoria, una de sus empresas.

El expediente de investigación MP-032-2013, al que Infobae ha tenido acceso, detalla que Pérez envió a varios de sus colaboradores a intimidar a dos activistas que se oponían al proyecto de Minerales Victoria, a quienes luego llevaron por la fuerza a una posta policial. El caso había llegado antes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), que abrió el expediente MC 342-12 y el 3 de octubre de 2012 otorgó medidas cautelares a ambos para prevenir “daños irreparables”. La investigación de la fiscalía hondureña, sin embargo, quedó estancada.

En el caso de Juan López y los ambientalistas de Tocoa, la CIDH recoge testimonios detallados de las amenazas que las víctimas atribuyen a empleados de Los Pinares, la empresa de Lenir Pérez. “Vos tenés las tablas en el lomo”, recoge el informe de la CIDH la amenaza que un matón hizo a López “insinuando que anda cargando su propio féretro”. El 26 de junio de 2023, el ambientalista recibió otra amenaza a muerte de una banda delictiva y, desde entonces, dos hombres con motocicletas se apostaron cerca de su casa.

Como en otros casos similares, el de López fue un asesinato anunciado: el activista había señalado a los poderosos -narcos, políticos, empresarios- a los que atribuía destrucción ambiental a través de proyectos mineros vinculados a la actividad del crimen organizado y el narco, había denunciado amenazas y se supone que había recibido, tras una denuncia internacional, protección del Estado hondureño. Al final, sin embargo, lo asesinaron.

Un eco de la violencia contra los ambientalistas

La historia se repite. La pesadilla se repite. Si se retrocede el calendario 26 años y se viaja a otra ciudad hondureña marcada por el crimen organizado se encuentra ahí una historia que, al cambiar los nombres, es igual a la de Juan López, el ambientalista asesinado en 2024. La historia vieja ocurre en Catacamas, una ciudad 250 kilómetros al sur de Tocoa, y sus protagonistas son, también, narcos, un alcalde, la depredación ambiental y un activista político, este de nombre Carlos Luna.

A Luna lo mataron el 18 de mayo de 1998 cuando salía de una reunión en la corporación municipal de Catacamas, donde él era regidor y donde había denunciado varias veces a sus colegas políticos por vínculos con criminales organizados que estaban depredando los bosques de pino y maderas preciosas en las montañas circundantes, que ya despuntaban como rutas del narcotráfico.

Un reporte de la CIDH, elaborado en Washington en marzo de 2013, estableció que el Estado hondureño tuvo responsabilidad en el asesinato de Luna. Investigaciones de las autoridades locales determinaron que un sicario llamado José Ángel Rosas y Óscar Aurelio Rodríguez, otro pistolero, habían ejecutado el asesinato de Luna, y que lo había hecho por encargo de políticos vinculados con la depredación forestal y el narcotráfico. Los supuestos actores intelectuales nunca fueron juzgados. Entre los presuntos arquitectos del asesinato, las investigaciones mencionaron a Lincoln Figueroa, un empresario maderero que luego sería investigado por vínculos con narcos y quien fue alcalde de Catacamas por varios años. Otro supuesto autor intelectual es Freddy Salgado, quien era alcalde de la ciudad en 1998.

Un detective hondureño que siguió el caso de Luna dijo a Infobae bajo condición de anonimato que aquellas investigaciones ya arrojaban en el ocaso del siglo pasado indicios de lo que ocurriría después, a partir de 2000, cuando bandas como Los Cachiros se hicieron con el control de las porciones más importantes de las rutas de la cocaína y se consolidaron las alianzas con políticos locales que, luego, fueron señalados como posibles autores y cómplices de las muertes de quienes los denunciaron.

Las de Juan López y de Carlos Luna fueron, ambas, muertes violentas gestadas en un mapa criminal, el de Honduras, cuyos caminos siguen controlando narcoalcaldes, narcodiputados y sicarios impunes, como los que apretaron el gatillo el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa y el 18 de mayo de 1998 en Catacamas.