Secuestros, masacres y desplazamientos de la población indígena: la sorda guerra en el Caribe de Nicaragua

“Esta nación mayangna, esta nación misquita tiende a desaparecer, no pasa de quince años”, advirtió el 13 de septiembre pasado el líder misquito Steadman Fagoth, asesor presidencial de Daniel Ortega. Al día siguiente fue apresado por el Ejército y entregado a la Policía “para las investigaciones correspondientes” por cargos de narcotráfico y crimen organizado.

Además de Fagoth, están detenidos, sin que se sepa de su situación desde hace un año, el exdiputado misquito Brooklyn Rivera y quien fuera su suplente en el parlamento nicaragüense Nancy Elizabeth Henríquez, ambos dirigentes del partido indígena Yatama.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por Naciones Unidas, concluyó en un informe presentado el 10 de septiembre pasado, que “tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua ha detenido arbitrariamente a Brooklyn Rivera sin revelar su paradero y con el objetivo de silenciar las comunidades indígenas y, por lo tanto, ha violado sus derechos a la libertad y seguridad personales, la libertad de opinión y expresión y de participación en los asuntos públicos”.

El encarcelamiento de estos tres veteranos líderes, y la condena de ocho guardabosques mayangnas, es apenas la punta del iceberg de una sorda guerra que se desarrolla en el Caribe y que ha dejado un rastro de sangre y dolor estos últimos diez años a través de masacres, secuestros, violaciones y el desplazamiento de miles de indígenas de sus tierras originales.

“El Grupo de Expertos documentó 67 incidentes de asaltos violentos contra pueblos indígenas, ocurridos entre abril de 2018 y marzo de 2024 en territorios misquitos y mayangnas”, dice el informe. “Analizando los incidentes, el Grupo identificó un total de 161 víctimas (136 hombres y 25 mujeres, de ellas 19 menores de edad) de delitos como asesinatos, lesiones, violencias sexuales y secuestros”.

Media Nicaragua

La Costa Caribe de Nicaragua está constituida por las regiones autónomas del Caribe Norte y Caribe Sur y comprende un área de 60,365.98 kilómetros cuadrados equivalentes al 47 por ciento del territorio nicaragüense.

Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), en la Costa Caribe viven cerca de un millón de personas, que representa el 13 por ciento de la población total de Nicaragua.

La población indígena del Caribe se estima en aproximadamente 250,000 personas, aunque este número puede variar según las fuentes y los censos. Los principales grupos indígenas en esta región incluyen los misquitos, mayangnas (sumu), y ramas.

En cuanto a la extensión de los territorios indígenas, el área legalmente reconocida bajo el régimen de propiedad comunal indígena en la Costa Caribe nicaragüense supera los 37,800 kilómetros cuadrados.

La invasión de colonos a los territorios indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua comenzó a intensificarse a partir de la década de 1990, después de terminada la guerra entre sandinistas y contrarrevolucionarios.

Este proceso de invasión de colonos, generalmente llegados desde el pacífico y centro de Nicaragua, aumentó significativamente desde el 2009 y ha tenido efectos devastadores para las comunidades indígenas, que han visto sus territorios tradicionales ocupados, sus recursos naturales explotados y su modo de vida amenazado.

“El régimen ha tratado de imponer la cohabitación y convivencia entre colonos e indígenas, pero eso nunca ha sido aceptado por las comunidades”, afirma Amaru Ruiz, defensor de los derechos humanos y preside la Fundación del Río.

Otro defensor de derechos humanos, relacionado con poblaciones indígenas y que pide anonimato por seguridad, afirma que, si bien la invasión de campesinos del pacífico y centro de Nicaragua al Caribe es de vieja data, fue a partir de los últimos 10 años que el Estado ha usado a “los colonos como punta de lanza para amedrentar a los pueblos indígenas y apropiarse de sus territorios”.

“Estamos hablando de una política clara de invasión, de usurpación, de promoción para instalar industrias extractivas (de minerales y madera) que generan mucho dinero y para las cuales el único obstáculo son los pueblos indígenas”, dice.

“Ellos (colonos) se apropian de las tierras indígenas y se las venden a las empresas que están ahora concesionando y sacando mucho oro, o se crean fincas de ganado con tecnología que esas personas no podrían costear”, añade y señala que tras ese traspaso de propiedades “hay personas vinculadas al régimen y militares”.

Para el desalojo de los indígenas, los colonos realizan incursiones violentas con armas de guerra a las aldeas y queman las casas de los pobladores.

“El uso de armas de fuego fue prevalente en la comisión de estos abusos: 20 de las 22 personas asesinadas fallecieron por impacto de arma de fuego. Los cuerpos de tres víctimas fueron encontrados con marcas de ensañamiento. Asimismo, 39 de las 44 personas heridas fueron lesionadas por armas de fuego. Dos víctimas fueron amputadas como consecuencia de la lesión sufrida y una persona perdió un ojo. Testimonios indican que las armas utilizadas incluían escopetas, fusiles de tipo AK, fusiles o pistolas de tipo Uzi, carabinas de calibre 22 y pistolas de calibre 9mm”, señala el informe de los expertos de Naciones Unidas.

“La mitad de los incidentes ocurrieron cuando las víctimas estaban en o iban hacia sus parcelas para trabajarlas o cosechar sus productos, o proveyendo de otra manera a sus necesidades básicas, sea cazando o pescando (20 incidentes con un total de 30 víctimas). En tres otros casos, las víctimas estaban en tránsito (en dos casos iban hacia o regresaban de una mina y en uno iban de una comunidad a la otra)”, añade.

Masacres

Varias de estas incursiones han derivado en masacres. Por ejemplo, el 29 de enero del 2020, unos 80 colonos incursionaron violentamente en el poblado de Alal, una comunidad de la selva nicaragüense, y mataron a cuatro indígenas, hirieron a otros dos y quemaron 12 de sus ranchos. Asimismo, el 23 de agosto de 2021, invasores mataron a 11 indígenas misquitos y mayangnas en la comunidad de Sauni As.

“Según el gobierno, ahí no pasa nada. Son hechos aislados, son gente que se emborracha y se matan entre ellos. Son todo menos lo que es: una política del Estado de apropiarse de esos territorios. ¿Y cómo se apropian? Metiendo colonos”, dice el defensor de derechos humanos consultado por Infobae.

Para la fuente, las capturas del asesor presidencial Steadman Fagoth, los diputados indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, y los ocho indígenas mayangnas guardabosques, están ligadas a esa guerra silenciosa que se vive en el Caribe de Nicaragua.

“Hay una devastación indiscriminada de nuestras tierras, vendidas como pan caliente”, denunció Fagoth en una conferencia en la comunidad e Waspán. “¿Cómo se explica que estén armados hasta los dientes? La Policía y el Ejército deben saber y si no saben pues qué mal, porque no tienen células, estructuras que les informen, pero para mí que lo saben, no quiero decir que existe contubernio, pero al menos consentimiento hay, de lo contrario cómo se explicaría”, insistió, un día antes de ser apresado.

El líder misquito Brooklyn Rivera, diputado del partido indígena Yatama, fue arrestado luego de denunciar en Naciones Unidas, Nueva York, la invasión de colonos en territorios indígenas nicaragüenses. Primero el régimen le negó la entrada al país cuando quiso regresar, pero Rivera entró subrepticiamente por el territorio de la mosquitia hondureña.

Durante todo ese tiempo vivió alternando casas para protegerse de una eventual captura, pero el 29 de septiembre, alrededor de las 8:30 de la mañana fue detenido mientras estaba en su vivienda, en Bilwi. Poco después fue despojado de su curul en la Asamblea Nacional, y fue apresada también su diputada suplente Nancy Henríquez.

Asimismo, la Fundación del Río denunció que, en febrero de 2024, ocho guardabosques indígenas mayangnas, de la Costa Caribe Norte “fueron condenados injustamente”, cuatro a cadena perpetua y los otros cuatro a 25 años de prisión por una masacre que ocurrió en la comunidad de Kiwakumbaih.

Los indígenas mayangnas fueron detenidos en agosto de 2023 y se les acusó de ser cabecillas de bandas delincuenciales, a pesar de que las organizaciones indígenas de esa zona alegaron que son reconocidos guardabosques del territorio mayangna Sauni As.

“Los guardabosques son la primera barrera humana que encuentran los colonos cuando entran”, dice el defensor de derechos humanos consultado. “Ellos no son pagados, no trabajan para el Estado, y son una forma tradicional, histórica, de estas comunidades. Son líderes indígenas que se organizan para defender su territorio, para patrullar”.

“Apresarlos, torturarlos y hacerles un juicio sin garantías judiciales es una forma de decirle al resto de la comunidad: ´Miren lo que les pasa a quienes defienden el territorio´”, añade.

Impunidad

Los expertos de Naciones Unidas destacan que “el Estado ha fomentado un entorno propicio a la violencia y los delitos cometidos por los colonos y otras terceras personas contra las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, garantizando asimismo una impunidad casi total”.

“El Grupo de Expertos no tiene información sobre casos en los que personas identificadas como colonos hayan sido condenadas y cumplido penas por haber cometido delitos en contra de personas indígenas en sus territorios”, señala el informe.

“La única condena dictada por un órgano de justicia en el caso de asesinatos de personas indígenas fue en el caso de nueve personas asesinadas en el asalto en la mina de Kiwakumbaih, el 23 de agosto de 2021. Sin embargo, las personas enjuiciadas y condenadas por estos crímenes fueron cuatro hombres mayangnas”.

Para el defensor de derechos humanos, los indígenas defienden su territorio en total desventaja, porque los colonos tienen al Estado de su parte.

“A mí en varias ocasiones me han dicho los indígenas que llega la Policía a las casas y les quitan los celulares, las armas de cacería y hasta los machetes se les querían llevar, que son sus instrumentos de trabajo. Les quitan todo y los otros aparecen con armas de guerra”, dice.

Destaca que hay violaciones a los derechos individuales de los indígenas, pero también violaciones a los derechos colectivos. “Las matanzas, quitarle la vida a alguien es un derecho individual violado, pero están violando también los derechos humanos colectivos de estos pueblos: a la autodeterminación, al territorio, a la tierra. Esta gente vive y come de esa tierra. Si la usurpan, la privan, total o parcialmente, de la alimentación. Son crímenes de lesa humanidad por eso”.

Para el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, detrás de las detenciones a líderes indígenas, está el interés del régimen de conseguir dinero presentando a Nicaragua como un ejemplo en protección del medio ambiente y poblaciones indígenas.

“No les convienen las denuncias en términos de su imagen en torno a lo que ellos han vendido a nivel internacional. En los foros internacionales de Nueva York, Naciones Unidas, la FAO, el régimen se vende como un ejemplo a nivel regional. Incluso la FAO lo pone como un ejemplo regional en titulación de tierra y casos resueltos, etc. Por eso no les convienen estas denuncias locales”, señala Ruiz.

“Por eso tampoco sueltan Brooklyn (Rivera) y a los guardabosques, porque el costo político puede ser mucho mayor sabiendo la capacidad de movilización que hay en estos liderazgos”, añade.

Dice que el tema indígena cogió relevancia cuando el Fondo Verde para el Clima, que depende de las Naciones Unidas, canceló en marzo pasado un desembolso por 64,1 millones de dólares para el programa de Bio-Clima “debido al incumplimiento de las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales”.

Antes, en febrero de 2021, el Fondo de Carbono del Banco Mundial (BM) canceló un pago por 55 millones de dólares por servicios ambientales a Nicaragua debido a que este país no garantizó que fueran utilizados en beneficio de los indígenas.

Según este acuerdo, Nicaragua se comprometía a capturar 11 millones de toneladas de carbono entre 2020 y 2025, y a cambio recibiría 55 millones de dólares que debían beneficiar a las comunidades indígenas, dueñas de los bosques.

“Ellos entendieron que no pueden seguir pidiendo recursos si no resuelven de alguna manera las denuncias locales en su contra: ya sea que resuelvan el problema que las originan o que controlen a quienes denuncian el problema”, señala.

Al parecer, la decisión del régimen de Daniel Ortega fue acallar a quienes denuncian, mientras la sorda guerra continua en el Caribe.