La situación de los niños, niñas y adolescentes en el cantón Durán, ubicada a 10 kilómetros de Guayaquil, es alarmante. Según un reportaje de Ecuavisa, la creciente prostitución infantil y la vinculación de menores con grupos delictivos junto a la falta de una red de apoyo sólida, carencias y vulnerabilidades, combinadas con la influencia de bandas criminales, está llevando a muchos menores de edad a ser explotados por el narcoterrorismo. Estos niños son vistos como “activos” por los grupos de delincuencia organizada, lo que dificulta cualquier intento de rescatarlos. Además, no existen suficientes casas de acogida en el cantón, lo que agrava la situación, porque muchos menores son trasladados a otras provincias, donde las bandas intentan recuperarlos a toda costa, según se explica en los testimonios recogidos por la televisora ecuatoriana.
El panorama social en Durán también ha impactado gravemente los programas de apoyo para la niñez y la juventud. Organizaciones que antes trabajaban activamente en el territorio han tenido que reducir sus intervenciones debido al incremento de la violencia y el asesinato de funcionarios del Estado: “Hoy hacemos una vez al mes lo que antes hacíamos semanalmente”, menciona uno de los entrevistados anónimos del reportaje. Incluso las universidades, que brindaban servicios comunitarios, se han retirado por temor a poner en riesgo a sus docentes y estudiantes.
La violencia, especialmente la guerra entre bandas, ha paralizado las actividades sociales y culturales, limitando las oportunidades de desarrollo para los niños. Como se recoge en los testimonios publicados en Ecuavisa: “Hemos suspendido las actividades sociales con los niños, como talleres de arte y teatro, debido al peligro que representan las balas”. El miedo prevalece, y muchas familias optan por no enviar a sus hijos a estas actividades, mientras que otros han sido víctimas fatales por intentar alejarse del crimen organizado.
En Durán los grupos delictivos que ahí operan cooptan a niños desde los 10 años y los introducen a un mundo de drogas, muerte y destrucción. La ciudad, una de las más violentas del país, ha sido catalogada como el almacén de la cocaína por la plataforma especializada en seguridad Insight Crime.
Su cercanía con Guayaquil favorece a las operaciones criminales de exportación de drogas, pero también muestra un contraste sobre la forma de vida. Mientras Guayaquil es considerada la capital económica del país, con un alto flujo comercial y con élites empresariales y políticas, en Durán lleva casi 40 años en el abandono: “La realidad de Durán sobrepasa los límites de la precariedad. Según la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), un 70% de la ciudad no tiene redes de agua potable y un 78% tampoco tiene alcantarillado. Las calles se inundan con la lluvia, las letrinas desbordan; y, en esas condiciones, cada familia necesita mensualmente un mínimo de USD 60 para abastecerse del agua que llevan los tanqueros”, se describe en una investigación de Tierra de Nadie, Periodistas sin Cadenas, Plan V, La Barra Espaciadora, Gestión Digital y Ecuador Chequea.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Violencia, niñez y crimen organizado, explica que la presencia de grupos delincuenciales “en las zonas o comunidades más pobres y excluidas suponen un riesgo para los adolescentes de estas áreas”. Los criminales aprovechan la vulnerabilidad y escasez de los habitantes de estos lugares para reclutar a los niños y adolescentes que a veces ven a la vinculación con estas bandas “como una oportunidad para generar ingresos e incluso para obtener reconocimiento y respeto”. En entornos con mayor presencia de los grupos criminales, explica la CIDH, es habitual que los niños y adolescentes tengan algún familiar, amigo o persona cercana que pertenezca al grupo criminal. Pero también que la presencia de estos grupos delictivos esté normalizada, lo que genera que para muchos niños, niñas y adolescentes les sea difícil eludirlos.
Durán es como un microcosmos de Ecuador, según una reciente investigación de Insight Crime. Con una ubicación estratégica cerca del centro de narcotráfico en Guayaquil y con una larga historia de debilidades sociales y criminales, la ciudad se ha convertido en un terreno fértil para la actividad delictiva debido a su importancia en el tráfico de drogas. La pandemia del coronavirus fue el momento cuando las bandas que ahí operan se fortalecieron. En declaraciones para la plataforma especializada en seguridad, Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), explicó que la droga que debía exportarse ilegalmente durante los meses más álgidos de la pandemia quedó represada. Entonces, los Chone Killers, que nacieron como el brazo armado de Los Choneros, “cobró muchísima fuerza”.
Las bandas criminales reclutan a los niños y adolescentes “a través de engaños, amenazas, presiones y violencia”, según explica la CIDH. Además, cuando los grupos están vinculados al narcotráfico, “incitan también a los niños y adolescentes al consumo de drogas”.
Cuando los niños y adolescentes son reclutados se integran en unidades jerárquicamente estructuradas donde cumplen órdenes de sus superiores, empiezan siendo vigilantes, por ejemplo, y luego escalan en el tipo de delitos. Asimismo, si no obedecen se atienen a castigos severos. Una vez dentro, es casi imposible salir: “La deserción del grupo es vista usualmente como un grave incumplimiento de las reglas dado que pone en peligro a la organización y su funcionamiento, y por tanto puede llegar a acarrear consecuencias extremas como el asesinato al considerarlos traidores”, explica el informe de la CIDH.
Aunque los niños, niñas y adolescentes que provienen de sectores sociales tradicionalmente excluidos y pobres son más vulnerables ante las bandas, entre ellos, el grupo más afectado por la violencia son los adolescentes varones. La edad promedio a la que los niños son captados por grupos criminales son los 13 años, indica la CIDH. Las adolescentes también son víctimas de violencia en estos contextos, y suelen tener papeles que las vinculan al actuar del crimen organizado relacionados con roles tradicionales de género como las tareas de cuidado y en otros como integrantes activas de los grupos delictivos, explica la CIDH.