La suba del tipo de interés en Brasil hace saltar las alarmas sobre las cuentas públicas y la meta fiscal

Ayer, por primera vez en el tercer mandato de Lula, el Banco Central brasileño aumentó la tasa Selic un 0,25%, situándola en el 10,75%. La decisión del Comité de Política Monetaria (COPOM) fue unánime y, según consta en el comunicado oficial, se deja incluso la puerta abierta a un nuevo aumento en la próxima reunión. Entre las razones que justificaron el aumento figuran el incremento de las previsiones de inflación y las expectativas desvinculadas de la meta fiscal del gobierno. Durante los dos últimos cuatro meses, la tasa Selic se había mantenido sin cambios en el 10,5% anual. La decisión de ayer de aumentarla a XX es una señal que enciende las alarmas sobre la situación actual de la economía del gigante latinoamericano. La tasa Selic, recordemos, es el tipo de interés básico que es fundamental para la economía del país porque influye en otros tipos, el de los préstamos, la financiación y las aplicaciones financieras. Es el principal instrumento de la política monetaria del Banco Central de Brasil para garantizar la estabilidad de la economía y controlar la inflación.

El primer problema que aparece es el creciente distanciamiento entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, también en relación con los datos. Para la institución dirigida por Roberto Campos Neto, en los últimos 12 meses, hasta julio, el déficit superó en 39,7 mil millones de reales (7,25 mil millones de dólares) el verificado por el ministerio dirigido por Fernando Haddad. Un desfase que puede alcanzar los 41.100 millones de reales (7.486 millones de dólares) si se calculan los índices de inflación. Esta brecha se ve afectada por varios miles de millones de reales que el Ministerio de Economía prefirió no contabilizar para mejorar el llamado resultado primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta los intereses de la deuda pública.

Uno de los economistas más respetados de Brasil, Marcos Lisboa, director de la Universidad Insper de Economía y ex secretario de Política Económica del Ministerio de Economía entre 2003 y 2005, durante el primer mandato de Lula, también dio la voz de alarma sobre el estado de las cuentas públicas. En una entrevista concedida al diario O Estado de São Paulo, afirmó que «la creatividad» en la contabilidad ha vuelto con fuerza, en referencia al gobierno de Dilma Rousseff, que sufrió un impeachment en 2016 porque las instituciones democráticas la castigaron por promover las llamadas ‘pedaladas fiscales’, es decir la manipulación de las cuentas públicas. Fue a principios del segundo gobierno de Lula y en el primero de Rousseff cuando el entonces ministro de Economía Guido Mantega puso en práctica la llamada «Nueva Matriz Económica», basada en un continuo estímulo al gasto, tanto del Estado como de las familias, para hacer crecer la economía.

Lisboa, como otros economistas, subraya la paradoja que vive ahora el país con un Producto Interior Bruto (PIB) que en el segundo trimestre creció un 1,4% respecto al periodo anterior. Así, mientras que en enero los analistas consultados por el informe Focus del Banco Central preveían un aumento de la actividad económica del 1,6%, para 2024 las previsiones apuntan ahora a un incremento del 3%. Pero fue sobre todo el gasto del gobierno y de los hogares lo que hizo subir el PIB. Por contra, la inversión para hacer crecer la producción, la llamada formación bruta de capital fijo (FBCF), que dentro del PIB incluye el gasto en construcción civil, maquinaria y equipamiento industrial, creció mucho menos de lo esperado. Con un aumento del 2,1%, sólo representa el 16% del PIB, muy por debajo del 25% que los economistas consideran el porcentaje ideal.

El problema según Lisboa es la inconsistencia de la reforma fiscal, el llamado ‘arcabouço fiscal’ en portugués. El gobierno se ha comprometido a un objetivo de déficit cero en 2024 y 2025 y ha declarado que alcanzará un superávit del 0,25% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2026, pero si no cumple el objetivo, se verá obligado a recortar el gasto público en el último año del mandato de Lula, en vísperas de las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, para Lisboa, las metas fiscales están resultando hasta ahora ineficaces para controlar la deuda pública y, por eso, el gobierno recurre a lo que el economista denomina «trucos fiscales». El ejemplo más flagrante es la alerta del Banco Central sobre la propuesta del Congreso de utilizar las cuentas inactivas de los ciudadanos brasileños, equivalentes a 8.600 millones de reales (1.570 millones de dólares), para mejorar el resultado primario, haciendo que las cuentas públicas parezcan mejores. El proyecto espera la aprobación de la Cámara de Diputados. Otro ejemplo de engaño fiscal, según Lisboa, es la idea planteada en los últimos días por el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, de pagar el subsidio del gas a las personas más vulnerables sin que esté contabilizado en el presupuesto anual. «Todo esto significa presentar unas cuentas públicas que sugieren una solvencia que, al final, no aparece, y la deuda crece». Pero la factura no llega inmediatamente. El descontrol (de las cuentas) de 2009 a 2013 se manifestó en 2015. Los problemas se esconden bajo la alfombra; la economía va aparentemente bien, pero de repente el proceso se detiene”, dice Lisboa a O Estado de São Paulo.

El ministro Haddad reiteró el martes la importancia para el gigante latinoamericano de preservar la meta fiscal “porque Brasil sólo tiene que ganar. Volveremos a crecer por encima de la media mundial, después de diez años de crecimiento por debajo de la media mundial”, declaró en rueda de prensa. A continuación, anunció que el gobierno brasileño debe diversificar la financiación de los sectores orientados a la exportación. Son precisamente las exportaciones, según el ministro, el «buque insignia» de este ciclo de crecimiento económico, pero Haddad no dio detalles sobre cómo se alcanzará esta nueva fase.

Mientras tanto, son precisamente las exportaciones brasileñas las que corren el riesgo de tener problemas en Europa. A partir de enero, de hecho, los países del viejo continente, debido a una nueva ley europea, ya no podrán comprar productos procedentes de zonas de deforestación. Brasil ya ha calculado que no podrá exportar más de un tercio de productos como carne, café, cacao, madera y soja, con una pérdida estimada de 15.000 millones de dólares al año. El problema es que la situación del país latinoamericano también se ha visto agravada por los recientes y devastadores incendios que han quemado regiones enteras de Brasil, tanto por una sequía sin precedentes como por incendios provocados.

Marcio Astrini, Secretario Ejecutivo del Observatorio del Clima, declaró al diario O Globo que Brasil debería haberse preparado a tiempo para esta nueva ley europea. En cuanto a los incendios provocados, para Astrini dan «una idea de la falta de control en el país. Es una situación que ocurre todos los años, una derrota para Brasil». También en el frente interno, los incendios han aumentado el coste de muchos alimentos. El Banco Central ya ha elevado las previsiones de inflación para 2024 del 4,3 al 4,35 %.

En cuanto a las importaciones, la fortaleza del dólar, como desde hace meses, las encarece aún más, lo que repercute en la inflación. Por esta razón, el Banco Central realizó tres intervenciones sobre el tipo de cambio este año, quemando parte de las reservas nacionales. En abril, cuando el dólar había cerrado a 5,6 frente al real, la institución de Brasilia vendió 1.000 millones de dólares. A finales de agosto, el Banco Central volvió a intervenir en dos ocasiones, vendiendo otros 3.000 millones después de que el dólar cerrara de nuevo a 5,63. Sin embargo, la intervención no tuvo un impacto significativo debido a la repercusión negativa en el mercado de las noticias sobre las cuentas públicas brasileñas publicadas justo entonces. El sector público registró un déficit de 1.128 mil millones de reales (206 mil millones de dólares) en los 12 meses transcurridos hasta julio. Se trata del mayor déficit jamás registrado en la serie histórica, iniciada en 2001.

En este contexto, la anulación en Brasil de los acuerdos de cooperación de los condenados en la operación anticorrupción Lava Jato, acuerdos que garantizaban la libertad a cambio de cuantiosas multas que se donarían a las arcas del Estado, sigue creando polémica. La decisión en septiembre de 2023 del juez del Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli de anular todas las pruebas de los acuerdos de Odebrecht, ahora Novonor, creó una dinámica en cascada en la que muchos implicados en la operación Lava Jato han solicitado ahora la anulación de sus multas. Hace unos días, los acuerdos de colaboración recompensados de uno de ellos, Jorge Luiz Brusa, fueron anulados. El juez ordenó la devolución de 25 millones de reales (4,56 millones de dólares) que Brusa había pagado en multas.

Además, queda por ver en enero qué ocurrirá con la salida del presidente del Banco Central, Campos Neto, que terminará su mandato, y con Gabriel Galípolo, actual director de política monetaria de la institución y elegido por Lula, ocupando su lugar. Durante meses había defendido una política monetaria más flexible frente a la tasa Selic. En mayo había votado a favor de reducirla, a pesar de las expectativas de inflación y el aumento del gasto público, junto con los demás miembros del Consejo de Política Monetaria elegidos por Lula. Luego, pocas semanas antes de que el presidente lo nombrara oficialmente sucesor de Campos Neto, Galípolo cambió radicalmente de estrategia, declarando que hará lo necesario para reducir la inflación. Según algunos analistas, el cambio de ritmo fue dictado por la necesidad de calmar a los mercados, dado que desde que Lula asumió la presidencia no ha hecho más que atacar a Campos Neto y presionarlo para que redujera artificialmente el impuesto Selic, haciendo temer que uno de sus leales le siga la corriente. Enero será, pues, una prueba importante para la economía brasileña, en un año que precede a las cruciales elecciones presidenciales de 2026.