Una decena de normas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas cubanas entró en vigor este miércoles, un paquete de medidas que el régimen de Miguel Díaz-Canel asegura que busca regular el nuevo sector pese a las críticas de los economistas independientes.
El decálogo, que fue publicado en la Gaceta Oficial el pasado agosto, mantiene en buena parte las regulaciones que ya existían y agrega un puñado de nuevas disposiciones. Éstas también afectarán a los cuentapropistas (autónomos) y las conocidas como cooperativas no agropecuarias.
Entre las normas destaca que ahora los municipios serán quienes aprueben las solicitudes para crear nuevas mipymes, en vez del Ministerio de Economía, como había sucedido desde la legalización de las pequeñas empresas privadas en 2021.
Este cambio, sin embargo, no se implementará oficialmente hasta marzo de 2025. Por otro lado, también se creará un instituto nacional para supervisar al sector privado.
Según las cifras oficiales, el total de firmas no estatales supera las 11.000 y emplea aproximadamente a un cuarto de la fuerza laboral en la isla.
Otro punto que han destacado sus críticos es la obligación de que los socios de las empresas privadas sean cubanos con residencia efectiva –es decir, que vivan más de la mitad del año en el país— o extranjeros con residencia permanente.
Economistas independientes han censurado este punto, y han asegurado que afecta a las empresas con socios con doble nacionalidad y con residencia fuera de la isla.
El régimen, por otro lado, ha remarcado en los últimos meses la importancia de evitar “distorsiones” en su economía, sumida en una profunda crisis, y reforzar la rendición de cuentas en casos de evasión de impuestos.
En el medio independiente Joven Cuba, el economista Omar Everleny Pérez criticó a finales de agosto que las normas cuentan con “una dosis fuerte de ideología” que refleja el temor desde el oficialismo del “peso que pueden alcanzar las mipymes privadas en el mercado”.
Las nuevas regulaciones se sumaron al tope de precios, del pasado julio, de hasta seis productos comercializados en el sector privado, como el pollo y la leche.
Un mes después, el dictador Miguel Díaz-Canel aseguró tras el cierre de sesiones de la Asamblea Nacional (ANPP, parlamento unicameral) que “muchas” de las mipymes “no respondieron a la confianza del Estado”.
Díaz-Canel criticó a los negocios privados que no han tenido “la transparencia que demanda la población” y adelantó que el régimen actuará contra “el descontrol, las ilegalidades, las evasiones tributarias, la especulación y el fraude, vengan de donde vengan”.
(Con información de EFE)
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