Condenaron a cinco años de prisión por corrupción al ex secretario de Comunicación de Rafael Correa

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció al exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, a cinco años de prisión por el delito de peculado, junto a otros exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación (Secom) del gobierno de Rafael Correa. La condena llegó luego de que la Fiscalía General del Estado presentara un recurso de apelación que fue aceptado, revocando la sentencia de octubre de 2020, la que había ratificado la inocencia de Alvarado y sus colaboradores.

Además de Fernando Alvarado, también fue condenado Galo P., exsubsecretario de la Secom, a cinco años de prisión como coautor del delito. En tanto, Carlos B., gerente de la productora Gota Azul, recibió una sentencia de un año y ocho meses por su rol de cómplice en el delito. Pablo Y., otro exsubsecretario de la Secom, recibió una pena reducida de un año de prisión gracias a su cooperación eficaz en el proceso.

El peculado en la legislación ecuatoriana es un delito tipificado en el Código Penal. Este delito es cometido por servidores públicos o personas que actúan en calidad de tales, quienes sustraen o permiten que se sustraigan bienes públicos o dineros del Estado, o que los emplean en beneficio propio o de terceros.

El Tribunal no solo impuso penas de cárcel, sino que también ordenó el pago de USD 225.000 como reparación integral al Estado. Según la jueza ponente, el Tribunal revisó exhaustivamente la prueba testimonial y documental presentada por la Fiscalía, concluyendo que los imputados actuaron con dolo y perjudicaron a la administración pública al incurrir en irregularidades en la contratación y pago de servicios.

El caso se centró en las irregularidades alrededor de la contratación de Víctor Hugo E., un técnico audiovisual que trabajaba en los enlaces ciudadanos organizados durante el gobierno de Rafael Correa. El Tribunal determinó que Víctor Hugo E. no cumplía con los requisitos para el cargo que ocupaba en la Secom, tal como se evidenció en un informe de la Contraloría General del Estado, que advertía sobre indicios de responsabilidad penal.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que, a pesar de su relación laboral con el Estado, Víctor Hugo E. también entregaba productos audiovisuales a Carlos B., de la productora Gota Azul, siguiendo sus órdenes. Esta situación fue conocida por Fernando Alvarado y los demás sentenciados, lo que evidenció una gestión fraudulenta en la contratación de servicios audiovisuales por parte de la Secom.

La Fiscalía argumentó que Carlos B. había suscrito un contrato con la Secom y que, para cumplirlo, utilizó el trabajo de Víctor Hugo E., quien ya recibía un salario del Estado. En esencia, el Estado pagó dos veces por los mismos productos: una vez por el sueldo de Víctor Hugo E. y otra por los servicios contratados a la productora Gota Azul. La prueba pericial de audio y video fue determinante para establecer que el material audiovisual entregado por Víctor Hugo E. era idéntico al entregado por Carlos B., lo que confirmó el esquema de duplicación de pagos.

Fernando Alvarado fue uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Rafael Correa y ocupó el cargo de secretario de Comunicación durante gran parte de su mandato. Desde esa posición, Alvarado desempeñó un papel crucial en el manejo de la imagen pública del gobierno correísta, liderando estrategias de comunicación y control de medios que muchos críticos asociaron con un estilo autoritario.

Su relación con el correísmo fue estrecha, y su gestión como jefe de la Secom estuvo marcada por la implementación de los “enlaces ciudadanos”, espacios donde Correa se dirigía a la nación semanalmente. Estos enlaces se convirtieron en una de las herramientas de propaganda más poderosas del gobierno y fueron coordinados bajo la dirección de Alvarado. Además, su nombre ha sido vinculado a otras investigaciones y acusaciones relacionadas con el manejo de fondos públicos y la administración de contratos estatales.

Tras la salida de Correa del poder en 2017, y con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia, las tensiones internas en el movimiento político provocaron una serie de investigaciones contra exfuncionarios del anterior gobierno. Alvarado, quien inicialmente se encontraba bajo medidas cautelares, protagonizó una polémica huida del país en 2018, después de cortar su grillete electrónico, lo que lo convirtió en un prófugo de la justicia ecuatoriana. Actualmente, se conoce que Alvarado y su hermano residen en Venezuela.

La Fiscalía General del Estado, liderada por Diana Salazar, ha insistido en la necesidad de recuperar los fondos públicos malversados y de sancionar a quienes se beneficiaron indebidamente. Según la Fiscalía General del Estado, los sentenciados actuaron “con dolo, vulnerando la eficiencia de la administración pública” en un esquema que involucraba pagos dobles por servicios audiovisuales, perjudicando al Estado ecuatoriano.