La vicepresidenta de Ecuador solicitó al Congreso investigar a dos ministras a las que acusa de persecución política

En un nuevo capítulo de las tensiones entre la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y el gobierno de Daniel Noboa, la vice ha solicitado que se realice control político y fiscalización contra dos altas funcionarias del gabinete: Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, y María Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Infobae accedió de forma exclusiva a un documento presentado por Abad ante la Asamblea Nacional, el 17 de septiembre de 2024 a las 16:04.

En su solicitud, la vicepresidenta argumenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Trabajo han actuado de manera irregular y persecutoria en su contra. El origen de esta disputa remonta al Decreto Ejecutivo 353 del 8 de agosto de 2024, en el que el presidente de la República dispuso que Abad, quien también ejerce como embajadora de Ecuador ante Israel, se trasladara temporalmente a Turquía por razones de seguridad. El decreto ordenaba que la Vicepresidenta debía desempeñar sus funciones desde la embajada en Ankara hasta que se considerara seguro su regreso a Tel Aviv.

Según el documento presentado ante la Asamblea Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores entorpeció el traslado de Abad y de su familia hasta el último momento, impidiendo la coordinación adecuada de los detalles logísticos. Abad argumenta que pesar de haber cumplido con el plazo legal de 30 días para su traslado, ya que llegó a Ankara el 9 de septiembre de 2024, se le acusa de no haber acatado una disposición interna del Viceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Barberis, que exigía su llegada el 1 de septiembre.

La vicepresidenta sostiene que esta orden es ilegal, pues las disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debían otorgarle hasta 30 días para trasladarse, tal como lo establece la Ley Orgánica del Servicio Exterior. El incumplimiento de esta normativa por parte de la cancillería, según Abad, refleja un intento de hostigamiento y persecución política hacia ella, con el fin de evitar que reemplace al presidente Noboa en caso de que este decida presentarse como candidato a la reelección. Esa intención ha sido expresada públicamente por Noboa, su viceministro de Gobierno y la asesora presidencial Diana Jácome. Esta última recientemente indicó que la contrademanda que interpuso contra Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral busca destituirla del cargo a la vicepresidenta.

El actual conflicto escaló cuando el Ministerio del Trabajo inició un sumario administrativo en contra de Abad el 12 de septiembre de 2024. Según la denuncia, la vicepresidenta incurrió en una falta grave por no haber llegado a Turquía en la fecha establecida. Esta acusación está sustentada en el Acuerdo Ministerial N° MDT-2024-175, emitido por el Ministerio del Trabajo el 11 de septiembre de 2024. Dicho acuerdo derogó las disposiciones del Acuerdo Ministerial N° MDT-2019-007 y su reforma, estableciendo nuevas regulaciones que fueron aplicadas al caso de Abad.

De acuerdo con un informe de diario La Hora: “el Ministerio del Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial Nº MDT-2024-175 un día antes de abrir un sumario administrativo en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, basado en la nueva reglamentación. El 12 de septiembre de 2024, el Ministerio del Trabajo anunció el inicio de un sumario administrativo en contra de Abad, tras conocerse que arribó a Ankara, capital de Turquía, el 9 de septiembre, cuando la orden presidencial había determinado que la llegada de la segunda mandataria debía efectuarse antes del 1 de septiembre”.

El procedimiento administrativo iniciado contra la vicepresidenta podría concluir en su destitución si se prueba que abandonó injustificadamente su puesto, una causal de destitución según la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).

En su solicitud presentada ante la Asamblea Nacional, Abad argumenta que este sumario administrativo es ilegítimo y acusa tanto al Ministerio del Trabajo como al de Relaciones Exteriores de haber actuado fuera de sus competencias. Señala que cualquier proceso de destitución o sanción en su contra debe ser realizado por la Asamblea Nacional, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Abad sostiene que el Ministerio del Trabajo no tiene competencia para iniciar un proceso administrativo en su contra, ya que, al ser vicepresidenta y embajadora, está sujeta a la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Además, insiste en que las acciones de ambas ministras han sido parte de una estrategia del gobierno para impedir que reemplace al presidente Noboa en caso de que se vea obligado a ausentarse del cargo.

Infobae ha solicitado un pronunciamiento al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, respecto a esta petición de fiscalización, y se está a la espera de una respuesta. Aunque la vicepresidenta Abad es una alta dignataria del Estado, su solicitud de fiscalización no tiene un tratamiento especial por su cargo. La Asamblea debe fiscalizar a los ministros y funcionarios de la Función Ejecutiva como parte de sus atribuciones. El control político que solicita Abad puede incluir, pedidos de información, comparecencia de las ministras ante el congreso e incluso el juicio político.

El conflicto entre el binomio que llegó a Carondelet en 2023 se ha acrecentado a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2025. Si la Asamblea decide proceder con el control político solicitado por Abad, esto podría abrir una nueva fase de enfrentamientos dentro de la Función Ejecutiva.