Una jueza chilena al banquillo por trabajar de forma remota desde Italia en pandemia

En el ojo del huracán se encuentra por estos días la jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz Tapia, tras una acusación por falsificación de instrumento público presentada por la ONG ‘Quiero Vivir sin Delincuencia y Sin Corrupción’. Ello, tras confirmarse que Muñoz trabajó por Zoom desde Italia durante la pandemia, señalando como lugar de expedición de sus fallos la ciudad de Santiago.

La magistrada es hija nada menos que del ministro más antiguo de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, quien -una vez pasadas las fiestas patrias- será acusado constitucionalmente por la oposición por, presuntamente, haberle facilitado información privilegiada en un negocio inmobiliario.

Aunque según el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales (COT) en Chile “los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios”, lo cierto es que por razones obvias el teletrabajo fue permitido durante la pandemia. Sin embargo, Graciel Muñoz habría viajado más de una vez a Europa entre 2021 y 2022, sin hacer uso de su periodo de vacaciones.

Según una nota de BíoBíoChile, en sus conexiones por videoconferencia no hay advertencia alguna de que ella se encuentra fuera de su jurisdicción ni menos fuera del país. Incluso se afirma que uno de sus viajes se habría extendido por siete meses.

Consultada al respecto el año pasado por La Tercera, cuando la Corte de Apelaciones de San Miguel le abrió un sumario por estos hechos que terminó con una ‘amonestación privada’, Muñoz reconoció que “me he conectado por la aplicación Zoom para realizar las audiencias, tanto desde Chile, como en algunos periodos desde el extranjero. Respecto a lo cual, hasta el día de hoy, no se me ha consultado por mis superiores desde dónde me encuentro trabajando, tampoco se me ha prohibido ni se ha dispuesto norma alguna en contrario”.

En la denuncia presentada por la ONG se pidió un informe de todas las audiencias que dirigió la jueza Muñoz Tapia entre marzo de 2020 y octubre de 2022, amén de las consiguientes resoluciones que dictó en dicho periodo.

Cabe destacar que entre ellas se cuenta la audiencia de medidas cautelares por el emblemático caso del profesor Roberto Campos Weiss, encarcelado por haber destruido un torniquete del Metro los primeros días del estallido social de 2019.

De todas maneras, este no es un caso único, pues en febrero del año pasado, y mientras hacía uso de sus vacaciones, el juez Leonardo Valdivieso Lobos solicitó autorización para dictar resolución urgente desde Europa en el Caso Soquimich, que salpicó transversalmente a la política chilena con denuncias de financiamiento ilegal a los partidos.

Sin embargo, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Rojas, rechazó en su momento dicha solicitud fundándose, precisamente, en el Código Orgánico de Tribunales que dispone que el juez siempre tendrá que estar presente.

Pero esta no es la única preocupación de la jueza Muñoz, puesto que su padre, el ministro Sergio Muñoz - nombrado por Ricardo Lagos en 2005 - será acusado constitucionalmente por la oposición, presuntamente por filtrarle información privilegiada en un negocio inmobiliario. Esto, luego de una denuncia presentada por la Inmobiliaria Fundamenta, que manifestaba que existió “violación a la ética profesional” por parte del ministro del máximo tribunal.

La querella apunta a que Graciel Muñoz Tapia habría desistido de dos promesas de compraventa, señalando a una ejecutiva que “este proceso puede durar años y no creo que quiera ni pueda esperar tanto, y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”.