Crisis en el Poder Judicial chileno: tres jueces de la Corte están en la mira por presunto tráfico de influencias

Un terremoto de proporciones sacude por estos días al Poder Judicial chileno, puesto que parlamentarios de izquierda y derecha ya confirmaron que tres jueces de la Corte Suprema serán acusados constitucionalmente por el Congreso en las próximas semanas -una vez que pasen las fiestas patrias-, debido a presunto tráfico de influencias. Sus casos han remecido a la opinión pública y dejan en evidencia la necesidad urgente de reformar el sistema con que se eligen actualmente los ministros del máximo tribunal chileno.

Cabe señalar que los 21 jueces que conforman la Sala son nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, que debe escoger a su candidato de una nómina de cinco personas que propone la misma Corte Suprema. Si el Senado no aprueba la proposición del Presidente, la Corte tiene que completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

Según reza el artículo 80 de la Constitución, los ministros “permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento” o hasta cumplir los 75 años de edad. Todo el sistema es más bien complicado y se presta para corruptelas.

Dos de estos ministros -Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus-, fueron salpicados por el ‘Caso Audios’ y aparecen nombrados profusamente en los chats del conspicuo abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva. Ambos fueron propuestos por Sebastián Piñera y serán acusados por el oficialismo.

A modo de empate, desde la oposición anunciaron su propio libelo contra Vivanco y anunciaron que también acusarán al ministro Sergio Muñoz -el juez más antiguo de la Corte, designado por Ricardo Lagos en 2005-, quien le habría pasado información privilegiada a su hija al comprar dos departamentos.

Además, este miércoles la diputada de Renovación Nacional (RN) Camila Flores, deslizó que un cuarto juez -Mario Carroza, reconocido por su férrea defensa de causas de Derechos Humanos-, también tendría que ser sometido a juicio político por, presuntamente, pedirle ayuda a otro ex juez en el nombramiento de un escribano.

Todo apunta a una verdadera ‘guerra de acusaciones’ entre oficialismo y oposición en el Congreso y si dichas imputaciones son ratificadas, los ministros serán expulsados del máximo tribunal chileno y quedarán inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos.

Tras un reportaje de Ciper que sacó a la luz una serie de conversaciones entre el penalista Luis Hermosilla y la jueza Ángela Vivanco -que dieron cuenta de una serie de favores de ida y vuelta-, el pasado lunes el Pleno de la Corte Suprema decidió suspender a Vivanco y abrió un cuaderno de remoción en su contra.

A pesar de que Vivanco había negado tajantemente cualquier contubernio con el ahora caído en desgracia penalista, según la nota de Ciper fue ella quien envió el primer mensaje, en marzo de 2018, solicitándole directamente a Hermosilla su apoyo para llegar al máximo tribunal.

Una vez instalada, comenzó a pasarle información sobre recursos judiciales contra Carabineros y las Fuerzas Armadas post estallido social de 2019, cuando Hermosilla era la mano derecha de Andrés Chadwick, ex ministro del Interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Según el reportaje de medio citado, en el temido Iphone 14 de Hermosilla sobra evidencia de que la suspendida ministra y al abogado también conspiraron para “impulsar candidaturas a la Corte Suprema -como las de María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Raúl Mera- y boicotear otras, como las de María Soledad Melo y José Guzmán Dálbora”.

Además, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial por la llamada arista ‘Muñeca Bielorrusa’, caso que involucra al consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) -integrado por la empresa chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz-, en un juicio con Codelco por incumplimiento de contrato.

En concreto, se acusa a Vivanco de revertir en tiempo récord un fallo que obligaba a CBM a pagar USD 20 millones a Codelco, más otros USD 5 millones en gastos del litigio, el que fue emitido antes de que el caso fuera formalmente puesto en tabla y mientras Vivanco lideraba la Sala. El proceso tomó solo seis días y fue calificado como “inédito”, puesto que normalmente estos casos demoran meses.

Otro que tendrá que salir a dar explicaciones es Jean Pierre Matus, quien fue sometido al Comité de Ética de la Sala por sus vínculos con Luis Hermosilla y también está en calidad de imputado en una arista del ‘Caso Audio’, luego de una querella presentada por la diputada Camila Musante (Ind).

Ya en marzo pasado, Ciper dio a conocer la existencia de chats entre el magistrado y el abogado formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. En un punto de prensa, Matus aseguró que “no hay ningún whatsapp mío, porque no hay, yo se los desmiento. Ellos (Ciper) lo único que hacen es poner un titular, haciendo aparecer como que yo tuviera whatsapp con el señor Hermosilla y no hay, y no van a haber”.

Sin embargo, el mes pasado el mismo medio publicó conversaciones en las que Matus le informa al abogado sobre las tratativas con un especialista alemán llamado Kai Ambos, quien podía asesorar en la acusación constitucional que terminó desbancando al ministro Andrés Chadwick, post estallido social de 2019.

Por ese trabajo, Matus recibió USD 14 millones y en la formalización de Hermosilla, la Fiscalía reveló que los fondos para pagarle al abogado alemán salieron de las cuentas de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, quienes están en prisión preventiva por el ‘Caso Factop’ y de quienes Hermosilla era su ‘consigliere’.

Por si eso fuera poco, también se filtraron sus agradecimientos vía WhatsApp a Hermosilla por su apoyo, en 2021, para la nominación como miembro del máximo tribunal.

El tercer ministro acusado, esta vez por la oposición, es el juez más antiguo de la Corte Suprema. Sergio Muñoz fue nombrado por Ricardo Lagos en 2005 y su caso está relacionado con filtraciones de información privilegiada a su hija, la jueza de Garantía, Graciel Muñoz. Esto, luego de una denuncia presentada por la Inmobiliaria Fundamenta, que manifestaba que existió “violación a la ética profesional” por parte del ministro del máximo tribunal.

La querella apunta a que Graciel Muñoz habría desistido de dos promesas de compraventa, señalando a una ejecutiva que “este proceso puede durar años y no creo que quiera ni pueda esperar tanto, y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”.

Otro juez que ya está bajo el escrutinio de la Comisión de Ética de la Corte Suprema -tras ser salpicado por el caso “WhatsApp”- es Mario Carroza, de quien Ciper filtró conversaciones con el ex juez Juan Antonio Poblete, pidiéndole ayuda para la nominación de un escribano.

Al cierre de esta nota, la diputada Camila Flores ya había anunciado que la bancada RN evaluará presentar un libelo contra Carroza por este hecho.

“Yo también voy a solicitar incorporar a Carroza, porque (…) ha influido en el nombramiento particularmente de ciertos notarios a nivel nacional, donde habría sido contactado y, por lo tanto, habría ejercido su presión y sus influencias para nombrarlos”, sostuvo Flores.

Consultado al respecto, Carroza dijo el jueves pasado en conversación con CNN Chile que “el Congreso, en este caso los diputados, tienen todo el derecho, porque están usando sus facultades fiscalizadoras y me parece muy bien que ellos las ejerzan (...) Nosotros somos autoridades públicas que tenemos que estar al escrutinio público”.