Los presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega se niega a liberar

Diez presos políticos de Nicaragua “están condenados a morir en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega”, considera un activista de derechos humanos que ha seguido de cerca sus casos desde hace más de diez años.

“No lo van a dejar salir, eso es evidente. La intención del régimen es que muera en la cárcel. La familia está consciente de eso. Yo estoy consciente de eso”, dice el abogado Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), sobre el caso de Marvin Vargas, un veterano de guerra conocido como El Cachorro, quien está preso por razones políticas desde mayo de 2011.

Además de Vargas, existen otros nueve presos políticos en condiciones similares. Se trata del grupo de reos del caso conocido como “Masacre del 19 de Julio”, porque sucedió el 19 de julio de 2014 cuando una caravana de simpatizantes sandinistas fue atacada a balazos mientras regresaban de una celebración política.

Como resultado del ataque, ejecutado en dos emboscadas, cinco personas murieron y otras 24 quedaron heridas.

La justicia nicaragüense declaró culpables de esta masacre a nueve personas, algunos de ellos dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Ciudad Darío, región que se consideraba el principal bastión opositor al régimen de Daniel Ortega en ese entonces.

Los enjuiciados recibieron condenas de entre 10 y hasta 133 años de cárcel, a pesar de que los abogados defensores cuestionaron el oscuro proceso legal al que se les sometió y la falta de pruebas para relacionar a sus defendidos con los delitos de los que se les acusó.

Puerta giratoria

Después de las protestas ciudadanas del 2018, el régimen de Daniel Ortega ha realizado al menos cuatro excarcelaciones masivas de presos políticos, y en ninguno de ellos se ha incorporado alguno de este grupo de diez personas que son reconocidas como “presos políticos” desde septiembre de 2020 por el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX), una organización que monitorea la situación de los opositores apresados por el régimen de Daniel Ortega.

Varios organismos de derechos humanos han denunciado que Ortega utiliza el mecanismo denominado “puerta giratoria” como método de control y negociación, mediante el cual llena las cárceles con opositores, para hacer luego liberaciones masivas, volverlas a llenar, y así sucesivamente.

Según el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA “entre el 18 de abril de 2018 y el 10 de febrero de 2023, al menos 2090 personas han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos”.

En los últimos cinco años, el régimen nicaragüense ha realizado cuatro liberaciones masivas, las primeras de ellas a través de una polémica ley de amnistía promulgada en junio de 2019 y las dos últimas que han implicado negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y se han ejecutado con destierro, perdida de nacionalidad y confiscación de bienes para los excarcelados.

El 9 de febrero de 2023, el régimen de Ortega excarceló a 222 presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos y, este 5 de septiembre, 135 presos políticos más fueron desterrados a Guatemala.

Quedan al menos 36 presos políticos en las cárceles nicaragüenses, según un recuento del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas. Sin embargo, esta organización aclara que posiblemente los presos políticos sean más porque algunos familiares piden no se incluyan a sus parientes en las listas.

Entre los presos políticos que aún quedan en las cárceles, está este grupo especial de diez personas, los más antiguos de Nicaragua, que el régimen se ha negado a incluir en las listas de excarcelaciones.

Marvin Vargas, El Cachorro

Marvin Vargas, El Cachorro, es considerado el primer preso político del régimen de Daniel Ortega por el GREX, una organización en el exilio que se define a sí misma como “un grupo de patriotas excarcelados políticos comprometidos por la libertad de Nicaragua”.

Hasta principios de 2011 Vargas era un aliado de Daniel Ortega, y decidió protestar por las promesas incumplidas a los veteranos de guerra organizados en la Asociación de Cachorros de Sandino, que él dirigía. La respuesta a su reclamo fue violenta y, para algunos cercanos a él, “existe la voluntad de mantenerlo preso hasta el fin de sus días”.

El liderazgo de Vargas lo puso en la mira del régimen. El domingo 8 de mayo de 2011, fue detenido en un operativo pocas veces visto en su barrio. Los agentes entraron como tromba y hallaron a Vargas en la casa de un vecino que visitaba en ese momento. Lo redujeron, lo golpearon, y le quebraron la nariz y la clavícula, relató a Infobae Juana Vargas, su hermana.

Durante casi siete meses, alias El Cachorro permaneció en la cárcel sin que se presentara algún cargo en su contra y a pesar de que un juez emitió una orden de exhibición personal y otro, una orden de libertad a su favor.

El 7 de octubre 2011 la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua exigió al jefe del Sistema Penitenciario Nacional que “en término de 24 horas” informara sobre la situación legal de Marvin Vargas Herrera.

Ninguna de las órdenes judiciales fue acatada por las autoridades penitenciarias, en lo que sería el primer caso de cárcel por razones políticas del régimen de Daniel Ortega que inició su mandato en enero de 2007.

A mediados de octubre Marvin Vargas inició una huelga de hambre exigiendo que se cumpliera la orden de libertad del juez. Según información que la madre del reo dio al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vargas “se cosió la boca en reclamo”.

Para ese tiempo apareció una acusación contra Marvin Vargas por el delito de Estafa Agravada. Juan Carlos Canales y Mauricio Sotomayor, dos personas que no se presentaron al juicio ni se les ubicó en la dirección que reportaban, lo acusaban de estafarlos con tres mil dólares. Aun con la ausencia de sus acusadores, el 16 de febrero 2012 Vargas fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel.

La familia decidió dar la batalla en los juzgados y lograron cuatro órdenes de libertad para Vargas, pero ninguna de ellas fue acatada.

El 7 de noviembre 2016 se cumplió la condena de cinco años y seis de meses de cárcel impuesta contra Vargas y aun así no fue liberado a pesar de que una juez giró la orden de libertad respectiva.

Para entonces, el otrora vigoroso líder de los veteranos de guerra lucía doblegado. En una página de Facebook a su nombre, que no se sabe quién la maneja, se publicó en febrero de 2017 un pedido de clemencia. “Pido clemencia desde la cárcel. Estoy enfermo, no puedo respirar, tengo problemas en el corazón… les pido a las personas que me tienen aquí que me lleven al médico, porque ya cumplí mi condena… No quiero salir en una caja, por eso les pido humildemente que me saquen… y perdonen todo el daño que les pude causar…”.

Seis meses más tarde llegaría un nuevo cargo contra Vargas: el Sistema Penitenciario Nacional lo acusó de tráfico interno de estupefacientes. El GREX considera “insólita” esta nueva acusación dado que el reo se encontraba en una galería de máxima seguridad, y en régimen de aislamiento. “Del inicio de este proceso nadie se enteró, pues fue realizado prácticamente en secreto”, dice el organismo en un documento publicado en 2019.

Marvin Vargas fue condenado a otros 12 años y ocho meses y su caso se visibilizó con la llegada masiva de presos políticos a partir de 2018. En septiembre de 2020 fue incluido en la lista de presos políticos de Nicaragua.

El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX) destaca que el régimen se ha negado a incluirlo en las excarcelaciones de presos políticos que ha realizado en al menos cuatro ocasiones. Tampoco lo ha incluido en las frecuentes liberaciones de presos comunes que realiza.

Caso Masacre 19 de Julio

La noche del 19 de julio de 2014 un grupo armado atacó en el municipio de Darío, Matagalpa, a una caravana de buses llenos de simpatizantes sandinistas que volvían de Managua, tras participar la celebración del 35 aniversario de la revolución sandinista.

Un par de horas más tarde, otra caravana sandinista fue atacada en la comarca Wabule, de municipio de San Ramón, Matagalpa. Como resultado de ambos ataques, cinco personas murieron y otras 24 quedaron heridas.

La Policía de Nicaragua acusó a nueve personas de planificar y ejecutar la masacre, y todas fueron condenadas a penas de entre 10 y 133 años de cárcel. La mayoría de ellos se encuentran en celdas de máxima seguridad de la galería conocida como “La 300″, de la Cárcel Modelo de Tipitapa.

Como prueba para inculparlos, la Policía presentó un video donde se reconstruía la versión policial de los ataques y para realizarlo llevó a los acusados que actuaron como protagonistas.

Los presos por el caso “Masacre del 19 de Julio” son: Wilfredo José Balmaceda Castrillo (62 años actualmente), Walter José Balmaceda Ruiz (42 años), Zacarías Isabel Cano Angulo (59 años), José Ricardo Cortez Dávila (69 años), Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo (45 años), Rosendo Antonio Huerta González, José Olivar Meza Raudez, Jairo Alberto Obando Delgadillo, y Leonel Antonio Poveda Palacios (56 años).

Para Wilfredo Balmaceda Torrez, hijo Wilfredo José Balmaceda Castrillo, condenado a 133 años de cárcel, su padre fue un chivo expiatorio que usó el régimen para cubrir la masacre y, de paso, destruir el vigoroso movimiento opositor que se estaba gestado en Ciudad Darío.

Balmaceda Castrillo era el secretario municipal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) al momento de su captura y líder de la oposición en esa zona que considera “un bastión antisandinista”

“Inculparon a mi papá y a otros tres que son los que realmente estaban metidos en la oposición verdadera”, dice Wilfredo Balmaceda, hijo. “Desde el el 2011 se demostró que Darío siempre se iba a levantar, que era un bastión antisandinista. Mi papá siempre estuvo en la cabeza, y te lo digo porque yo lo miré y porque yo anduve ahí, él estaba ahí dirigiendo todos esos movimientos”.

“Cuando los sandinistas comienzan a ver todo lo que realmente se estaba gestando, les dio miedo de que ese movimiento se regara a nivel del norte y a nivel nacional. Ellos sabían que si Darío se encendía se podía encender toda Nicaragua. Y por eso deciden descabezarlos, y por eso es por lo que se siguen ensañando contra él. No lo sueltan ni como reos comunes, ni como reos de conciencia”, añade.

El abogado Pablo Cuevas concuerda con Wilfredo Balmaceda Torrez. Dice que la redada contra los liberales de Ciudad Darío se dio en “el contexto de una rebeldía increíble”.

“Cuando asesinan a esas personas de su militancia (sandinistas), van en contra de personas liberales, les arman un proceso, hacen barbaridades y someten el pueblo. Desde entonces no volvió a haber ni una sola protesta”, agrega Cuevas, quien atendió el caso como funcionario de la ahora cancelada Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Sobre el caso de Marvin Vargas, Cuevas dice que el régimen de Ortega ha decidido que no salga de la cárcel porque “le tienen terror”.

“Recuerdo que El Cachorro paralizaba el país, y pude observar que tenían una formación militar, disciplinada. Hay un recibo donde la Policía le dio 40 mil dólares como ayuda humanitaria, pero en realidad lo querían comprar, pero El Cachorro siguió la lucha. Entonces, le orquestaron una acusación en contra”, señala.

“Marvin podrá sobrevivir los 11 años a que lo condenaron, pero no lo van dejar salir. No lo van a dejar salir. Eso es evidente”, dice.