Emergencia climática y falta de prevención: las causas de la sequía que está provocando incendios y contaminando el aire en Brasil

Una emergencia climática como esta, Brasil no recuerda haberla vivido nunca, al menos desde 1950, cuando se midieron por primera vez datos como los de la sequía. Mientras el país arde y los ciudadanos de grandes metrópolis como San Pablo tienen que lidiar con un aire irrespirable, el debate se centra ahora en el peso del cambio climático, pero también en el papel de la responsabilidad humana. Ardiendo en primer lugar y de forma constante desde hace meses está la Amazonía, seguida casi simultáneamente por otros biomas esenciales del gigante latinoamericano como el Pantanal y el Cerrado, y tocando también a estados como San Pablo y Minas Gerais. Entre el 1 de enero y el 10 de septiembre, los índices muestran que los incendios se han más que duplicado en once estados y en el distrito federal donde se encuentra la capital, Brasilia, en comparación con el año pasado. Hay estados como Mato Grosso do Sul donde el aumento fue de más del 600%.

Según el informe de control de incendios del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía (IPAM en portugués), en agosto se quemó un 132% más de bosque que en el mismo periodo de 2023. Aunque este es el período de los incendios controlados realizados por el sector agro-pecuario para preparar el terreno para nuevas plantaciones o cría, este año, sin embargo, un tercio del bosque destruido no corresponde a áreas de deforestación, lo que sugiere que “el clima ha hecho que los bosques sean más inflamables y susceptibles al fuego”, como afirma Ane Alencar, directora científica del IPAM.

En concreto, la sequía de este año no ha tenido precedentes. Así lo denunció el Centro Nacional de Control de Desastres Naturales (Cemaden), que también advirtió que la emergencia no ha terminado y que hasta noviembre el escenario puede empeorar aún más. Hoy, más de un tercio del territorio nacional, que equivale a 3 millones de km2, sufre sequía en diversas formas, con ciudades aisladas en el norte del país debido a que los ríos se han secado, con incendios generalizados en casi todos los estados y los niveles de aguas fluviales tan bajos que el Operador Nacional del Sistema Eléctrico, que controla el suministro de energía del país, ha anunciado la activación de centrales térmicas para satisfacer la demanda. Según la experta en sequías Ana Paula Cunha, “nos enfrentamos a una sequía multifactorial”. Hemos pasado de un Pacífico cálido, el llamado fenómeno de El Niño, a un Atlántico Norte más cálido. El hecho de que no hubiera tregua entre ambos fenómenos provocó un agravamiento de la sequía en todo el país”. Los bloqueos atmosféricos impidieron que las corrientes frías avanzaran por Brasil. Esto no permitió que El Niño se agotara en abril, como debería haber ocurrido. La única excepción fue el Estado de Rio Grande do Sul, que sufrió dramáticas inundaciones el pasado mes de mayo.

En el Amazonas, uno de sus principales afluentes, el río Madeira, alcanzó su nivel más bajo en 60 años, apenas 58 cm, lo que provocó la desesperación de las poblaciones que viven en sus orillas y se alimentan de la pesca. Debido a la desecación de otro afluente, el río Negro, la capital del estado de Amazonas, Manaos, declaró el estado de emergencia durante 180 días. Las tierras indígenas representaron el 24% de todos los incendios ocurridos en Amazonas en los ocho primeros meses de 2024, siendo la categoría más afectada. En comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se quemaron 937.148 hectáreas, se ha producido un aumento del 39%, con 1.300.646 hectáreas convertidas en humo este año.

En el sudeste y centro-oeste del país, los incendios aumentaron más del doble, con San Pablo, por ejemplo, experimentando un aumento del 425% en los focos de fuego. Según los expertos, el humo que invade las ciudades brasileñas procede de la combustión que se extiende más allá de las zonas deforestadas, alcanzando ecosistemas del Pantanal, el Cerrado y la Amazonía, donde los incendios afectan a la vegetación autóctona que no está adaptada para resistir el fuego. En el río Paraguai, en el Pantanal, un grupo de pescadores rescató con cuencas improvisadas a más de 300 peces que habían quedado empantanados en la arena debido a la terrible sequía del río, que ha descendido cuatro metros por debajo de la media estacional.También está devastada parte de una floresta en el estado de Minas Gerais, propiedad desde hace cuarenta años de un conocido fabricante internacional de lápices. En San Pablo, la situación esta semana ha sido dramática. Durante cuatro días consecutivos, esta semana, la capital financiera del país fue clasificada por el sistema IQAir, que vigila la contaminación en las grandes metrópolis del mundo, como la ciudad con el aire más contaminado del mundo. Incluso uno de sus principales ríos, el Tieté, se tiñó de verde. La Sociedad de Medio Ambiente del Estado de San Pablo (Cetesb) explicó que el fenómeno se produjo debido a la grave sequía, que redujo significativamente los aportes de los afluentes del río, favoreciendo así la proliferación de algas.

Por tanto, si los fenómenos climáticos extremos están en el origen de esta crisis que vive todo Brasil, muchos se preguntan si se podría haber hecho algo para evitar la emergencia. Tanto más cuanto que el próximo 22 de septiembre el Presidente Lula participará en Nueva York en la Cumbre del Futuro de la ONU, una iniciativa de Naciones Unidas con el objetivo de desarrollar un compromiso global para superar retos como la pobreza y también el cambio climático. Sin duda, un fuerte contraste entre la teoría y la práctica fue la reunión de ministros de agricultura del G20 que Brasil acaba de acoger en el estado de Mato Grosso, devastado por los incendios. La idea inicial del gobierno era utilizarlo como escaparate de la agroindustria sostenible de Brasil, pero los incendios fueron un gol en contra.

Según el diario Estado de São Paulo, el gobierno de Lula estaba advertido desde principios de año de la fuerte sequía que se avecinaba y del riesgo de incendios. Así lo demuestran una serie de documentos, entre cartas, notas técnicas y actas de reuniones. El propio Ministerio de Medio Ambiente ha emitido varias resoluciones de emergencia medioambiental desde febrero. En marzo, el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó al gobierno federal que elaborara un plan de prevención y lucha contra los incendios en el Pantanal y la Amazonía. En junio, un informe del Observatorio del Clima, adjunto a la acción del STF, ya alertaba de que el Pantanal estaba “consumido por las llamas” y que “la ausencia de medidas rápidas, eficaces y contundentes contra el fuego podría llevar a la ruina del bioma”.

En un editorial, el diario O Estado de São Paulo escribe que “el presidente Lula da Silva se ha perdido ante la tempestad climática y, a día de hoy, sigue debiendo al país un plan de gobierno digno de ese nombre. Lo que el Partido de los Trabajadores ha hecho hasta ahora, de hecho, no va más allá de espasmos de principiante. Y siempre, por supuesto, con la vista en las próximas elecciones, no en los intereses del Estado brasileño. Frente a este gobierno tibio, sobre todo en el abordaje de la crisis ambiental, no es poco lo que el Parlamento podría hacer dentro de los poderes que le otorga la Constitución. Pero al Parlamento no le importa. En su radar sólo está mantener el llamado presupuesto secreto”, es decir, los fondos públicos que pasan del gobierno a los parlamentarios sin rendir cuentas de su uso. Entre las críticas de los ecologistas y la sociedad civil está la falta de un plan articulado de prevención y la lentitud en la gestión de las emergencias. Tanto es así que incluso el juez del Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tuvo que intervenir, calificando la situación de “pandemia de incendios forestales” hace unos días. Dino dijo también que “el absurdo no puede normalizarse” y dio cinco días al gobierno para aumentar el número de bomberos que combaten los incendios en la Amazonía y el Pantanal.

En cuanto a la prevención, aunque la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, prometió al asumir el cargo, en enero de 2023, la creación de una autoridad climática que presione a otros sectores del poder público para alcanzar metas medioambientales, hasta ahora el proyecto no ha salido del papel. La ministra también prometió que en abril de 2023 el gobierno enviaría la propuesta al Parlamento. Esta semana, ante la emergencia, Lula volvió a tocar el tema, prometiendo también enviar al legislativo una medida provisoria (MP) que contemple el estatus legal de la emergencia climática, pero sobre ambos temas no dio detalles. Sólo dijo que había hablado con el comandante del Ejército, el general Tomás de Paiva, con la idea de entrenar a los militares para combatir los desastres climáticos.

“Queremos una institución suficientemente robusta, no en términos de tamaño, sino de calidad”, dijo Marina Silva sobre la Autoridad Climática tras el anuncio del presidente. Durante el gobierno de transición de diciembre de 2022, se propuso dar a la autoridad climática incluso el estatus de ministerio, pero ni siquiera entonces se llegó a nada. Incluso después de las inundaciones que asolaron el estado de Rio Grande do Sul se volvió a resucitar la propuesta, pero también en ese caso acabó en punto muerto. Detrás del proyecto, según la prensa brasileña, se esconde un riesgo económico, el de driblar las reglas fiscales. De hecho, la semana pasada, en una audiencia en el Senado, Marina Silva subrayó la necesidad de crear “un marco normativo ad hoc para que cuando se decrete una emergencia, como en Rio Grande do Sul, tengamos la posibilidad de que no se contabilice en el techo de gastos”, añadiendo también que “si tengo que actuar de forma preventiva, tengo que tener cobertura legal”. El riesgo, sin embargo, es que la nueva autoridad climática así concebida haga caer en picado los ya precarios presupuestos del gobierno, devorados por el elevado gasto público.