Un megaoperativo contra un grupo radical mapuche chileno terminó con un muerto, un policía herido y ocho detenidos

En prisión preventiva quedaron ocho miembros de la agrupación radical mapuche Weichán Auka Mapu (WAM), detenidos la madrugada de este jueves en diversos allanamientos en el que participaron mas de 200 uniformados en las comunas de Cañete y Tirúa (700 kms al sur de Santiago), región del Bío Bío.

El megaoperativo tenía como fin dar con el paradero de los responsables del crimen del comunero mapuche Manuel Huenupil Antileo (48), asesinado el 5 de mayo de 2022 al ser emboscada la camioneta en la que viajaba junto a sus hijos y otros miembros de la comunidad Quidiqueo Huenupil, también en Tirúa.

“Fueron cobardemente atacados por la espalda, con armas de fuego, los vehículos de nuestra gente, apuntando a matar. Allí cayó abatido nuestro hermano, activo miembro de nuestros procesos reivindicativos (...) atacados cobardemente por este grupo autodenominado Weichán Auka Mapu (WAM)”, dijeron en esa oportunidad desde la comunidad, según consigna una nota de Ex-Ante.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que uno de los delincuentes - identificado como Echivaldo Bastías Vidal -, fue abatido tras disparar a la policía y un detective resultó herido a bala en la muñeca derecha.

El fallecido, quien trató de repeler su arresto con una pistola 9 mm, “estaba encargado de cumplir funciones importantes como la provisión de armas de fuego” para la WAM y no tenía antecedentes penales previos, dijo el persecutor.

Se incautaron una pistola, una escopeta, municiones, chalecos antibalas, ropa mimetizada y equipos de radio tipo walkie-talkie, dijo la PDI.

Los detenidos fueron identificados como Jhony Hueniupil, Heraldo Norín, Gonzalo Antio, Damián Sáez, Jean Sáez, Jerson Sáez, Javier Mariñán y César Opazo, quienes tras una audiencia de siete horas en el Juzgado de Garantía de Carahue, quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación, fijada en 60 días.

Sin embargo, en entrevista con El Diario de Cooperativa, Garrido descartó esta jornada que el grupo haya sido descabezado.

“No me parece correcto hablar de que se ha desbaratado al grupo WAM. La importancia de este operativo es que nos permitió identificar un grupo de personas, un número importante de personas que forman parte de la organización; poder solicitar órdenes de detención, pero yo creo que es un trabajo de mucho más largo aliento para hablar de que esta organización va a dejar sus actividades criminales”, sostuvo.

“Es posible, incluso, prever de que vayan a intentar rearticularse y reforzar justamente para demostrar su fuerza y de subsistencia”, remató.

Nacida en 2014 como una escisión de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) - pero que a diferencia de ésta admite como blancos la quema de iglesias -, el 30 de abril pasado la WAM publicó en Radio Kurruf una declaración negando haber sido los autores del homicidio de tres carabineros en Cañete, quienes fueron acribillados a fines de abril pasado en la comuna de Cañete (635 kms al sur de Santiago), y cuyos cuerpos calcinados fueron encontrados en el pickup de la camioneta en que se trasladaban.

“Acciones como la ocurrida no contribuyen al proceso de reivindicación territorial, y transgreden principios fundamentales de toda lucha revolucionaria que se precie de tal”, aseguraron en esa oportunidad.

Era la reaparición de una agrupación golpeada en marzo por la detención del ex novicio jesuita Luis García-Huidobro, enviado a prisión preventiva luego de que una testigo protegida lo situara en un atentado de 2021 en Carahue, reivindicado por la WAM. Luis García-Huidobro se declaró inocente y negó ser parte de esa organización.

Su referente conocido es el machi Fidel Tranamil, condenado en 2013 por participar de la toma del seminario mayor San Fidel, que volvió a ocupar en 2014. “La Iglesia ha demostrado ser un miembro más del Estado y no vamos a descansar hasta expulsarla”, dijo entonces. Luego fue imputado falsamente de participar de la Operación Huracán.

Es hermano mayor de Luis Tranamil, condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Naín en 2020.

“Con respecto a la violencia, queremos dejar en claro que identificamos a nuestros enemigos en el gran latifundista, la forestal y los proyectos energéticos, grandes empresas y sus inversiones, siendo estos partes del gran capital”, dijeron en una declaración que funge a modo de manifiesto.