Organizaciones internacionales, de la sociedad civil y la academia de América Latina lanzaron este miércoles el Observatorio de Movilidad Humana del Darién y otras rutas alternas con el objetivo de compartir información precisa y actualizada que facilite la comprensión y el abordaje de la dinámica migratoria.
La iniciativa busca identificar y comprender la multiplicidad de desafíos que enfrentan las personas que transitan desde la región de Urabá (Colombia) hasta la frontera entre Panamá y Costa Rica, detalló el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
“El Darién constituye una de las rutas más peligrosas de América Latina y quienes la transitan se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Los Estados, incluso los de tránsito, tienen la obligación de garantizar el acceso a derechos fundamentales, como el refugio, la salud, la alimentación”, dijo la directora del programa para Centroamérica y México de CEJIL, Claudia Paz y Paz.
Sin embargo, explicó Paz y Paz, “en la actualidad las políticas migratorias están forzando a las personas migrantes a tomar otras rutas, por ejemplo marítimas, que exponen aún más su integridad y su vida”.
Datos del CEJIL indican que durante el 2023, más de 500.000 personas migraron por esta ruta con destino final a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades panameñas estiman que en este 2024 el registro podría ser al menos un 20 % mayor, superando las 600.000 personas aproximadamente.
Un aspecto destacado por las organizaciones es el aumento de denuncias de violencia sexual en el Darién con un total de 328 registradas este año por Médicos Sin Fronteras hasta marzo, frente a las 676 que hubo durante todo 2023.
A esto se suman las diversas formas de violencia que se experimentan en la ruta, como desapariciones forzadas y robos perpetrados por grupos armados.
“El Darién no es solo un lugar de tránsito de riesgo extremo en una ruta continental de personas migrantes forzadas, sino que es también la expresión de las crisis políticas, socioambientales, económicas, de protección e integración que atraviesa nuestra región”, afirmó la responsable de incidencia política de la Red Jesuita con Migrantes, María Teresa Urueña.
Agregó que “esta ruta va más allá de Colombia o Panamá y por lo tanto, se requiere de un compromiso real de los Estados de la región que garantice los derechos de las personas, su protección y dignidad”.
Para las organizaciones es urgente brindar recomendaciones sobre políticas y prácticas basadas en los hallazgos obtenidos, dirigidas a todos los actores interesados, especialmente a los Estados involucrados, con la intención de alertar sobre violaciones de derechos humanos y brindar insumos para mejorar el desarrollo de respuestas integrales.
En total son 17 organizaciones participantes en la iniciativa, entre ellas se encuentran AfroResistencia, la Asociación Centro de Derechos Laborales sin Fronteras de Costa Rica, la Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Centro de estudios de género y refugiados, Fundación Ideas para la Paz, Fundación Refugiados Unidos, Instituto Sobre Migración y Refugio LGTBIQ para Centroamérica y La Oficina de Washington y Latinoamérica (WOLA).
(Con información de EFE)
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