Una funcionaria de una Fiscalía uruguaya fue sancionada por perder un audio clave de Sebastián Marset

En 2018 todavía faltaban años para que el nombre de Sebastián Marset resonara en toda la región, pero para esa fecha el ahora prófugo ya estaba en la mira de la Justicia uruguaya. En agosto de ese año fue asesinado un amigo de su infancia en el balneario Las Toscas, en Canelones, a 47 kilómetros de Montevideo. El delincuente fue imputado, con prisión preventiva, en calidad de autor de ese homicidio.

Su amigo había sido citado a un encuentro en la rambla costanera, adonde arribó con su cuñado desde la capital uruguaya. Al llegar al punto de encuentro, un hombre salió de las dunas y disparó contra la víctima, que murió al recibir cuatro impactos de bala. Durante el proceso de imputación, Marset declaró que no había podido encontrarse con su amigo y destruyó su celular, por lo que no pudo ser periciado. Las cámaras de seguridad lo ubicaron en el hecho, pero finalmente fue sobreseído de la causa.

El audio con su declaración y otras posibles pruebas desaparecieron del expediente, lo que motivó que la Fiscalía ordene investigar por qué se perdieron estos elementos de la carpeta de aquel homicidio.

Once meses después del inicio del análisis, la Fiscalía General de la Nación determinó el comienzo de un sumario a una funcionaria de la Fiscalía de Atlántida, la ciudad más cercana a Las Tocas, donde ocurrió el homicidio en 2018. Según informó La Diaria, la decisión la tomó el fiscal sumariante Federico Oyhanarte luego de que declararan todos los abogados, fiscales y funcionarios que intervinieron en el caso. La funcionaria no fue sumariada por la pérdida del audio con la declaración de Marset sino por irregularidades que se detectaron en el proceso.

El narcotraficante uruguayo fue absuelto en este caso debido a errores y omisiones que dejaron casi vacío el expediente de este homicidio. La falta de los documentos provocó que la fiscalía, luego de transcurridos dos años de que se iniciara la investigación por el asesinato, no tuviera elementos para acusarlo.

La ausencia de la declaración de Marset se constató luego de que La Diaria realizara un pedido de acceso a la información pública y derivó en el inicio de la investigación sobre la actuación de los fiscales.

Por este caso, Marset había declarado ante la fiscal Darviña Viera durante más de una hora. Su defensa había pedido que la declaración fuera calificada de reservada y nunca fue entregada a la defensa de la víctima, pese a las insistencias para obtenerla.

La falta de este audio no fue el único obstáculo que tuvo esta investigación. La Fiscalía también había pedido la información sobre la ubicación de las antenas de todos los celulares involucrados en el caso, pero recibió una pericia en la que se había quitado el rastreo del número de Marset y se le atribuía a este delincuente un número que en realidad correspondía a un testigo.

La familia del amigo de Marset ofreció las cámaras de seguridad de su casa, pero también fueron borradas de la carpeta de la investigación. Así, la Fiscalía no pudo obtener ninguna imagen del entorno del lugar del crimen, salvo la de una estación de servicio que beneficiaba a Marset.

La jueza Cristina Falcomer fue una de las que debió testificar en la investigación por estas irregularidades. Ella fue quien pidió el sobreseimiento de Marset de la causa, cuando en la carpeta de investigación no había elementos en contra del ahora conocido narcotraficante. Al momento de archivar el caso, Falcomer escribió: “Todas las evidencias que en el inicio de la instrucción indicaban que Sebastián Enrique Marset Cabrera era autor del homicidio de Alfredo Simón Rondán, existiendo semiplena prueba, con el transcurso del tiempo se fueron desvaneciendo”.