Gabriel Boric busca derogar la ley de amnistía que protege los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Pinochet

En el 51° aniversario del golpe en Chile, el presidente anunció la urgencia de anular amnistía a delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura

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Boric impulsará derogación de amnistía a delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura (EFE)
Boric impulsará derogación de amnistía a delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura (EFE)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el miércoles que promoverá un proyecto destinado a anular la ley de amnistía que protege a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura entre 1973 y 1990.

La ley de amnistía, conocida también como Decreto Ley 2191, fue promulgada por la junta militar en abril de 1978. Esta ley otorgó amnistía a todas las personas involucradas en delitos, ya sea como autores, cómplices o encubridores, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, período en el que el país estaba bajo Estado de sitio.

La ley ha sido uno de los mayores impedimentos para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura ya que no establece una distinción entre delitos comunes y aquellos con motivación política.

El mandatario chileno expresó en su discurso en el Palacio de La Moneda que “daremos suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que fue presentado por la presidenta (Michelle) Bachelet en 2014, que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización”.

Un hombre sostiene un cartel el día de la ceremonia oficial que marca el aniversario del golpe que derrocó a Salvador Allende y dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet (REUTERS/Ivan Alvarado)
Un hombre sostiene un cartel el día de la ceremonia oficial que marca el aniversario del golpe que derrocó a Salvador Allende y dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet (REUTERS/Ivan Alvarado)

El proyecto se presentó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), dejando al Congreso la responsabilidad de debatir y decidir sobre la anulación o derogación de la ley de amnistía. Sin embargo, las discusiones han estado detenidas desde entonces.

“Renovamos nuestro compromiso: democracia y derechos humanos siempre, en nuestra patria y en todos los lugares del mundo”, concluyó Boric.

Víctimas de la dictadura chilena piden "verdad y justicia" a días de conmemorar el Golpe (EFE)
Víctimas de la dictadura chilena piden "verdad y justicia" a días de conmemorar el Golpe (EFE)

Este miércoles, Chile conmemora los 51 años del golpe de Estado que puso fin al gobierno democrático de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. El presidente, quien ha promovido una intensa agenda social y de memoria desde su llegada al poder en marzo de 2022, señaló que la fecha de hoy es “un día que nos conmueve, que nos invita al recuerdo y también a la acción”.

Durante el día de conmemoración, se realizan diversos actos en memoria de las víctimas. En el Palacio de La Moneda, lugar donde ocurrieron los violentos hechos en 1973, se llenó de personas que participaron en una ceremonia en honor a los muertos y desaparecidos. El acto contó con la presencia de varias autoridades, incluida la ministra del Interior Carolina Tohá, así como organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos.

Boric rememoró que “estos muros fueron testigos de cómo la traición y la infamia se impusieron a sangre y fuego por sobre la dignidad de un pueblo” y subrayó que “la muerte, la desaparición, el exterminio de compatriotas por pensar distinto, el término de la democracia y el bombardeo de La Moneda nunca es la única alternativa”.

De acuerdo con cifras oficiales, 3.216 personas fueron asesinadas o desaparecieron forzadamente durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Actualmente, se estima que más de 1.400 personas continúan desaparecidas, y el Programa de Derechos Humanos reporta que el número total de víctimas, incluidas ejecuciones, desapariciones, y casos de prisión política y tortura, supera las 40.000 personas.

(Con información de AP)

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