La ONU denunció la persecución religiosa en Nicaragua y el hostigamiento a las familias de los activistas

Las autoridades nicaragüenses han lanzado un “ataque sistemático contra las organizaciones religiosas” con expulsiones de 42 sacerdotes y seminaristas en el último año, destacó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que también denunció la extensión de la represión contra los activistas a sus familiares.

El director de operaciones y cooperación técnica de la oficina, Christian Salazar, presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe sobre la situación en Nicaragua en los últimos 12 meses, donde destacó un incremento de la persecución a opositores que también alcanza a instituciones religiosas.

“La persecución ha resultado en el cierre de al menos 1.103 de estas entidades desde 2018″, indicó Salazar, quien subrayó que esta represión también se ha traducido en detenciones arbitrarias de religiosos, procesos judiciales sin garantías, secuestros de sacerdotes en sus parroquias o las mencionadas expulsiones.

El ataque a estas instituciones “ha erosionado profundamente el goce del derecho a la libertad de conciencia y de religión, dejando a la sociedad nicaragüense cada vez más desprotegida y silenciada”, indicó el representante de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

El cierre de instituciones jurídicas, agregó, forma parte de la política de cancelación de la personalidad jurídica de todo tipo de organizaciones por parte del régimen de Daniel Ortega.

Tan sólo en un día del pasado mes de agosto se ordenó el cierre de 1.500 de estas organizaciones, 700 de ellas religiosas, lo que eleva el total de disueltas desde 2018 a más de 5.000, recordó Salazar.

“Esto deja a miles de personas sin acceso a servicios esenciales y a muchas más sin empleo, lo que afecta sus medios de vida y exacerba la crisis social y económica en Nicaragua”, agregó.

Respecto al acoso de parientes de activistas y otras personas percibidas como opositoras, el informe denuncia que a éstos “se les prohíbe hablar sobre los casos bajo amenazas de perder el derecho a visitas o de encarcelar a otros familiares”.

Salazar manifestó también preocupación por la reciente modificación del Código Penal y de la ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, reformas que “podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión”, especialmente a los nicaragüenses en el exilio y a extranjeros.

El informe, cuyo contenido ya se adelantó la semana pasada, señalaba que 141 personas seguían siendo retenidas tras detenciones arbitrarias, aunque la semana pasada 135 (posiblemente parte de esa lista) fueron puestas en libertad y desterradas a Guatemala.

El informe de Naciones Unidas documentó al menos dos desapariciones forzadas y 12 casos de torturas en el pasado año, así como “un alto número de personas condenadas tras procesos carentes de juicio justo, sin garantías de debido proceso y bajo cargos fabricados”, recordó Salazar.

También señaló que en julio 11 periodistas se vieron obligados a abandonar el país por temor a represalias, y que entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024 se impidió a al menos 62 nicaragüenses regresar a su propio país por decisión de las autoridades, un ejemplo de un “destierro forzado” con un “impacto devastador”, indicó.

En este sentido, subrayó que “quienes están en el exilio tienen derecho a un retorno seguro y a poder desarrollar su vida en paz en su país de origen”.

En el turno de réplica intervino por videoconferencia, como en sesiones anteriores del Consejo sobre Nicaragua, la procuradora general Wendy Morales, quien acusó a los autores del informe de “descalificar y denigrar de manera infame a nuestras autoridades e instituciones nacionales”.

(Con información de EFE)