“Uno está afuera y caen cenizas como lluvia”: la dramática situación que atraviesan los bolivianos en medio de los incendios

La situación es crítica: cuatro millones de hectáreas arrasadas por el fuego en solo dos meses en Bolivia, según la Fundación Tierra, una entidad privada especializada en la investigación en desarrollo rural sostenible. De esas cuatro hectáreas, un millón está en áreas protegidas.

El fuego inició a finales de junio en el oriente del país, en la región de la Chiquitanía, distante a unos 300 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Desde entonces, los esfuerzos del Gobierno para combatir las llamas no han sido suficientes.

Comunarios y bomberos voluntarios han revelado que realizan turnos de hasta 72 horas seguidas para apagar las llamas por el temor de que los vientos cambien de dirección y afecten comunidades y viviendas. De igual manera, pobladores de comunidades cercanas a Roboré contaron que ante la ausencia estatal se organizan entre ellos para combatir las llamas con los escasos recursos que tienen.

Activistas locales han denunciado falta de atención y recursos por parte del Estado y los pedidos de declaratoria de emergencia nacional se han incrementado a medida que el humo de los incendios invadieron casi todas las ciudades del país.

Este viernes, la bancada opositora de Comunidad Ciudadana ha escrito una carta al presidente Luis Arce para pedirle que de manera urgente declare emergencia nacional. “Esta medida permitirá movilizar todos los recursos y mecanismos disponibles a nivel nacional para extinguir los incendios. Es imperativo también que se solicite colaboración internacional pues la magnitud de esta catástrofe supera nuestra capacidades”, señala el documento.

A este pedido también se sumó el presidente del Senado Andrónico Rodríguez quien, en conferencia de prensa, dijo que “no es un pedido político sino de muchos sectores sociales, incluso de bomberos voluntarios y comunarios porque parece que no es suficiente el esfuerzo que se está realizando desde el Ministerio de Defensa”.

Precisamente el clamor de una bombero voluntaria se hizo viral en las últimas horas. En un video se escucha a la mujer con la voz entrecortada interpelar a las autoridades: “Las manos ya no nos alcanzan, les rogamos intervención internacional (…) sin bosques no hay agua, no hay vida, no hay nada. Por favor declaren desastre nacional solamente eso les pedimos”.

El presidente Luis Arce respondió en su cuenta de X que “hace más de un mes” solicitó apoyo internacional para combatir los incendios y que Brasil y Chile enviarán expertos y brigadistas. De igual forma, indicó que se está gestionando el arribo de bomberos franceses. “Tengan la seguridad de que su Gobierno Nacional seguirá extremando esfuerzos, que no descansa ni descansará hasta apagar el último incendio que haya en el país”.

Testimonios e imágenes de los pueblos chiquitanos revelan que la situación de quienes viven ahí es insostenible. “Hoy (miércoles) ha sido el peor día porque caen cenizas. Uno está afuera y caen cenizas como lluvia”, contó Nicole Justiniano, desde San Javier.

En algunas comunidades han suspendido las clases escolares y han llegado incluso a evacuar a niños y personas mayores para evitar que el humo les dañe más la salud.

Jerome Maurice, propietario de un hotel en San José de Chiquitos, dice que no recuerda haber visto nunca tanto humo y compara la indiferencia de algunas autoridades con la película No mires arriba: “el meteorito se acerca pero nadie lo quiere ver”.

Lejos de ser accidentales, los incendios son provocados para preparar la tierra con fines agrícolas en una práctica tradicional que en Bolivia se denomina “chaqueo”.

Las “quemas controladas” están amparadas por un marco normativo que activistas y organizaciones de la sociedad civil califican de “incendiario”. Estas normas se dividen en dos categorías: por un lado las que generan un “perdonazo” a los desmontes y quemas ilegales realizadas en un periodo determinado, y por el otro lado, las que legalizan y promueven – directa o indirectamente – la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes y las quemas.

Si bien se decretan pausas ambientales y prohibición de quemas en periodos específicos, rara vez se acatan las prohibiciones y el fuego suele expandirse por el viento y la sequía.

“El paquete incendiario es el resultado de unas políticas públicas agropecuarias que han entendido el desarrollo agropecuario como ampliación de la frontera agrícola, que implica deforestación y el uso masivo del fuego de manera irresponsable”, explica Cecilia Requena, senadora y activista ambiental.

Pese a los esfuerzos individuales de algunos legisladores, Requena ve que es difícil hacer un cambio de fondo porque hay intereses de grandes poderes que están en juego. Sin embargo, ve con esperanza que hay un sector cada vez más grande de la sociedad que sabe que esto no puede seguir. “Hay una contrafuerza que está creciendo ante el horror de la propia realidad”, asevera.