
Desde la falta de alimentos hasta la violencia sexual en las cárceles, estas alarmantes situaciones llevaron al Comité contra la Tortura de la ONU a emitir recomendaciones urgentes para que Ecuador enfrente la crisis penitenciaria, que persiste incluso tras la militarización. A pesar de que dichas recomendaciones se emitieron hace más de un mes, en el país siguen proliferando denuncias sobre malos tratos, imágenes de reclusos en condiciones esqueléticas y casos de enfermedades como tuberculosis y VIH sin tratamiento. El gobierno, a través del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), no solo ha mantenido un discurso de seguridad estricta, sino también un notable hermetismo frente las consultas de los periodistas.
El pasado 24 de agosto, la plataforma SOS Cárceles compartió en X el caso de un recluso que cumple una condena por asesinato. Según SOS Cárceles, el hombre identificado como Xavier Gracia Torres “era jornalero y cuidaba una finca” en Esmeraldas, tras defenderse en un ataque “abrió fuego, para evitar ser asesinado por los delincuentes. Fue sentenciado por asesinato a 26 años”. Ese hombre, de 46 años, ahora ingresó a un hospital público de Esmeraldas y según confirmó el director del centro de salud a la familia del preso, “llegó con un cuadro severo de desnutrición y anemia”, según recogió Ecuavisa: “Si las autoridades van a la cárcel de Esmeraldas se encontrarán con un montón de esqueletos caminando”, dijo Oliver Becerra, cuñado de Gracia a la televisora ecuatoriana.
Desde la publicación del caso, el pasado sábado, Infobae ha solicitado al SNAI una confirmación e información sobre el estado de salud del preso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta.

El caso de Gracia no es el único y las denuncias sobre la falta de alimentación en las prisiones tampoco. En mayo de este año, la Defensoría del Pueblo ya alertó sobre las vulneraciones en las cárceles: “En el periodo comprendido entre 9 de febrero al 7 de marzo del 2024 se registraron 24 fallecimientos en diversos centros, por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de personas privadas de libertad (PPL) con signos de desnutrición”.
La Defensoría del Pueblo se refirió a la suspensión del servicio de alimentación en las prisiones. En algunas, esto inició el 1 de mayo, luego de que se terminara el contrato con un proveedor al que el gobierno acusó de monopolizar dicho servicio en los reclusorios. Entonces, también se pidió comentarios al SNAI sobre el exhorto de Defensoría, pero tampoco se atendió a la consulta.

Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, habló con Infobae sobre la situación en las prisiones. Sobre el tema de la alimentación, Bastias contó que recopilaron testimonios de presos que indicaron que los militares a cargo: “No les daban tiempo para comer, los golpeaban, les tiraban la comida, la mezclaban con heces de perro”. Además, en el momento de la comida habría amenazas para que los reos ingieran los alimentos, que son escasos, en poco tiempo: “Si no comes en estos determinados minutos, te tiro la comida a la alcantarilla”, señaló Bastias, quien también explicó que la nueva empresa encargada del suministro de alimentos, no logra completar las entregas de comida: “Hay PPL que se quedan sin comer y cuando piden, el militar los golpea para que no se quejen”.
En ese escenario, tras su periodo de sesiones que culminó en julio de este año, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por los informes que revelan deficiencias en el sistema penitenciario ecuatoriano, incluyendo problemas de alimentación, agua y atención médica, condiciones inadecuadas de higiene, falta de seguridad para reclusos vulnerables como mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidades, discriminación y abuso sexual, además de carencias en programas de rehabilitación y reinserción.
En el caso de las mujeres en prisión, el Comité señaló que alarma: “La falta de seguridad y abusos que sufren las mujeres reclusas, incluidos actos de violencia sexual, explotación sexual a cambio de comida o productos básicos”. El 31 de julio, desde el exilio, la periodista ecuatoriana especializada en seguridad, Karol Noroña, publicó que hay “al menos 15 mujeres embarazadas en las prisiones militarizadas durante 2024″. Estos embarazos serían productos de violaciones pues se registraron antes de que se reactivaran las visitas a las cárceles.

A esto se suma la falta de acceso a la información. Diariamente, varios periodistas ecuatorianos realizan pedidos de información al SNAI, a través de las vías que la institución ha puesto a disposición, sin embargo, las consultas no son respondidas. Para Bastias: “Hay una intención clara en ocultar la información... La presencia militar, la mano dura, es lo único oficial que tenemos y por supuesto tiene una intención electoral, de hacer creer a la opinión pública que es la manera en recuperar el control de los centros penitenciarios”.
Un funcionario del SNAI que pidió la reserva de fuente para preservar su empleo dijo a Infobae que la entidad no puede responder a los periodistas porque todos los contenidos que producen deben recibir la aprobación de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (SEGCOM) y muchas veces no se les permite publicar. Este medio se comunicó con la directora de Relaciones Públicas de la SEGCOM para contrastar esta información y pedir sus comentarios, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.
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