
Dos ex trabajadores y un matrimonio dueño de una empresa del rubro tecnológico, se confabularon para defraudar nada menos que al Banco Estado de Chile, entidad que presentó una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por delito informático, lavado de activos y asociación ilícita para la comisión de lavados de activos. El fraude se elevaría a los $6.100 millones (USD 6,485 millones).
Según explicaron en un comunicado de prensa desde el banco de casi todos los chilenos - unas 14,6 millones de personas tienen la llamada Cuenta Rut, según el último conteo -, se percataron del robo luego de una auditoría interna regular. El tinglado para desviar el dinero lo armaron los responsables en 2021, y fue calificado como “sofisticado”.
“Debido a ello, con fecha 24 de julio del 2024 se presentó una denuncia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y al mismo tiempo el resultado de la auditoría interna permitió sustentar la querella en contra de los responsables de este sofisticado ilícito, presentada el lunes 2 de septiembre”, señalaron, según consignó Cooperativa.
“En dicha querella se amplía la denuncia de delito informático, lavado de activos y asociación ilícita para la comisión de lavados de activos, a todos quienes resulten responsables, por un monto total de $6.100 millones”, detallaron.
Eso sí, desde la entidad financiera aseguraron que “las cuentas, fondos y datos de personas, empresas o instituciones, no están en absoluto afectados por este ilícito y se encuentran bajo total resguardo. De esta forma, no ha habido ni habrá ningún impacto sobre nuestros clientes”, agregaron.
Finalmente, subrayaron que la empresa estatal tiene seguros comprometidos para resguardar su patrimonio.
“La administración del banco, en conjunto con los miles de trabajadores y trabajadoras que conformamos esta institución de 169 años de vida, ejerceremos todas las acciones para perseguir y hacer efectiva las responsabilidades criminales de los partícipes de este delito que afecta al banco de todos los chilenos y chilenas, las que serán oportunamente informadas a la opinión pública”, remataron desde BancoEstado.
Los involucrados
De acuerdo a la querella, a la que tuvo acceso BíoBíoChile, cuatro personas son los autores del robo: un ex trabajador de la institución, otro que aún se mantenía trabajando en ella, y un matrimonio dueño de la empresa informática en cuestión.
Gracias a la auditoría interna desde BancoEstado, pudieron determinar que entre 2021 y 2024 “se efectuaron millonarios depósitos a las cuentas asociadas a una empresa y a una persona natural, a través del mecanismo de inyección automática de fondos, sin justificación”.
En julio de este año, uno de los acusados “prestó declaración en la investigación interna, autodenunciándose y reconociendo que él, en conjunto con un ex trabajador del banco, habían realizado los depósitos, con miras a repartirse el dinero con los beneficiarios”, según reza el medio citado.

Gobierno también se hará parte
En paralelo, el Ministerio de Hacienda ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se haga parte de la querella.
“El viernes 30 de agosto, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 letra k) del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, como asimismo, lo dispuesto en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal que establece el deber de denunciar todo hecho que sea constitutivo de delito, el Ministerio de Hacienda apenas tuvo conocimiento de los hechos, informó de estos al Ministerio Público - mediante oficio reservado- para que proceda a la investigación correspondiente”.
“Asimismo, solicitó a BancoEstado un informe detallado de los antecedentes arrojados en la investigación interna instruida al efecto; informó a la Unidad de Análisis Financiero y solicitó al Consejo de Defensa del Estado presentar una querella contra quienes resulten responsables de los ilícitos”, detallaron.
Finalmente, recalcaron que “el Ministerio de Hacienda espera y le apremia que se esclarezca la totalidad de los hechos y que se pueda identificar y sancionar con todo el rigor que el ordenamiento jurídico dispone a todas las personas que tuvieron participación en los mismos”.
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