El bloqueo de X en Brasil abrió el debate sobre la libertad de expresión y de prensa y polarizó al país

Un grupo de hackers reivindicó el martes una serie de ataques contra el sitio web de la Policía Federal (PF) y el de la oficina jurídica de la familia del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Los sitios del STF y de la agencia que regula las telecomunicaciones, Anatel, también han visto un aumento de los intentos de hackeo desde la víspera de la suspensión de la red social X en el país por una decisión monocrática de Moraes. El grupo afirmó explícitamente que había iniciado sus ataques tras la decisión del juez, el viernes pasado.

Sin embargo, la suspensión de X fue confirmada el lunes por cinco jueces del (STF), junto con multas de hasta 50 mil reales, 8.862 dólares, por día para cualquier usuario que se conecte a la red social a través de una VPN. Esta confirmación encendió aún más el debate en Brasil, especialmente sobre la cuestión de la libertad de expresión y de prensa. Además, según los expertos, es probable que tenga un impacto significativo en las elecciones municipales del 6 de octubre.

Pero son sobre todo las multas a ciudadanos de a pie, ajenas al tira y afloja entre el juez Alexandre de Moraes y el magnate de X Elon Musk, las que también han suscitado las objeciones de los juristas. Para el ex juez del Tribunal Supremo Marco Aurélio Mello, la suspensión es “un acto extremo”, una “medida no buena” que no representa “una evolución cultural, sino un retroceso” y que ha “tenido un impacto en la vida de numerosos ciudadanos a los que se les ha impedido acceder a la plataforma”, dijo a CNN Brasil. El juez también destacó la importancia de la libertad de expresión, que calificó de “cláusula principal de nuestro ordenamiento jurídico constitucional”. Mello recordó entonces que la Constitución protege la comunicación periodística por cualquier medio, incluido Internet, y que ni siquiera la ley puede crear obstáculos a esta libertad.

El abogado brasileño André Marsiglia, experto en libertad de expresión y derecho digital, declaró a Infobae que “es absolutamente ilegal que una decisión judicial sancione o castigue a cualquier persona que no esté directamente relacionada con el proceso. Es decir, es ilegal sancionar a terceros por una controversia que existe entre dos sujetos. Se trata de un principio de legalidad, porque nadie puede ser sancionado sin haber sido ya citado en un proceso en curso”. Se trata del artículo 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual “la sentencia obliga a las partes entre las que se dicta y no produce efectos frente a terceros”.

Hasta ahora, sin embargo, no ha sido posible modificar al menos este punto de la decisión de Moraes. Marsiglia explica a Infobae que nadie puede impugnarla “porque, al menos hasta ahora, nadie ha sido sancionado. El único que puede impugnar esta decisión es el propio X, porque esta decisión se tomó en el marco de su proceso. El problema es que X no tiene representante legal en Brasil, por lo que no puede apelar. Así que sin representante legal, esta decisión, aunque provisional por el momento, se resolverá judicialmente”.

Las repercusiones políticas tanto de la suspensión de X como de la ejecución de las multas no se han hecho esperar. El partido opositor Novo ya ha presentado ante el STF lo que técnicamente se denomina una acusación de incumplimiento de preceptos fundamentales (ADPF), que será juzgada en los próximos días por el juez del STF Nunes Marques. En ella, el partido denuncia una serie de dispositivos de la Constitución que considera violados por la decisión de Moraes, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de prensa, el debido proceso y el derecho a la defensa.

En Brasil, cuyo pasado incluye también la dolorosa fase de la dictadura militar (1964-1985) en la que reinó la censura, es sobre todo el artículo 220 de la Constitución Federal de 1988 el que muchos reclaman ahora. Según este artículo, “la manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la información en cualquier forma, proceso o vehículo no sufrirá restricción alguna”. Para el Partido Novo, “la suspensión del servicio, como en el caso X, afecta no sólo a los ciudadanos comunes, sino también a un actor muy importante en el mantenimiento del Estado Democrático de Derecho que es la prensa”.

La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) también presentó el martes un recurso ante el STF solicitando la supresión de la parte relativa a la sanción para quienes utilicen una VPN para acceder a X. La OAB ya había presentado otro el viernes pasado, dirigido a Moraes, pero no recibió respuesta del juez, según el diario Folha de São Paulo. Así que el martes presentó otro recurso, esta vez dirigido al pleno del STF, compuesto por 11 jueces.

Como señala el periodista Rodrigo da Silva, “X es, entre otras cosas, un canal utilizado para declaraciones oficiales de autoridades de todo el mundo, y muchas de estas declaraciones no están disponibles fuera de él. No faltan periodistas brasileños que necesitan acceder a estos contenidos en su trabajo. Joe Biden, por ejemplo, renunció a la presidencia de Estados Unidos en X. Hoy en día, el simple hecho de confirmar esta información, dada en primera persona en esta red social, podría generar a un periodista brasileño una multa considerablemente superior a su salario. Si un tuit es la fuente principal de una declaración, ¿cómo puede un periodista confirmarla al público sin violar una decisión judicial? En Estados Unidos hay ahora mismo una campaña presidencial. Kamala, Trump, Walz y Vance están en X todos los días, apoyando sus posiciones. Consultarles es el trabajo de quienes informan sobre este importante acontecimiento. Por eso la decisión de Moraes no es sólo un ataque a X. Es un ataque directo a la libertad de expresión. Es un ataque directo a la libertad de prensa, y como tal, es también un ataque frontal a la democracia”. Muchos sitios web o periódicos publican ahora sobre X utilizando corresponsales fuera de Brasil.

Una de las razones aducidas por Moraes en su decisión de suspender X es que esta red social supone un “riesgo muy grave” para las elecciones municipales. “El intento de Twitter International Unlimited Company de colocarse al margen de la ley brasileña, en vísperas de las elecciones municipales de 2024, demuestra su clara intención de mantener y permitir la instrumentalización de las redes sociales, con la difusión masiva de desinformación y la posibilidad del uso nocivo e ilícito de la tecnología y la inteligencia artificial para dirigir clandestinamente la voluntad del electorado, poniendo en riesgo la democracia, como ya se había intentado anteriormente en Brasil y en varios países del mundo por el nuevo populismo digital extremista”, reza un extracto del documento.

Como informa la prensa brasileña, los perfiles del Tribunal Regional Electoral, del Partido de los Trabajadores (PL), de los hijos del ex presidente Bolsonaro, Eduardo, actualmente diputado federal, y Flavio, que es senador y de muchos bolsonaristas que de Moraes había pedido que X bloqueara, continuaron publicando después de la suspensión de la plataforma. La paradoja es que la medida del STF, en vez de atenuar la polarización, ha reavivado la narrativa de elecciones fraudulentas en 2022, que ahora está siendo adoptada incluso por votantes no radicales, exasperados por la idea de ser multados por acceder a X. Una narrativa alimentada por el propio Musk, que en X acusó a Moraes de interferir en las elecciones presidenciales de 2022.

Según un informe del think tank Eurasia, el efecto boomerang podría verse en una participación masiva en la manifestación convocada por Bolsonaro para el próximo 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil. “La principal preocupación a corto plazo de Bolsonaro son los tradicionales mítines del 7 de septiembre, que utiliza para movilizar a sus partidarios y mostrar su influencia política. Un posible fiasco en los mítines de este año podría sugerir que está perdiendo la capacidad de liderar a sus votantes. El caso X puede ayudar a reducir este riesgo”, afirma el informe. En un discurso pronunciado en Londrina el sábado pasado, pocas horas después de la suspensión de X, el ex presidente había hablado de “dictadura”. “Nos despertamos sin X, y me acusaban de ser el dictador”, dijo, añadiendo también que “estamos viendo, cada vez más, quién quería y quién está imponiendo una dictadura en nuestro país”, sin nombrar sin embargo a Moraes.

En cuanto a Lula, apoyó la decisión de Moraes desde el principio. El martes, reiteró que “los tribunales brasileños pueden haber dado una señal importante: el mundo no tiene que soportar la extrema derecha de [Elon] Musk sólo porque es rico”, dijo. El presidente brasileño, a través de su ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, también invitó al juez, junto con el resto del STF, a asistir a la celebración del Día de la Independencia en Brasilia el 7 de septiembre, invitación que Moraes aceptó, según el diario O Estado de São Paulo. Sin embargo, el acalorado debate del momento corre el riesgo de tener un efecto boomerang. Según un sondeo de la consultora Quaest hecho público el 1 de septiembre, “la influencia de Jair Bolsonaro (PL) en las elecciones de 2024 es mayor que la de Lula (PT) en 9 de las 21 capitales. Sólo en 3 ciudades el apoyo a los candidatos de Lula es mayor que a los del ex presidente. En las otras 9 capitales ambos están en empate técnico.

Otra cuestión anima también el debate y es la imagen de inseguridad que Brasil corre el riesgo de dar al exterior. André Marsiglia explica a Infobae que “el caso X muestra inseguridad jurídica por varios factores. El hecho mismo de que la intimación de Moraes haya sido comunicada a Musk a través de la red social X, que ni siquiera es el CEO de la empresa, muestra un error de forma. Toda intimación inválida genera una orden ilegal. Por lo tanto, la orden de suspensión es ilegal. Además, es desproporcionada porque se ha suspendido a X para que pague las multas que debe. Si se suspende la actividad de una empresa, asfixiando su capacidad de seguir operando en el país, no hay ningún incentivo para que la empresa cumpla la decisión de pagar las multas o de tener un representante en el país. Es una orden desproporcionada que daña la isonomía que la Constitución exige, porque hay varios sitios web y empresas que operan hoy en Brasil, incluyendo plataformas y redes sociales, sin representantes legales en el país”.

Además, la otra decisión del juez Moraes de congelar los bienes de la empresa Starlink, que ofrece Internet por satélite, para cobrar las multas que impuso a X puede aumentar la inseguridad jurídica de Brasil, según los expertos. Hugo Garbe, profesor de Ciencias Económicas de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, declaró al sitio brasileño de noticias Gazeta do Povo que “el 60% de los recursos de la bolsa brasileña proceden de fondos internacionales y que el bloqueo de las cuentas de X y Starlink puede hacer que éstos revalúen sus decisiones de inversión”. Marcelo Faria, director general del Instituto Liberal de São Paulo (ILISP), afirma que “basta pensar con la cabeza de un inversor que descubre que la base jurídica de su inversión puede cambiar en cualquier momento. ¿Seguiría invirtiendo millones de dólares en este país o se iría a otro? La respuesta me parece obvia”, declaró a Gazeta do Povo.

Mientras tanto, Starlink, después de decir que no aceptaría la orden de bloquear X en Brasil, ha vuelto sobre sus pasos y lo bloqueará. El propio Musk escribió en su red social que “invertir en el Brasil” de Lula “es una locura”. Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital, una gestora que gestiona unos 16.000 millones de dólares, también declaró en X que “el cierre ilegal de X y el bloqueo de las cuentas de Starlink pone a Brasil en una vía rápida para convertirse en un mercado ininvertible”, escribió. Sólo los próximos días dirán si el impasse entre el STF y X encontrará una solución o si el bloqueo continuará con todos los problemas que está poniendo de manifiesto.