Internación compulsiva en Uruguay: comenzó el traslado de personas que viven en la calle y presentan diversos trastornos y enfermedades

Uruguay comenzó a aplicar hace una semana la internación compulsiva, un mecanismo legal que permite el traslado de personas que están a la intemperie y atraviesan una descompensación por patologías psiquiátricas o consumo de drogas. La norma, cuestionada por algunos actores de la sociedad civil, permitió atender a al menos nueve personas en los primeros días en los departamentos de Montevideo, Treinta y Tres y Durazno.

Se trata de personas que tienen entre 32 y 76 años, informó El País. En varios casos son transeúntes y vecinos de diferentes barrios de Montevideo que padecen múltiples enfermedades cada uno. Los traslados ocurrieron luego de denuncias telefónicas.

La normativa permite que cualquier persona que viva en la calle pueda ser internada, incluso sin su consentimiento, en los casos en que represente un riesgo para sí mismo o para terceros. Los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) deben coordinar la asistencia con el prestador de salud estatal ASSE (Asociación de Servicios de Salud del Estado). Los equipos médicos serán los que certificarán que la persona requiere internación para ser compensada y se encargarán de trasladarla a un centro de salud cercano. Si el afectado no accede a ese traslado, los funcionarios solicitarán la intervención de la Policía.

Cuando la persona se recupere en el sanatorio, el Mides debe ofrecer alternativas para que no vuelva a la vida callejera. Algunas opciones que tiene disponible la cartera son los hogares asistidos o las denominadas “casas de medio camino” que gestiona el ministerio. Según la patología que tenga la persona, se definirá su destino.

Entre las personas trasladadas, hay una de 60 años que tiene VIH, padece esquizofrenia, un deterioro cognitivo y es consumidor crónico de pasta base. Otro traslado fue el de un individuo de 76 años, que tenía problemas de consumo de alcohol, además del deterioro cognitivo. A otra persona de 55 años se la derivó por una patología psiquiátrica.

Lo mismo que a otro de 54 años, que además es consumidor crónico de pasta base. Una persona de 42 años con psicosis crónica, que al momento de su detección estaba sin tratamiento, fue otro de los traslados. A un hombre de 39 años se le detectó un trastorno psicótico y esquizofrenia. Y otro individuo, de 53 años, también padece esquizofrenia y tiene un nivel cognitivo descendido.

A una persona de 32 años se le detectó una patología psiquiátrica y un nivel cognitivo descendido. Y además fue derivado otro hombre, de 47 años, con bajo peso y consumo problemático de alcohol.

La directora de Protección Social del Mides, Fernanda Auesperg, dijo que se han detectado dos casos complejos al momento de llevar adelante el traslado. Se trataba del caso de una persona con un cuadro respiratorio de tal magnitud que hacía que no se pudiera quedar a la intemperie. Y en otro de los casos, la intervención se hizo en momentos en que la persona sufría un coma por intoxicación al consumir drogas.

La Sociedad de Psiquiatría se expresó en contra de que se aplique la internación compulsiva. En un comunicado señalan que comparten la preocupación por el aumento de las personas y los problemas de quienes viven en la calle, pero aseguran que se trata de una situación compleja con “múltiples determinantes” y aseguran que la resolución debe involucrar a toda la sociedad.

Los psiquiatras recuerdan que la Ley de Salud Mental establece un marco para la internación involuntaria y recuerdan que “en ningún caso la hospitalización será indicada o prolongada para resolver problemas sociales o de vivienda”.

La modificación legal surgió como una respuesta a un reclamo de la sociedad civil. El colectivo Madres del Cerro, integrado por familiares de adictos, fue uno de los grupos que más solicitó esta modificación. “Nos han reclamado que las personas cuando tienen un consumo problemático han perdido su libertad. La idea entonces es restituir los derechos de esas personas”, expresó el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra.