Xiomara Castro rompe el tratado de extradición con Estados Unidos y protege a su entorno sospechado por narco

Una publicación en redes sociales bastó al gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para deshacerse del tratado internacional que ha dado vida legal a la extradición de nacionales hondureños a Estados Unidos y que ha sido, durante una década, la principal herramienta jurídica para desmantelar a las grandes organizaciones de narcotráfico en el país centroamericano y para juzgar, en cortes estadounidenses, a los políticos que facilitaron el paso de cocaína por la ruta centroamericana, incluido Juan Orlando Hernández, el antecesor de Castro.

El pasado jueves, cumpliendo una instrucción que la presidenta hizo pública a través de su cuenta en la red social X, el canciller hondureño Enrique Reina informó que había denunciado el tratado de extradición firmado por Estados Unidos y Honduras en 1912. En la práctica, según académicos consultados, eso significa que la legislación pierde vigencia.

La cancillería, a través de un escrito oficial, informó que había comunicado a la embajada estadounidense en Tegucigalpa la decisión de “dar por terminado” el tratado. La explicación del gobierno hondureño sobre la decisión es que se trata de una respuesta a los intentos de “injerencia” de la embajadora estadounidense en Honduras.

Castro también ha dicho que eliminar la extradición prevendrá “intentos golpistas”. Lo cierto es que la decisión de la mandataria llega en momentos en que su esposo, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, ve resurgir viejas acusaciones por complicidad con el narco y en medio de la posibilidad de que Estados Unidos lo requiera para que dé explicaciones.

Fue con este tratado que la presidenta Castro dio por terminado que los gobiernos de Honduras y Estados Unidos pudieron llevar ante la justicia a los líderes políticos de las organizaciones criminales que convirtieron al país centroamericano en un narcoestado entre 2010 y principios de esta década. Infiltrada en sus niveles más altos por ese crimen organizado, la justicia hondureña había sido incapaz de capturar y enjuiciar a los capos.

Cuando, en 2014, empezaron a caer los líderes de los clanes narcos hondureños más importantes, como el de Los Valle Valle o Los Cachiros, sus capturas ocurrieron a pesar del Estado. Los casos de los capos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle son ejemplos: ambos fueron capturados en un operativo coordinado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el jefe de la Policía Nacional de Honduras, el general Ramón Sabillón, a espaldas del entonces presidente, Juan Orlando Hernández, según consta en documentos judiciales estadounidenses.

Y no fue hasta que Hernández salió del poder, en 2022, que el gobierno de Castro lo extraditó a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado entre febrero y marzo de este año. En aquel juicio, realizado en Nueva York, quedó establecido que el expresidente había utilizado todo el poder político del Estado para favorecer a los narcos e, incluso, para hacerse él mismo con parte del negocio. La caída final de JOH, como se conoce al exmandatario por sus iniciales, no hubiese sido posible sin el tratado de extradición.

Tampoco hubiesen sido posibles las capturas, extradiciones y enjuiciamientos de otros políticos y funcionarios hoy declarados culpables de narcotráfico, como el exdiputado Juan Antonio Hernández, hermano de JOH, el jefe policial Juan Carlos Bonilla Valladares o Fabio Lobo, hijo de Porfirio Lobo, otro expresidente. Todos ellos están presos en Estados Unidos. En Honduras nadie los persiguió durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que controlaba también el Ministerio Público, encargado de la persecución penal.

El juicio a Hernández en Estados Unidos arrojó luz sobre otro hecho político que ahora parece trascendental en Honduras: la colusión con el narco nunca fue exclusiva del Partido Nacional, el hogar político de JOH y del expresidente Lobo; con los narcos también se encamaron líderes del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación, conocido como LIBRE, al que pertenecen la presidenta Castro y su esposo Manuel Zelaya, hombre fuerte en el gobierno actual.

El apoyo del gobierno de Xiomara Castro a la extradición, expreso e inmediato durante los procesos de extradición de Juan Orlando Hernández, se fue apagando cuando los mencionados empezaron a ser personas más cercanas al actual gobierno.

Los vientos políticos en torno a la extradición cambiaron cuando el exministro de seguridad de Castro, el general Ramón Sabillón -el mismo policía que en 2014 había capturado a Los Valle-, detuvo al exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, un político que también fue funcionario durante el gobierno de Manuel Zelaya, quien gobernó Honduras entre 2006 y 2009. Martínez Turcios ha sido señalado por autoridades estadounidenses de dirigir operaciones de narcotráfico y de cometer varios asesinatos.

Sabillón detuvo a Martínez Turcios dos días antes de la Nochebuena de 2022, amparado en una petición de extradición hecha por Estados Unidos. El exfuncionario de Zelaya fue enviado hacia el norte en marzo de 2023.

De acuerdo con un extenso informe periodístico del portal Reporteros de Investigación (RI), publicado en febrero de este año, la captura de Martínez Turcios puso nerviosos a varios en el oficialismo hondureño cercanos a la presidenta Castro. RI, de hecho, se adelantó a lo que acaba de ocurrir con la decisión presidencial de denunciar el tratado de extradición con el argumento de “injerencia” extranjera: “La posibilidad de que Martínez revele información sobre sus nexos políticos para el tráfico de cocaína… plantea interrogantes sobre cómo reaccionarán quienes aprueban la extradición de Juan Orlando Hernández a Nueva York. Es probable que si el diputado habla, los juicios sean calificados como una injerencia en asuntos internos…”, planteaba el portal a principios de 2024.

La denuncia del tratado de extradición ocurre, además, a pocos días de que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, hizo pública una lista de funcionarios, políticos y otros que son sujetos de interés en varias investigaciones sobre narcotráfico abiertas por el Ministerio Pública tras el juicio a Juan Orlando Hernández en Nueva York, donde estas personas fueron mencionadas como supuestos cómplices de los narcos. En la lista están los nombres de Manuel Zelaya, el esposo de la presidenta Castro, y de Carlos Zelaya, su cuñado y vicepresidente del congreso.

La decisión de Castro de anular la extradición con Estados Unidos ha generado las reacciones ya anunciadas. Los incondicionales del oficialismo, en general, han ondeado la bandera de la injerencia. La oposición, incluido el expresidente Hernández, preso en Nueva York, no se han guardado las críticas. “Jamás se me ocurrió denunciar el tratado de extradición. Jamás”, escribió JOH en una carta publicada el pasado jueves.

Más allá del barullo partidista, la sociedad civil, con matices sobre el asunto de la injerencia extranjera, ha cuestionado la decisión de la presidenta Castro.

“Estamos conmocionados en Honduras con la intención pública del gobierno de eliminar el tratado de extradición sabiendo que ha sido el único alivio ante tanta corrupción que el Estado hondureño no ha sido capa de enfrentar”, opina Gabriela Blen, de la no gubernamental Articulación Ciudadana para la Transparencia y la Justicia (ATPJ).

Las críticas, aunque desde el anonimato, también llegan de las entrañas del oficialismo. “La situación es muy fuerte… Se perdió todo ya”, dijo a Infobae un funcionario del gobierno de Castro quien aceptó opinar bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Pro-Honduras Network, un centro de investigación que ha estudiado de cerca la extradición de políticos y narcos hondureños y ha cubierto exhaustivamente los juicios en Nueva York, cuestionó el papel de Estados Unidos en algunos casos pero criticó la denuncia del tratado. “La intromisión en asuntos internos… sobre asuntos que solo corresponden a los hondureños son lamentables y condenables, pero eliminar el tratado de extradición solo beneficia a los que por años han destruido nuestro país y han gozado de total impunidad”, escribió la organización en sus redes sociales.

Todo empezó con un vídeo. Héctor Manuel Zelaya, el ministro de defensa de Honduras, camina junto a Vladimir Padrino, su homólogo venezolano, durante una visita oficial del primero a Caracas. Las imágenes, publicadas por medios del país centroamericano, llegaron con más información: Zelaya y Roosevelt Hernández, el jefe de las fuerzas armadas hondureñas, estaban en Venezuela para acompañar un evento deportivo militar. La ola expansiva, política y diplomática que generó aquella fotografía ha sido brutal.

Zelaya, sobrino de la presidenta hondureña Xiomara Castro, se reunió con Padrino el 20 de agosto pasado. El encuentro generó una fuerte respuesta de Estados Unidos a través de la embajadora Laura Dogu, jefa de misión de Washington en Tegucigalpa, quien dijo estar preocupada “por lo que ha ocurrido en Venezuela; fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de defensa (de Honduras) y el jefe del estado mayor (de las fuerzas armadas, el general Hernández) sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela”, dijo la diplomática a periodistas en Honduras una semana después de la reunión en Caracas.

Vladimir Padrino es uno de los funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro que ha sido sancionado por los Estados Unidos, que lo considera un capo del narcotráfico.

Washington sancionó por primera vez a Padrino en septiembre de 2018 y lo acusó, entre otras cosas, de manipular a las fuerzas armadas para garantizar el apoyo de los uniformados a la dictadura chavista. En 2023, el dictador Nicolás Maduro lo ratificó en el cargo para, entre otras cosas, mantener el respaldo del ejército en momentos complicados, según un análisis publicado por Infobae.

Ocho meses después, en mayo de 2019, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a Padrino de narcotráfico en la jurisdicción del Distrito de Columbia, en la capital estadounidense. En el documento de acusación, el fiscal Arthur G. Wyatt, jefe de la Sección Antinarcóticos de la División Criminal del DOJ, detalló que, según sus investigaciones, el oficial venezolano era parte de una conspiración internacional para introducir cocaína en los Estados Unidos. La ruta que seguía esa droga, dice el documento estadounidense, pasaba por Honduras, Belice y Guatemala en Centroamérica.

En su investigación de principios de 2024, el portal Reporteros de Investigación, citando entre otras fuentes de la inteligencia estatal hondureña, plantea que Midence Oquelí Martínez Turcios era parte de esa conspiración con narcotraficantes venezolanos: “Ayudó a entrenar a sus asesinos, o sicarios, y coordinar la seguridad fuertemente armada para los cargamentos de droga que llegaron a Honduras desde Venezuela y Colombia y fueron vendidos a miembros y asociados del Cartel de Sinaloa para su importación a los Estados Unidos”, escribe el portal.

Un oficial hondureño de inteligencia confirmó a Infobae que Martínez Turcios se asoció con la banda Los Cachiros, la cual controlaba las rutas del norte hondureño a principios de siglo, para facilitar el tráfico de cocaína.

Con la captura de este exfuncionario se abrió por primera vez la posibilidad de que los procedimientos judiciales en Estados Unidos toquen más de cerca a Manuel Zelaya, el expresidente y esposo de la actual mandataria hondureña, por la cercanía política que alguna vez hubo entre ambos.

El nombre de Zelaya, además, fue mencionado en el juicio a Juan Orlando Hernández en Nueva York. Fue Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros condenado también en Estados Unidos por narcotráfico y testigo de cargo en el juicio a JOH, quien aseguró ante el jurado que él había sobornado a Manuel Zelaya para garantizar el libre paso de la droga. Rivera Maradiaga dijo lo mismo sobre Carlos Zelaya, el vicepresidente del Congreso y funcionario clave para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Después del juicio a JOH, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ha llamado a Mel y Carlos Zelaya, entre otros funcionarios, a que se presenten a entrevistas en el Ministerio Público relacionadas con investigaciones abiertas en Tegucigalpa después del juicio a Hernández. El fiscal aún no presenta cargos contra los dos políticos, y no está claro si lo hará. Lo cierto es que ahora, con el tratado de extradición en punto muerto, es poco probable que los hombres cercanos a la presidenta Castro terminen, si es el caso, en la misma situación que el expresidente Hernández, quien sí tuvo que responder por sus actos ante un jurado y juez estadounidenses.