Preocupación en Brasil por la lenta recuperación de los municipios afectados por las devastadoras inundaciones en Rio Grande do Sul

Más de 110 días después de que las inundaciones del pasado mes de mayo asolaran el estado brasileño de Rio Grande do Sul, en el sur del país, la reconstrucción es lenta. Casi el 90% de los municipios sigue en estado de calamidad o emergencia, mientras que las viviendas prometidas para los que perdieron sus casas no se han entregado hasta ahora. Según datos del Observatorio de Clima y Salud de la Fundación Oswaldo Cruz, las inundaciones afectaron a 2,5 millones de personas y a 1,3 millones de viviendas en las zonas de riesgo.

Termómetro del impasse en esta reconstrucción fue la decisión anunciada en los últimos días por el ministro de la Secretaría de Comunicación Social (SECOM) de la Presidencia de la República, Paulo Pimenta, de dejar la dirección de la Secretaría Extraordinaria creada en Rio Grande do Sul para gestionar la emergencia. Pimenta, natural de la zona -nació en el municipio de Santa Maria- y del mismo Partido de los Trabajadores (PT) que Lula, ha decidido volver como ministro a partir del 12 de septiembre, poco antes del vencimiento de la medida provisional que había creado su cargo, ocupado desde el 15 de mayo. Según el diario Folha de São Paulo, “la lectura de los aliados de Pimenta es que se ha encontrado en medio de un fuego cruzado en el Estado, entre opositores y aliados del Gobierno, que se agravará hasta octubre, con la campaña electoral”. Así pues, es probable que la cuestión de la reconstrucción se convierta en el centro de la agenda política de las próximas elecciones, no sólo en Rio Grande do Sul, sino en todo Brasil, que sigue siendo azotado por fenómenos extremos, como demuestran los múltiples incendios de los últimos días, desde la Amazonia hasta el estado de San Pablo.

En Rio Grande do Sul, sin embargo, la situación parece más complicada. Según datos del gobierno del estado y del Ministerio de Transportes, 2.846 personas aún no han podido regresar a sus hogares y viven en centros de acogida creados durante la emergencia, mientras que 2.815 km de carreteras siguen intransitables. 38 tramos de autopista continuan bloqueados. Los jóvenes también están pagando el precio, ya que 14.742 alumnos están estudiando a distancia o en modo híbrido debido a los daños estructurales de muchos edificios escolares. Aunque la reapertura del principal aeropuerto de Rio Grande do Sul, el Salgado Filho de Porto Alegre, ha sido un símbolo de renacimiento y del fin del aislamiento geográfico provocado por la catástrofe, muchas de sus pistas siguen inutilizables. La previsión es que las operaciones no se reanuden hasta octubre como muy pronto. Pero, sobre todo, aún no han comenzado las obras fundamentales para asegurar las estructuras que causaron el desastre, para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias similares con las primeras lluvias, más abundantes de lo normal. En la capital del estado, Porto Alegre, por ejemplo, aún no ha comenzado la reconstrucción del sistema de contención del lago Guaíba, en particular el muro de la avenida Mauá, cuya ruptura provocó la inundación de la ciudad.

La semana pasada, el gobernador del estado de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), se reunió con el presidente Lula en Brasilia para reforzar tres reivindicaciones, empezando por la ampliación del programa de subsidios de emergencia. A esta petición se añadieron las de facilitar y agilizar la concesión de créditos a las empresas afectadas por la tragedia y la solicitud de medidas más contundentes de apoyo al agronegocio en su región. En un comunicado oficial publicado en sus redes oficiales, Leite, al tiempo que agradeció al presidente Lula la ayuda prestada por su administración a los afectados por las inundaciones, afirmó que no dejaría de “pedir e incluso quejarse, si fuera necesario” y que no crítica para “fustigar al gobierno”, sino para “mejorar y entregar a la población lo que se propone”. Las tensiones con el gobierno han aumentado especialmente en relación con la cuestión del arroz. A pesar de que los agricultores de Rio Grande do Sul, que suministran una media de casi el 80% del grano brasileño, habían garantizado la continuidad del abastecimiento en todo el país, el gobierno había optado por una subasta internacional con venta de arroz en paquetes de marca gubernamental a precios populares. La polémica y las críticas de corrupción y conflicto de intereses por parte de los funcionarios implicados en la subasta hicieron que el proyecto quedara aparcado, al menos por el momento. Al final, según anunció en junio el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Rio Grande do Sul producirá este año el 69,3% de todo el arroz brasileño, a pesar de las inundaciones.

El pasado mes de julio también surgieron tensiones entre el gobernador Leite, que exigía más fondos federales, y el ministro Pimenta, controversia que contribuyó a la decisión del ministro de abandonar su puesto en Rio Grande do Sul y regresar a Brasilia.

La cuestión de la vivienda para los supervivientes también ha dividido a los gobiernos central y estatal. En mayo, en sus dos viajes a la región, el presidente Lula había dicho que “todos los que perdieron una casa tendrán su propia casita”. También había anunciado que el gobierno federal compraría los pisos no vendidos a las grandes constructoras a un precio acordado para proporcionar un techo a los supervivientes de la tragedia. El gobierno emitió también una ordenanza para comprar 42.000 casas prefabricadas. En julio, otra ordenanza para comprar 11.500 casas más, proponiendo también un incentivo del 5% para los proveedores que las entregasen en un plazo de 10 meses. Hasta ahora, sin embargo, los habitantes de Rio Grande do Sul, que lo perdieron todo en las inundaciones, no han recibido nada. Al final, el gobierno local tuvo que recurrir a casas de emergencia, en forma de containers-vivienda. Se anunciaron 500 de ellas. De momento, sin embargo, sólo se han entregado unas 30 en el municipio de Encantado. Fueron los propios políticos quienes admitieron que el principal problema era la lentitud burocrática. En una entrevista concedida en julio al semanario Veja, el ministro Paulo Pimenta la calificó de “agotadora”. Para el gobernador Leite, “muchas medidas anunciadas tienen una reglamentación compleja para acceder a los fondos y acaban por no aplicarse, lo que crea un desajuste entre lo que se anuncia y lo que realmente ocurre”. El alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), afirmó que “todavía no hay compra de inmuebles” porque las ordenanzas “se publicaron tarde”.

El gobierno de Rio Grande do Sul había anunciado en mayo una especie de Plan Marshall para que el estado pudiera recuperarse de la tragedia. Se trata del plan “levantarse de nuevo” (“Volta por cima” en portugués) que prevé una inversión de 240 millones de reales, 42 millones de dólares. A ello se añadieron otros fondos, también del estado de Rio Grande do Sul, por un total de 1.540 millones de reales, 272 millones de dólares. Pero hasta ahora sólo se han pagado 2.500 reales (442 dólares) a cada familia damnificada por las inundaciones. En cuanto al gobierno de Lula, se habían prometido 90.000 millones de reales (15.924 millones de dólares), de los cuales 77.000 millones de reales (13.624 millones de dólares) en fondos específicos para la emergencia. Hasta ahora sólo han llegado 22.000 millones de reales (3.892 millones de dólares), y eso en agosto. A este panorama se añade un problema que probablemente se agravará en las próximas semanas y meses. De hecho, muchos municipios, incluida la capital del estado, Porto Alegre, para ayudar a sus conciudadanos, han suspendido el impuesto de bienes inmuebles sobre las viviendas de las regiones más afectadas, con lo que sólo en Porto Alegre se han perdido unos ingresos de 180 millones de reales, unos 32 millones de dólares.

Además, hay que tener en cuenta otros dos factores: la salud y la seguridad. De mayo a julio, 25 personas murieron en el estado de Rio Grande do Sul a causa de la leptospirosis, enfermedad que se transmite por la orina, sobre todo de las ratas, y que estalló a causa de las inundaciones y el consiguiente estancamiento del agua. Datos de la Secretaría de Salud del estado de Rio Grande do Sul informan de que también se han confirmado 546 casos de personas que han contraído la enfermedad sin haber muerto a causa de ella. Además de la leptospirosis, se registraron 10 casos de tétanos y 25 de hepatitis A, así como 959 incidentes causados por animales venenosos, lo que demuestra que la situación en este estado del sur sigue siendo difícil.

En cuanto a la seguridad, se han registrado numerosos casos de robo y saqueo de casas abandonadas por personas que huían de las inundaciones durante la emergencia. Según el sitio de noticias de defensa Defesanet, “rápidamente quedó claro que en los primeros días de la catástrofe no había ningún plan de contingencia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Rio Grande do Sul. Con un sistema de seguridad pública deficiente y una gran demanda, los delincuentes y oportunistas practicaron una oleada de delitos de diversa naturaleza. Desde el saqueo de viviendas, tiendas comerciales y negocios hasta robos y hurtos en barrios con calles casi desiertas, incluidos equipos de rescate como embarcaciones y sus motores”. Los narcotraficantes también han aprovechado la emergencia, como demuestran algunas incautaciones importantes de marihuana, como las 29 toneladas incautadas el 29 de mayo en un camión que transportaba maíz del estado central de Mato Grosso do Sul a Rio Grande do Sul. Unos días antes se habían incautado otras cuatro toneladas de marihuana en el vecino estado de Paraná, en el interior de un camión de donación de alimentos con destino al epicentro de la catástrofe. Probablemente, los narcotraficantes pensaron que podrían aprovechar la situación para mover grandes cantidades de droga, pero al final el despliegue de las fuerzas de seguridad los limitó, al menos de momento. El problema es que, una vez superada la emergencia y relajado el control de las fuerzas de seguridad, los narcotraficantes vuelven a aprovechar una situación que sigue siendo complicada para llevar a cabo sus negocios ilícitos y traer cocaína de otros estados brasileños. En julio se incautó media tonelada de cocaína en las afueras de Porto Alegre, la mayor incautación jamás realizada por la policía civil de Rio Grande do Sul. Los delincuentes se habían unido en un «consorcio», como lo denominaron los investigadores, para introducir cocaína desde el exterior. Un esquema que probablemente continuará si no se inicia la reconstrucción en su totalidad.