El auge de la llamada economía colaborativa a través de plataformas digitales encendió una señal de alarma en los empresarios hoteleros de Uruguay. Veían que ese camino daría lugar a una “competencia desleal”, dado que el alquiler de una vivienda se podría concretar con menores exigencias. Esa alerta se convirtió en un reclamo que dio origen a un proyecto de ley que regula las actividades de alojamiento turístico de inmuebles.
En los últimos meses de la legislatura, el proyecto de ley fue aprobado por el Senado y ahora pasa a la Cámara de Diputados. En el sector empresarial insisten con que el texto se trate antes del cierre de este período de gobierno porque, de lo contrario, la propuesta se archivaría y el trámite deberá volver a empezar.
La ley aprobada en el Senado busca regular el “hospedaje transitorio, en condiciones de inmediata ocupación”, que ofrece uno o más servicios y en el que los propietarios, administradores o explotadores reciben un beneficio económico. Estas modalidades de alojamiento pasarán a llamarse, si se aprueba la ley, “inmuebles de uso turístico”.
Una de las claves de este proyecto de ley es el tiempo en el que está en alquiler. Para que sean considerados alojamientos turísticos el arrendamiento se debe dar en zonas turísticas por un plazo superior a los 120 días.
El proyecto de ley establece una serie de obligaciones para quienes estén incluidos en esta definición. Los propietarios, administradores o explotadores de los inmuebles deben hacer una declaración jurada en el Registro de Operadores Turísticos del Ministerio de Turismo (Mintur).
Además, deben tener actualizado ese registro (que debe ser exhibido cada vez que se ofrece el inmueble) y están sometidos a controles e inspecciones por parte del Mintur.
Los propietarios también deben informar a esa secretaría de Estado la cantidad de turistas que se alojaron y la cantidad de días en los que se prestó el alojamiento, además de otras informaciones que se puedan incluir en la reglamentación de la ley.
El Ministerio del Interior –encargado de la seguridad– es otro de los organismos estatales que recibirá información si el proyecto se convierte en ley. Los propietarios deben enviarle el nombre, el documento de identidad y el país de procedencia. Estos datos deben ser almacenados durante cinco años.
Los turistas, además, deben otorgar previamente el consentimiento para el uso de los datos de parte de los propietarios.
Tras la aprobación en el Senado, empresarios de Punta del Este presionan para que se convierta en ley en la Cámara de Diputados. “Urge la aprobación de la ley de vivienda turística”, expresaron en un comunicado firmado por la Liga de Punta del Este, la Cámara Empresarial de Maldonado, la Cámara Inmobiliaria, la Corporación Gastronómica, el Centro de Hoteles y el Consorcio Grupo Puerto.
“Al margen de que se trata de una normativa de toda justicia para su funcionamiento durante todo el año, el advenimiento de una nueva temporada pone de manifiesto una vez más que, del dicho al hecho, el camino es mucho más largo de lo que es necesario y, a esta altura, ya imprescindible”, expresaron.
Los empresarios advierten que, sin la aprobación del texto, Uruguay no dará “una nueva muestra” de ser un país que promueva “la libertad en un marco de respeto por los principios y normas que aseguran” la igualdad de oportunidades.
Con el régimen actual, no solo permiten que se “omita el pago de impuestos que corresponden” y expone “los destino del país al desprestigio que genera las praxis sin control y la falta de rigurosidad en cuestiones de seguridad”, agrega el texto.
Los empresarios piden que los diputados consideren este texto con “urgencia” para que sea tratado de inmediato.