La Policía chilena detuvo a 34 sospechosos en un operativo contra el Tren de Aragua

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile llevó a cabo un imponente operativo en la región costera de Viña del Mar, deteniendo a 34 sospechosos, incluidos ciudadanos venezolanos y el presunto líder local de la organización criminal Tren de Aragua. Esta operación, que utilizó a unos 450 efectivos, también resultó en la incautación de drogas, armas y dinero, y forma parte de una investigación más amplia para combatir el crimen organizado.

El subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, Hugo Haeger, detalló que 11 de los detenidos son ciudadanos venezolanos, “que prontamente van a ser puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar”.

Durante el operativo, se allanaron 69 domicilios en Limache, Villa Alemana y Viña del Mar, con un enfoque especial en delitos de lavado de activos vinculados a la organización criminal.

La investigación se coordinó con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y la Fiscalía Especializada en Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), quienes señalaron que la organización ya estaba establecida en la región hace varios meses. Además, se hallaron conexiones de la banda criminal con tres homicidios aún bajo investigación.

“Tenemos suficientes indicios para determinar la responsabilidad de esta organización y de varias personas en particular”, afirmó Haeger. El crimen más reciente fue “una persona que falleció a causa de múltiples impactos balísticos hace un mes aproximadamente”, añadió el subdirector.

Estos esfuerzos forman parte de la estrategia del gobierno del presidente Gabriel Boric para enfrentar la creciente crisis de seguridad en Chile, agravada por un aumento significativo de los homicidios atribuidos a conflictos entre bandas armadas. Solo en agosto, se registraron 30 homicidios en el área metropolitana de Santiago.

En respuesta, Boric hizo un llamado a los partidos políticos para unir fuerzas contra el crimen organizado y el narcotráfico, identificando estos problemas como los mayores enemigos del país.

El gobierno también ha implementado una reforma del Código Penal que endurece las penas para los reincidentes y otorga más poderes investigativos a las fuerzas de seguridad, además de garantizar mayor protección a los actores institucionales involucrados en la lucha contra el crimen.

A principios de julio, la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá, anunció la formación de una fuerza conjunta, integrada por la PDI y la policía militarizada Carabineros de Chile, en respuesta a una serie de actos violentos inconexos que días antes habían cobrado la vida de al menos 18 personas en la región metropolitana y la comuna costera de Viña del Mar.

En declaraciones a la prensa, Toha, quien expresó la “gran preocupación” del Gobierno, explicó que esa nueva fuerza contaría con el apoyo del Ministerio Público e incluirá un refuerzo de fronteras y una mayor fiscalización de armas a nivel territorial.

“Son delitos extremadamente graves, personas que perdieron la vida, homicidios, despliegue de armamento, en donde incluso víctimas han sido menores de edad (...) se requiere hacer un esfuerzo adicional”, afirmó la ministra tras una reunión de emergencia con las jefaturas policiales en el palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.

La acción actual del Estado “ha implicado el despliegue de recursos extraordinarios, capacidades a las instituciones y esfuerzos de coordinación” recalcó Toha antes de admitir, sin embargo, que los resultados positivos alcanzados en otras regiones del país no se habían replicado en la zona capitalina.

La escalada de violencia se relaciona con la ola migratoria reciente y la aparición de grupos criminales extranjeros como el Tren de Aragua, una organización delictiva internacional originaria del estado venezolano de Aragua. Esta banda, que comenzó como una pandilla carcelaria, ha extendido su presencia a diversos países latinoamericanos, incluidos Perú, Colombia y Brasil.

(Con información de EFE)