En México y Brasil, los esfuerzos anticorrupción parecen haberse esfumado

A pesar de una ola de casos de corrupción que han ocupado los titulares de los periódicos, la dura verdad es que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han relegado las medidas anticorrupción a un segundo plano en los últimos años, mientras que los votantes se han movilizado menos en torno a la cuestión. Con unas pocas excepciones -como en Guatemala en agosto pasado- las promesas anticorrupción ya no definen las elecciones latinoamericanas.

Esto es especialmente cierto en los dos países más poblados de la región, Brasil y México, que en la última década mostraron destellos de esperanza a través de investigaciones de corrupción de alto perfil como la Operación Lava Jato. Sin embargo, más recientemente, han luchado con una corrupción arraigada y una voluntad política limitada para abordar los problemas relacionados. En los últimos cinco años, ambos países han enfrentado un camino particularmente problemático en la lucha contra la corrupción, según lo mide el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), copublicado por Control Risks y la Americas Society/Council of the Americas (que publica Americas Quarterly). El índice evalúa y clasifica a 15 países latinoamericanos en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

En el Índice CCC 2023, la puntuación de Brasil se estabilizó justo por encima del promedio regional, mientras que la de México cayó por cuarto año consecutivo (la próxima edición del Índice CCC se publicará en 2025). En ambos países, la retórica contra la corrupción ha demostrado ser más fuerte que su capacidad para combatirla.

Desde que se lanzó el Índice CCC en 2019, la trayectoria de la región en materia de lucha contra la corrupción ha estado bajo tensión. La atención se ha desplazado hacia otros temas, como la pandemia de COVID-19 y la posterior recuperación económica, el aumento de la delincuencia y, en algunos casos, el retroceso democrático. Los recientes acontecimientos relacionados con la corrupción ponen de relieve tendencias preocupantes, desde acusaciones de que las investigaciones de alto perfil tienen motivaciones políticas hasta nombramientos clave que corren el riesgo de hacer descarrilar los esfuerzos anticorrupción.

Al mismo tiempo, la colaboración entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y sus homólogos en América Latina sigue siendo sólida. Algunos ejemplos son el Grupo de Trabajo Anticorrupción del DOJ, cuyo objetivo es combatir la corrupción en América Central, puesto en marcha en 2021; y las alianzas entre el FBI y Brasil, Colombia y Ecuador. Si bien estos esfuerzos demuestran cierto nivel de interés en perseguir penalmente los delitos de cuello blanco, son insuficientes para revertir la tendencia al estancamiento en la lucha contra la corrupción en la región.

La agenda anticorrupción en Brasil cobró fuerza en 2014, después de que saliera a la luz un escándalo de corrupción multimillonario que dio lugar a la Operación Lava Jato. En 2015, la encuestadora brasileña Datafolha mostró que, por primera vez, los votantes dijeron que la corrupción era el mayor problema del país. En cambio, las encuestas más recientes indican que la economía y la violencia son las dos principales preocupaciones de los brasileños, y que la corrupción ocupa ahora el quinto lugar.

El ex presidente Jair Bolsonaro (2019-22) fue elegido con una plataforma anticorrupción, que todavía era la principal preocupación de los votantes en ese momento. Sin embargo, la investigación Lava Jato fue desmantelada bajo su administración. Los intentos de Bolsonaro de proteger a sus hijos y su círculo íntimo de las investigaciones de corrupción mediante la intromisión en la policía federal también fueron un golpe significativo a los esfuerzos del país para prevenir y combatir la corrupción. (Bolsonaro negó cualquier interferencia indebida en la investigación).

Aún enfrenta decenas de investigaciones, incluida una supuesta conspiración para incitar a un levantamiento después de perder las elecciones presidenciales de 2022. El tribunal electoral en junio de 2023 le prohibió postularse a un cargo hasta 2030 debido al uso del canal de televisión estatal y reuniones oficiales con diplomáticos para promover su candidatura a la reelección y sembrar desconfianza sobre la votación.

Si bien la Corte Suprema declaró inconstitucional la práctica opaca del “presupuesto secreto” en 2022, las negociaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo aún están fuertemente condicionadas a prácticas clientelistas. La distribución y el uso de los fondos federales de los legisladores se realizan con poca supervisión o transparencia, lo que crea un terreno fértil para la corrupción.

Aun así, el Índice CCC 2023 registró mejoras en la puntuación de la democracia y las instituciones políticas de Brasil, lo que refleja su resiliencia a pesar de varios años de tensión aguda, y en particular la respuesta institucional eficaz a los disturbios del 8 de enero de 2023. Sin embargo, la actual administración no está priorizando una agenda anticorrupción. En cambio, se centra en cuestiones económicas y ambientales, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha criticado abiertamente la Operación Lava Jato. Propuso modificar la Ley de Empresas Estatales para permitir nombramientos políticos en puestos de alto nivel en empresas estatales, lo que hizo sonar las alarmas sobre el riesgo de que esas entidades puedan ser gestionadas para obtener ganancias políticas a corto plazo en lugar de la sostenibilidad a largo plazo. En marzo de este año, la Corte Suprema confirmó las restricciones al nombramiento de políticos en estas empresas, pero dictaminó que los nombramientos realizados desde la suspensión de la ley en marzo de 2023 siguen siendo válidos.

En 2023, México quedó por debajo del promedio regional en la categoría de capacidad jurídica del índice. Esto reflejó el estancamiento de los esfuerzos anticorrupción bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pesar de su elección con una plataforma anticorrupción. A través de la agenda de la Cuarta Transformación de AMLO, su administración ha intentado debilitar o desmantelar las instituciones que sirven como controles y contrapesos del poder gubernamental, así como los organismos de control encargados de denunciar las prácticas corruptas.

Siguen sin resolverse importantes casos de corrupción; el gobierno federal ha atacado frecuentemente a organizaciones de la sociedad civil y a periodistas; y la Procuraduría General de la República ha tomado acciones con motivaciones políticas, particularmente a nivel estatal, donde a menudo se acusa a los gobernadores de interferir en las investigaciones de corrupción, decidiendo a quién se investiga y la velocidad con que avanzan las investigaciones.

A medida que el mandato de AMLO se acerca a su fin, estos problemas se han vuelto más pronunciados, lo que genera inquietudes sobre el futuro anticorrupción de México. Si se aprueba, la reforma judicial propuesta por AMLO permitirá la selección de jueces mediante el voto popular. Es probable que la popularidad del partido gobernante Morena se extienda a cualquiera de sus posibles candidatos al poder judicial, lo que le permitirá extender su alcance a los tres poderes del gobierno y potencialmente protegerse de las investigaciones por corrupción.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, heredará un sistema con raíces profundas en la corrupción, que se ha visto exacerbada por la interferencia política y los recortes presupuestarios a las agencias anticorrupción. Pese a este panorama, parece que, por ahora, seguirá el enfoque de AMLO en este frente.

Sin duda, Sheinbaum se enfrentará a importantes desafíos en el frente anticorrupción. Tiene previsto crear una Agencia Federal Anticorrupción que dependerá del ejecutivo. Esta dependencia probablemente socavará su eficacia en la lucha contra la corrupción. Esto no quiere decir que no sea posible que se produzcan mejoras moderadas durante su sexenio, pero al menos en su primer año, los resultados tangibles son dudosos. Mientras tanto, en Brasil, la prevalencia de mecanismos opacos para la distribución de fondos y nombramientos políticos a cambio de apoyo en el Congreso seguirá dañando el ambiente de integridad.

Sin embargo, el lado positivo es que el continuo fortalecimiento del Ministerio Público y de la Policía Federal, que han desempeñado un papel fundamental en la investigación de casos recientes de corrupción y el castigo a los actores corruptos, puede producir mejoras en los próximos años. La Policía Federal ha encabezado la mayoría de las investigaciones que involucran a Bolsonaro, y la Fiscalía está liderando varias investigaciones de corrupción que involucran a alcaldes en Brasil.

Si bien es poco probable que durante el próximo año se produzca un deterioro drástico de la capacidad de México y Brasil para combatir la corrupción, parece lejana la posibilidad de que se produzcan mejoras significativas. Las medidas anticorrupción seguirán en un segundo plano, ya que los gobiernos darán prioridad a otras cuestiones. Este estancamiento de las iniciativas anticorrupción ha llevado al debilitamiento progresivo de la cultura de cumplimiento corporativo en las mayores economías de América Latina, lo que expone a las empresas a mayores riesgos de integridad, aunque la corrupción no será un obstáculo insalvable para las operaciones comerciales y las inversiones futuras en esos países. Para el sector privado, la situación de seguridad de México y la carga fiscal de Brasil seguirán siendo los principales desafíos.

Publicado originalmente en Americas Quaterly