Denuncian que Daniel Ortega desató una feroz represión contra los periodistas en Nicaragua

La ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia detalló cómo la dictadura persigue a los comunicadores en el país centroamericano. Al menos 275 debieron exiliarse desde 2018

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Daniel Ortega y Rosario Murillo
Daniel Ortega y Rosario Murillo (Esteban Biba/EFE)

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, “ha desatado una feroz represión” contra opositores y disidentes desde abril de 2018, “en la que incluye como víctimas a periodistas y comunicadores”, lo que ha obligado a marcharse al exilio a al menos 275 de ellos, denunció este martes la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en Costa Rica.

Esa denuncia fue presentada por el director ejecutivo de la FLED, el comunicador nicaragüense exiliado Guillermo Medrano, en ocasión del Cuarto Ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua, que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, y que se celebra en Ginebra.

En su informe, titulado ‘Estado de la libertad de expresión, prensa y derechos digitales en Nicaragua’, Medrano sostuvo que su país “atraviesa una de sus peores crisis de violaciones a derechos humanos”, y que desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular contra el régimen sandinista, “el Estado, a través de sus instituciones, han desatado una feroz represión en la que incluye como víctimas a periodistas y comunicadores”.

El Estado de Nicaragua ha impuesto, además, un marco jurídico en debilitamiento del Estado de Derecho, y ha instaurado mecanismos de censura, represión y judicialización contra periodistas, artistas y medios de comunicación en el entorno físico y digital, señaló Medrano.

Una persona camina por una
Una persona camina por una calle de Managua con la imagen de fondo de Ortega y Murillo (REUTERS/Oswaldo Rivas/Archivo)

El Estado no ha cumplido con las recomendaciones

El comunicador explicó que en mayo de 2019, durante el diálogo interactivo, el Estado de Nicaragua recibió 259 recomendaciones, de las cuales aceptó 135, entre ellas 14 orientadas a garantizar la protección y promoción de la libertad de expresión, pero que “a la fecha no se ha cumplido con ninguna”.

De acuerdo con el monitoreo de casos que registra la FLED, desde abril de 2018 a la fecha se contabilizan al menos 1.775 agresiones en contra de periodistas y comunicadores: 1.386 personas naturales y 389 personas jurídicas o espacios informativos.

Asimismo, “la Fiscalía General de la República citó al menos a 59 periodistas a supuestas entrevistas que verdaderamente fueron interrogatorios con amenazas de aplicarles la Ley de Ciberdelitos por la supuesta difusión de noticias falsas en contra del gobierno”, indicó.

Medrano destacó la crisis de “persecución” y mencionó la “desaparición” de la periodista y activista Fabiola Tercero desde el 12 de julio pasado, y el encarcelamiento del comunicador Víctor Tikay desde abril de 2023.

Una protesta por la libertad
Una protesta por la libertad de prensa en Nicaragua (Archivo)

Al menos 275 periodistas han abandonado Nicaragua

También, advirtió que al menos 275 periodistas nicaragüenses han tenido que exiliarse por razones de seguridad o porque han sido desterrados desde abril de 2018 por el régimen de Ortega.

Entre 2018 y 2023 se han cerrado al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y la Trinchera de la Noticia, puntualizó.

Medrano dijo que desde la FLED se realizaron recomendaciones para lograr el ejercicio de un periodismo independiente en Nicaragua, entre ellas que el Estado debe poner fin al uso arbitrario de mecanismos administrativos, legislativos, judiciales, financieros y policiales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en el país.

También, adoptar medidas inmediatas para restituir la nacionalidad a periodistas, escritores, activistas, defensores de derechos humanos, disidentes políticos y otros opositores a los que se les ha privado arbitrariamente de su nacionalidad como represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

(Con información de EFE)

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