El gobierno uruguayo está siguiendo de cerca dos temas con preocupación: una posible instalación del grupo criminal de Venezuela Tren de Aragua y la extensión del consumo del fentanilo, la “droga zombi” que causa estragos en Estados Unidos. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, planteó estas alertas al participar la semana pasada en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, que se realizó en Guayaquil.
El funcionario uruguayo dijo que sus planteos implican “preguntas difíciles” pero que el gobierno se debe hacer, consignó El País. Martinelli planteó que la administración debe tener “firmeza para dar las peleas que hay que dar y valentía para ir hasta las últimas consecuencias con quienes infringen la ley”.
El Tren de Aragua es una organización criminal que inició como una estructura delictiva en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua (Venezuela). Se le vincula con el tráfico de personas, además de minería ilegal, secuestro y extorsión, así como el tráfico de sustancias como la cocaína y el éxtasis. En el último tiempo, el grupo criminal extendió su influencia más allá de las fronteras nacionales y ahora tiene presencia en varios países de América Latina y ha sido vinculado a actos de violencia y corrupción.
Sus actividades delictivas afectaron incluso a Estados Unidos, ya que el Departamento de Estado señala que la estructura aprovecha “las redes transnacionales que desarrolló para el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras, para explotación sexual y trabajo forzado”.
La Policía de Uruguay ya conoce cómo opera esta banda, pero asegura que todavía no ha llegado al país, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12.
De acuerdo con los reportes de las autoridades norteamericanas hay por lo menos tres cabecillas identificados. Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero, por quien las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta USD 5 millones. Yohan José Romero, alias Johan Petrica, por quien pagan una recompensa de hasta USD 4 millones. Por Giovanny San Vicente, alias Giovanny y/o Viejo, hay una recompensa de hasta USD 3 millones.
La extensión del uso del fentanilo es otro de los asuntos por el que las autoridades uruguayas han estado en alerta varias veces. La circulación en Argentina y Brasil, primero, y luego las sospechas de incautaciones en el país encendieron algunas alarmas, que luego se fueron apagando. La semana pasada, el laboratorio de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense de Uruguay detectó fentanilo en drogas incautadas en operativos policiales.
El fiscal de Estupefacientes, Rodrigo Morosoli, considera, sin embargo, que en Uruguay “no existe el mercado de fentanilo” y señaló que las muestras encontradas suponen un caso de “consumo problemático” de esa droga por parte del detenido. Las investigaciones apuntan a que las ampollas del potente opioide salieron de centros de salud, donde se lo utiliza para tratar situaciones de dolor intenso por ser uno de los analgésicos más potentes. Desde 1990 se la utiliza para pacientes con cáncer, por ejemplo.
El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, advirtió que pocas cantidades –apenas miligramos– son suficientes para “intoxicar un país”. “La diferencia que tiene el fentanilo con otras sustancias es que hablamos de microgramos. O sea, con dosis muy pequeñas… A veces dicen: ‘¿Cómo no hacen nada para que no entre?’. Hay que hacer todos los esfuerzos, pero con lo que entra en el grafo [la mina] de un lápiz intoxicamos a un pueblo”, afirmó meses atrás, entrevistado en el programa En Perspectiva.
En el evento en Guayaquil, Martinelli también destacó que Uruguay está implementando un “enfoque dual” que combina la represión y la prevención del delito, aludió a la profesionalización de la policía y contó que el país utiliza el sistema Shotspotter, que permite localizar el origen de los disparos.
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