Destruyeron 30 narcopistas en Ecuador

Las Fuerzas Armadas de Ecuador inhabilitaron 30 pistas clandestinas en 2024. Las narcopistas eran utilizadas por avionetas de organizaciones criminales que trafican drogas. Según las Fuerzas Armadas, la destrucción de estos espacios “ha permitido reducir a cero” el ingreso de estas aeronaves.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa ecuatoriano indicó que “al no tener sitios seguros donde aterrizar y despegar llevando la droga a países de Centro América y México”, las narcoavionetas no han ingresado al país. Esto, de acuerdo a la institución, se ha corroborado “mediante el Sistema Cooperativo de Integración de la Información Situacional Aérea, que fue implementado a inicios de este año”.

Dicho sistema “integra y permite el intercambio de información de los radares de los países” miembros. Además, las Fuerzas Armadas resaltaron el trabajo de la inteligencia militar que debe localizar estas pistas.

En enero de este año, tres pistas clandestinas fueron destruidas por las fuerzas militares de Ecuador en la provincia del Guayas, una de las más violentas del país. En 2023, según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, se han identificado un total de 54 pistas clandestinas utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico en Ecuador. De estas, 40 están ubicadas en la provincia de Manabí, 14 en Santa Elena y el resto se encuentran en Los Ríos. En agosto de 2022, los militares detectaron al menos 139 pistas aéreas clandestinas.

Ecuador es uno de los países clave para el tráfico de cocaína desde América hacia distintos destinos del mundo. El Departamento de Estado estadounidense ya había identificado a este país como atractivo al narcotráfico por las rutas para el envío de la droga a los países norteamericanos y europeos. Aunque Ecuador no es considerado un país productor, sí se encuentra entre los dos mayores elaboradores de cocaína: Colombia, al norte, y Perú, al sur.

Además, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la mafia de los Balcanes, operan en Ecuador, según el más reciente estudio publicado por la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional. Para la Policía, la principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico se genera por la ubicación geográfica del país. A esto se suma la poca extensión territorial que permite la movilización entre las fronteras en un tiempo aproximado de 12 horas; la dolarización y el bajo nivel de bancarización, que permiten el blanqueo de capitales; y el perfil costero, con varios puertos pero con pocos controles, lo que facilita el tráfico ilegal de drogas. “El conjunto de riesgos y debilidades, han convertido al Ecuador en una plataforma priorizada para el acopio y envío de droga a los mercados internacionales mediante las modalidades de tráfico marítimo, terrestre y aéreo”, se lee en el estudio.

En mayo de este año, la Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo Nacional fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional de Ecuador, con el objetivo de fortalecer la seguridad y vigilancia del espacio aéreo del país. Esta normativa, respaldada por 122 votos, confirió a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) la facultad de emplear la fuerza contra aeronaves que ingresen al espacio aéreo nacional con intenciones que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.

Entre los puntos destacados de esta ley se encuentran las disposiciones para erradicar pistas clandestinas utilizadas por grupos criminales, el requerimiento para que los propietarios denuncien actividades ilícitas relacionadas con aviones, y el control de drones y aeronaves no tripuladas en áreas consideradas como zonas seguras del Estado.

Adicionalmente, se contempla la confiscación de aeronaves empleadas en actividades ilegales, las cuales podrían ser asignadas a la FAE, las Fuerzas Armadas o la Policía una vez que se haya establecido su decomiso. La FAE será la entidad encargada de supervisar el espacio aéreo, aunque se prevé también una coordinación con otras fuerzas como parte fundamental para asegurar una implementación eficaz de las medidas establecidas.