Críticas de juristas y políticos en Bolivia al referendo que Luis Arce quiere convocar por decreto

El presidente de Bolivia presentó las preguntas para el referendo popular que quiere realizar para consultar sobre tres temas que despiertan controversia en la población: la subvención de los carburantes, la redistribución de escaños parlamentarios y el límite de la reelección presidencial. De aprobarse, el referendo será realizado el 1 de diciembre, junto a las elecciones judiciales.

Mientras enviaba sus preguntas al Tribunal Supremo Electoral, Arce escribió en su cuenta de X: “Esta decisión no responde a cálculos electorales o ambiciones personales; por el contrario, prioriza el futuro del país, el bienestar de las próximas generaciones y de las familias bolivianas”.

La preguntas del presidente deben pasar por dos filtros: una revisión técnica por el Tribunal Supremo Electoral, en un plazo que de tres días, y un control constitucional en el Tribunal Constitucional Plurinacional.

La propuesta ya ha despertado críticas sobre la intención del referendo y su constitucionalidad. Una de las primeras reacciones vino del ex presidente Evo Morales que manifestó que el referendo busca proscribirlo, distraer a la población de la crisis económica que atraviesa el país y que muestran su incapacidad para gobernar.

“Las preguntas son, en realidad, una confesión de que no sabe y no puede gobernar el país. No tiene soluciones para la crisis económica, no sabe qué hacer con los resultados del censo y su objetivo es inhabilitarnos para las elecciones. Esta es una especie de renuncia a la Presidencia y es una forma de admitir su incapacidad”, escribió Morales en su cuenta de X.

Pero la cuestión más polémica del asunto está en el procedimiento legal que se utilizará para concretar el referendo. La ley establece solo dos caminos para convocar una reforma parcial de la Constitución (como es el caso de la reelección y la distribución de escaños): por iniciativa popular con al menos el 20% del electorado o por la Asamblea Legislativa mediante una ley aprobada por dos tercios de los miembros.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó en conferencia de prensa que se hará la convocatoria por decreto y que no van a entrar en discusión “sobre un principio democrático tan relevante como es consultarle al pueblo”.

El investigador y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni, explicó en una entrevista con Infobae que la “Constitución es clara, inequívoca y no admite interpretación” sobre el procedimiento de convocatoria, por lo cual la intención del presidente Luis Arce es “inconstitucional”.

Exeni explicó que el fondo está en el control de constitucionalidad y dijo que si no hay un sentencia muy clara que avale al presidente a hacer la convocatoria, el organismo electoral podría rechazarla.

En tanto, otros actores de la oposición cuestionan la validez de este referendo y la formulación de las preguntas. La senadora Andrea Barrientos, calificó las preguntas como “tramposas” porque no son claras y permiten interpretaciones ambiguas.

Mientras tanto, el ex procurador general del Estado y abogado del Movimiento Al Socialismo, del ala evista, Wilfredo Chávez, anunció que impugnarán “este ilegal e inconstitucional referendo que se está convocando de manera engañosa”.

La consulta se plantea en medio de una crisis económica marcada por la escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles que tienen el precio subvencionado por el Estado. Dos de las preguntas enviadas por el presidente buscan resolver el tema de la subvención, tanto de diésel como de gasolina.

Las otras preguntas se refieren al ordenamiento político. La actual Constitución Política del Estado establece que el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos de manera continua una sola vez, pero no los limita para ser candidatos a un tercer mandato discontinuo. Analistas observan que con esta pregunta está dirigida a imposibilitar la candidatura de Evo Morales en las elecciones de 2025.

El tercer tema está relacionado a la representación regional en la Asamblea Legislativa. La Constitución establece 130 representantes de los nueve departamentos del país en base a los datos del censo de población que serán conocidos en septiembre. Con esta medida, el Gobierno busca ampliar la cantidad de diputados para que ninguna región pierda representantes.