En medio de la crisis económica y energética que golpea a Bolivia, marcada por la debacle de la industria petrolera y la escasez de divisas, se puso en mesa de debate uno de los mayores gastos públicos: la subvención de los combustibles.
A raíz de la escasez producida durante los últimos meses, especialmente de diésel y en menor medida de gasolina, el gobernante propuso realizar un referendo para consultar a la población sobre la continuidad de esta medida, una política pública que -a decir de algunos actores de la oposición- debería ser resuelta por el Gobierno.
Sobre este asunto, el presidente Luis Arce manifestó ayer en un acto público que la subvención ha ido afectando gradualmente a las arcas del Tesoro General de la Nación y agregó que “como estamos, no vamos a poder seguir adelante”.
“Es un asunto muy costoso, quizás más costoso que enfrentar su levantamiento gradual, paulatino, sistemático, estratégico y sectorial (…) para que poco a poco nos vayamos liberando de este lastre que afecta a todo el país”, indicó el presidente.
Según datos ofrecidos anteriormente por el presidente Luis Arce, el país importa el 58% de la gasolina y el 86% del diésel que se consume en el mercado interno. Al ser un producto subvencionado, el precio para el consumidor es bajo comparado con el costo de otros países (el litro de gasolina especial cuesta 3,74 bolivianos y el de diésel 3,72 bolivianos, lo que equivale en ambos casos a alrededor de 0,53 dólares), lo que ha dado lugar a que se formen redes de contrabando de combustible, agravando el problema para el país.
Antes de ser removido de su cargo, el exministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, informó que cerca de 600 millones de dólares se van por contrabando.
Para este año, se prevé que la subvención de los carburantes en Bolivia le cueste al Estado 4.000 millones de dólares, según informó el miércoles el ministro de Justicia Iván Lima.
Un referendo sobre la subvención
En su discurso por el día de la Independencia, el presidente Arce ha propuesto un referendo para tratar la subvención de los carburantes, además de dos modificaciones constitucionales carácter político, que puede realizarse el 1 de diciembre, junto a las elecciones judiciales.
Las preguntas para el referendo fueron presentadas ayer y consulta, por separado, sobre el futuro de la subvención para diésel y gasolina.
Las preguntas dicen: “¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial/el diésel, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?
La senadora de oposición Andrea Barrientos critica que, como están formuladas las preguntas, son “tramposas” porque el ciudadano no conoce la problemática de los combustibles en profundidad como para tomar una decisión y tampoco se establece una “ruta crítica” de cómo se vaya a levantar la subvención.
En su mensaje, el Gobierno también anunció el ingreso de un nuevo tipo de gasolina de alto octanaje, la Ultra Premium 100 cuyo precio será más alto estará sujeto a las variaciones internacionales del petróleo.
De igual forma, subió el precio de la gasolina Premium que se vendía a 4,79 bolivianos y se elevó a 5,71 bolivianos por litro. En tanto los precios de la gasolina especial y el diésel se mantendrán, al menos por ahora.