Arrancó la campaña para las elecciones municipales en Brasil con el “Milei de Floripa”, el candidato que imita al presidente argentino

El pasado viernes comenzó oficialmente la campaña electoral en Brasil para las elecciones municipales del 6 de octubre. 155 millones de electores en 5.568 ciudades brasileñas tendrán que elegir alcaldes y concejales. En caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos, en los municipios con más de 200.000 electores, la segunda vuelta está prevista para el 27 de octubre. Por ello, desde el viernes, los candidatos llenan los buzones con octavillas, además de utilizar coches y camiones cubiertos de pegatinas y con megáfonos para publicitarse. El Tribunal Superior Electoral prohibió el uso en Internet de cualquier contenido manipulado con inteligencia artificial, como los deepfakes, utilizados para hacer desinformación y comprometer la integridad del proceso electoral. En televisión, el periodo de propaganda electoral comienza el 30 de agosto y se cierra, tres días antes de la votación, el 3 de octubre.

Los juegos políticos no han hecho más que empezar, pero la polémica se ha desatado de inmediato, sobre todo por el uso de fondos públicos para ampliar el poder de influencia de los políticos. A través de la estatal Compañía de Desarrollo de los Valles de San Francisco (Codevasf) se han donado millones de reales en maquinaria agrícola este año electoral. El dinero se concedió a través de las famosas “emendas”, fondos donados por el gobierno a los parlamentarios y criticados desde hace meses por su falta de transparencia, ya que no se rinden cuentas de qué se compró, para qué necesidades y, sobre todo, con qué resultados. Hasta el año pasado, Codevasf publicaba en su página web todos los datos sobre la distribución gratuita de las máquinas. En este año electoral, sin embargo, la página dejó de actualizarse. La distribución de maquinaria agrícola por su valor millonario fue vista como un intento de eludir la norma que impide la distribución de artículos gratuitos en época electoral.

Además, según informa la prensa brasileña, Lula habría favorecido a seis ciudades con 1.400 millones de reales desde su toma de posesión. Se trata de Mauá, Araraquara, Diadema y Hortolândia, en el estado de San Pablo, todas dirigidas por su Partido de los Trabajadores (PT), y Cabo Frio y Belford Roxo, en el estado de Rio de Janeiro, gobernadas por sus aliados. Según el sitio de noticias UOL, el dinero procedía de los presupuestos de algunos ministerios, como los de Sanidad y Educación, y se distribuyó sin la autorización del sector técnico ni justificaciones detalladas. Estas seis ciudades recibieron mucho más dinero que otras más grandes o con menores índices de desarrollo humano municipal. Según UOL, la oficina presidencial de Lula, en particular su jefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, también conocido como Marcola, participó en este plan de distribución.

El desafío para el PT en estas elecciones es enorme, ya que tiene que recuperarse de las duras derrotas de las elecciones anteriores. También fue noticia en los últimos días la donación de 100.000 reales por parte de Walfrido dos Mares Guia, ex ministro de Turismo y de la Secretaría de Relaciones Institucionales en el segundo mandato de Lula, al sobrino de la ex presidenta, también del PT, Dilma Rousseff. Se llama Pedro Rousseff y se presenta como concejal por el PT en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais.

San Pablo promete ser uno de los escenarios electorales más calientes de los próximos dos meses. El candidato Pablo Marçal, del Partido Renovador del Trabajo Brasileño (PRTB), está creando polémica estos días. Ex coach de profesión, fue detenido en 2005 durante la Operación Pegaso, que destapó una red criminal especializada en el pirateo de cuentas bancarias ajenas a través de Internet. El candidato a la alcaldía fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión en régimen semiabierto, pero su caso prescribió. El Ministerio Público Electoral ha pedido ahora la suspensión de su candidatura por presunto abuso de poder económico, debido a una serie de vídeos realizados por sus colaboradores en periodo preelectoral y pagados con dinero no declarado. Marçal se enfrenta a los otros tres principales candidatos a gobernar la capital económica del país, San Pablo. Se trata del actual alcalde, Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y Tabata Amaral, del Partido Socialista Brasileño (PSB). El primer sondeo, realizado por AtlasIntel, tras el registro de candidaturas, publicado ayer, da a Boulos el liderazgo con el 28,5% de los votos, seguido de Nunes (21,8%), Marçal (16,3%) y Tabata (12%).

En cuanto a Marçal, también han surgido polémicas con el ex presidente Jair Bolsonaro. Su campaña electoral parece resumir los principios del bolsonarismo puro, desde la defensa de la familia, Dios y la patria hasta la condena del comunismo, las drogas y la prostitución. Tanto es así que ha recibido elogios del propio ex presidente, descontento según los informes con su candidato oficial, el actual alcalde Ricardo Nunes. El motivo de los roces fue el apoyo de Nunes en los últimos días a la archienemiga de Bolsonaro, la ex diputada Joice Hasselmann. Ahora candidata a concejal, fue calificada como persona ‘non grata’ por los bolsonaristas tras romper con ellos en 2019. Bolsonaro, sin embargo, volvió sobre sus pasos poco después. En un intento de reconciliación con Nunes, calificó a Marçal de “como Lula, ambos son el mismo saco de harina” y agregó que “algunas cosas no hace falta probarlas para saber que son productos en mal estado”. Fuentes dijeron a Infobae que quienes presionaron a Bolsonaro para que reiterara su apoyo a Nunes fueron el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa, y el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, del partido Republicanos.

En definitiva, Bolsonaro parece ser ahora una marca que atrae a muchos por el potencial de votos que puede traer. Así lo confirma también su hijo, Jair Renan, que ha anunciado su precandidatura a concejal municipal en la ciudad de Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina. En sus carteles de campaña no utiliza su nombre, sino el de su padre, que aparece junto a él en la foto. El pasado mes de febrero, Jair Renan, junto con su instructor de tiro Maciel Alves, fue acusado por la policía civil de falsificación ideológica, uso de documentos falsos y blanqueo de dinero en el distrito federal que tiene Brasilia como capital en un caso de fraude.

No son pocas las curiosidades que han surgido con estas elecciones. Este año hubo un auge de las mujeres, con casi 150.000 solicitudes de candidaturas femeninas al Tribunal Electoral, es decir, el 33,9% del total. Por otro lado, el número de candidatos inscritos con discapacidad disminuyó un 25%, pasando de 6.657 en 2020 a 4.937 este año.

Por otro lado, están los candidatos que quieren dar que hablar a toda costa, como el doble brasileño del presidente argentino Javier Milei. Se llama Ademar Rodrigues Meireles, tiene 56 años y es candidato a concejal municipal por el Partido Liberal de Bolsonaro en la ciudad de Florianópolis, al sur de Brasil. En su campaña electoral se hace llamar ‘Milei de Floripa’. El candidato más rico de Brasil, con un patrimonio declarado de 2.851 millones de reales, es João Pinheiro, del PRTB, empresario azucarero de profesión. En el municipio de Marília, en el estado de San Pablo, el aspirante alcalde hizo su primer desfile electoral en un Ferrari, seguido de Porsches e incluso un helicóptero. Los analistas políticos llaman a esto efecto Marçal, es decir, ostentación de riqueza a la que no corresponde ninguna competencia política.

La campaña electoral de este año promete ser tan colorida y llena de provocaciones como siempre, pero la sombra del crimen organizado planea sobre todo, como informó recientemente el jefe de inteligencia de la policía militar del estado de San Pablo, el coronel Pedro Luís de Souza Lopes. Durante la 18a reunión anual del Foro Brasileño de Seguridad Pública, celebrada este año en Recife, en el noreste del país, afirmó que “la infiltración del Primer Comando de la Capital (PCC) es mucho mayor de lo que imaginaba”. Añadió que “tenemos que estar atentos a cualquier tipo de interferencia que pueda indicar una restricción del proceso electoral en virtud de prácticas criminales”. Según Lopes, el alto mando policial ya se ha reunido con representantes de los tribunales electorales regionales para abordar la cuestión. Ha tenido “una reunión con todos los líderes regionales”, dijo. “Hay preocupación no sólo el día de las elecciones”. De hecho, diversas investigaciones ya han demostrado que el PCC, que es el mayor grupo criminal del país, quiere blanquear dinero del narcotráfico invirtiéndolo en la elección de concejales municipales que puedan otorgarle mayor influencia. El fenómeno no es nuevo, pero ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta el punto de que, según las investigaciones, la facción ha creado incluso “un núcleo político” en su seno para gestionar este nuevo sector. El 6 de agosto, la Operación Decurio de la policía civil del estado de San Pablo destapó una trama en la que miembros del PCC apoyaban las candidaturas de dos políticos, respectivamente de la Unión Brasileña y del Partido Socialdemócrata (PSD). A ambos se les impusieron medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de ocupar cargos públicos o políticos.

Existe una preocupación similar en la otra gran ciudad dominada por los narcos, Rio de Janeiro. Recientemente, la diputada estatal Lucia Helena Pinto de Barros, del PSD, también conocida como Lucinha, fue investigada por sus relaciones con milicianos. A pesar de que los documentos y teléfonos móviles que se le incautaron demostraban su cercanía al mundo del crimen, y a pesar de que en su despacho trabajaba un policía acusado de ser miliciano, en febrero la Asamblea Legislativa de Rio votó a favor de no anular su mandato. Para contener la posible influencia de organizaciones delictivas en el proceso de votación, el Tribunal Regional Electoral de la ciudad decidió modificar la dirección de 90 secciones electorales con el fin de reducir la influencia de narcotraficantes y milicianos. El cambio afecta a un millón de votantes. También se impusieron cambios en otras 459 localidades del estado de Rio de Janeiro, cifra que corresponde al 9% de los 5 mil colegios electorales distribuidos por todo el estado.

“Mientras no haya conciencia del peligro que representa la infiltración criminal en las instituciones, casos de este tipo se repetirán”, se lee en un editorial del diario O Globo. “La búsqueda de legitimidad política por parte del crimen organizado pone en peligro el propio Estado de Derecho y debe ser combatida con energía. No sólo la justicia electoral debe estar vigilante, sino sobre todo los electores, que tienen el deber de impedirlo con la herramienta más poderosa de una democracia: el voto”, concluye el texto. Sólo los próximos dos meses dirán si el crimen organizado ha sido realmente mantenido a raya o si ha conseguido infiltrarse en estas elecciones tan importantes para la vida cotidiana de los brasileños.