Después de la condena a Juan Orlando Hernández, otros ex presidentes de Honduras serán investigados por vínculos narco

Manuel “Mel” Zelaya Rosales es uno de los hombres más poderosos de Honduras. Esposo de la presidenta Xiomara Castro, líder de Libre, el partido oficialista, y jefe del clan familiar que manda en el gobierno hondureño, este terrateniente de Olancho, en el noreste del país, volvió de los días oscuros en que, cuando él era el presidente, fue depuesto por un golpe de Estado en 2009. Hoy vuelve a enfrentarse a un futuro más bien incierto: la posibilidad de que la justicia de su país lo impute por relacionarse con el narcotráfico.

Zelaya es uno entre decenas de políticos, empresarios y criminales hondureños que fueron nombrados por testigos en el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, que culminó el 8 de marzo pasado con un veredicto condenatorio por delitos de tráfico de cocaína y uso de armas para importar la droga a Estados Unidos.

En aquel juicio, los fiscales neoyorquinos que acusaron a Hernández llevaron como testigos a varios narcotraficantes hondureños ya condenados en Estados Unidos, quienes, además de relatar los tratos que tenían con el expresidente, ampliaron sobre sus relaciones con otros políticos hondureños, entre ellos Zelaya Rosales.

Entre los testigos estaba Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes de la banda Los Cachiros, el clan de narcotraficantes que controló el paso de la cocaína por el corredor norte de Honduras durante buena parte de este siglo. A Zelaya, dijo Rivera, él y su banda le habían dado dinero antes del golpe de Estado de 2009 para que los dejara operar sin estorbos de la policía.

Otro testigo, el contador de un empresario agrícola en el norte de Honduras vinculado al narcotráfico, también aseguró que Zelaya Rosales había recibido dinero del narcotráfico.

Las referencias a la familia de la actual presidenta en el juicio a Juan Orlando Hernández, JOH como se le conoce en Honduras por sus iniciales, no pararon ahí. Otros dos hombres fuertes de la familia fueron mencionados. Rivera Maradiaga aseguró que también había sobornado a Carlos Zelaya, hermano de Mel y actual vicepresidente del Congreso hondureño por Libre.

También salió a relucir el nombre de Héctor Zelaya, hijo de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Mel Zelaya y secretario privado en el gobierno actual, pero no en boca de un testigo sino en la de Raymond Colon, uno de los abogados de JOH. Durante el contrainterrogatorio al testigo Alexander Ardón, un exalcalde narco del Partido Nacional, el mismo al que pertenecía el expresidente Hernández, Colon preguntó sobre la participación de Héctor Zelaya en una reunión en la que, se supone, se planificó el asesinato en 2009 de Julián Arístides González, entonces zar antidrogas del gobierno hondureño.

Kevin Castel, el juez que presidió el juicio a JOH, ordenó retirar del récord la mención a Héctor Zelaya e instruyó al jurado no tomar en cuenta la referencia. Colon, sin embargo, insistió, fuera de la corte, con los reporteros que cubrían los procedimientos judiciales. “El hijo mayor”, dijo el abogado, había estado en la reunión en que narcotraficantes hondureños planificaron el asesinato del zar antidrogas. Héctor Zelaya respondió enseguida en su cuenta de la red X: “Es lamentable que algunos sigan haciendo eco de una difamación en defensa de un extraditado narcopolítico como JOH. Buscan desviar la atención de su involucramiento en el golpe de Estado 2009 y de lo que verdaderamente pasó en sus 4 años en el congreso y 8 años en la presidencia; 12 años de narcodictadura.”, escribió.

El Ministerio Público (MP) de Honduras envió a cuatro representantes a seguir el juicio de Hernández en Nueva York con la intención de determinar, según dijeron entonces, si había nuevos indicios o gente a la que procesar en Honduras. Durante los 19 días que duró el procedimiento, los fiscales se sentaron en las primeras filas del espacio reservado al público en la corte y tomaron notas. Un día antes de que terminara el juicio, el 7 de marzo, el MP anunció que abriría 15 líneas de investigación, pero no ofreció detalles.

El pasado 7 de agosto, Johel Zelaya, el fiscal general, fue más específico. En una rueda de prensa dio a conocer los nombres de 36 personas a las que llamará para que rindan declaración preliminar en el Ministerio Público. Esto, aclaró el MP, no significa que se presentarán cargos inmediatamente, pero sí que la indagatoria a los nombrados está abierta. Que estas pesquisas iniciales terminen en presentación de cargos criminales depende de una decisión del fiscal general Zelaya.

En la lista que presentó el jefe del MP está, además del expresidente Mel Zelaya, Porfirio Lobo, otro ex mandantario. Lobo fue presidente de Honduras entre 2010 y 2014, cuando tomó posesión Juan Orlando Hernández. Fue durante el mandato de Lobo, de acuerdo con los testimonios escuchados durante el juicio a JOH, que bandas como Los Cachiros de Devis Leonel Rivera Maradiaga o la de los Valle Valle en el occidente hondureño consolidaron el control de rutas por las que la cocaína entraba a Centroamérica en su viaje hacia Estados Unidos, el mercado final.

De Lobo también hablaron los testigos en el juicio de Nueva York. El señalamiento que más dañó al expresidente fue el de Fabio Lobo, su hijo, quien está condenado en Estados Unidos por narcotráfico y también pasó al estrado como testigo de la fiscalía en el juicio a JOH. Lobo hijo aseguró que su padre también había recibido sobornos de Los Cachiros. Investigaciones de los fiscales estadounidenses determinaron, además, que durante el gobierno Lobo los narcotraficantes obtuvieron contratos públicos para lavar dinero.

Porfirio Lobo, también conocido como “Pepe”, ha negado los señalamientos en repetidas ocasiones, incluso cuando su hijo fue quien levantó el dedo contra él.

El asunto no termina con los expresidentes. La lista del fiscal Johel Zelaya incluye también a dos ex ministros de seguridad pública, Julián Pacheco Tinoco y Óscar Álvarez, ambos funcionarios durante gobiernos del Partido Nacional de JOH y Porfirio Lobo. Sobre estos ministros los testigos aseguraron que eran facilitadores; que permitían el paso libre de la cocaína por el país.

También tendrán que ir a declarar ex alcaldes, entre ellos Leopoldo Crivelli, quien fue jefe municipal en Choloma, una ciudad industrial en el norte del país que ha llenado titulares en los últimos 20 años por todo tipo de violencia, desde la relacionada con pandillas como la MS13 y el Barrio 18 hasta la vinculada a las actividades de narcotraficantes como Giovanny Fuentes Ramírez, un mafioso también procesado por la justicia estadounidense que pagó sobornos y compartió negocios con Juan Orlando Hernández.

Desde Choloma, de acuerdo con informes de la inteligencia policial hondureña a los que Infobae ha tenido acceso, el exalcalde Crivelli dirigió una operación de narcopolítica que fue clave en la construcción de las rutas y accesos políticos que hicieron de Honduras el principal corredor de la cocaína en Centroamérica en las últimas décadas. De él dijo el narco Rivera Maradiaga en el juicio a JOH que fue socio de Giovanny Fuentes, quien financió campañas políticas de dos de los partidos grandes de Honduras, el Liberal, al que perteneció el expresidente Zelaya Rosales, y el Nacional.

En el juicio que se siguió a Fuentes en Estados Unidos, la fiscalía estableció que Crivelli, cuando era alcalde, facilitó al narcotraficante la compra de terrenos en un cerro ubicado en las afueras de Choloma para establecer ahí un narcolaboratorio, según reportó el medio hondureño Reporteros de Investigación. Un funcionario del gobierno de Xiomara Castro aseguró a Infobae, además, que Crivelli tuvo relaciones criminales con oficiales que están activos en la policía hondureña y ocupan puestos de alto nivel en la actualidad.

La lista presentada por el fiscal general Johel Zelaya se completa con narcotraficantes que ya fueron juzgados y están condenados en Estados Unidos. Hay otros nombres, sin embargo, que Zelaya no incluyó y que también aparecieron en los juicios de Nueva York.

Pro-Honduras Network, un centro de investigación basado en Washington, DC que ha cubierto de forma exhaustiva los procedimientos judiciales a exfuncionarios y narcotraficantes hondureños, destacó algunas de esas ausencias. El fiscal Zelaya no ha llamado, por ejemplo, a Soraya Cálix, una exfuncionaria del MP señalada por presuntamente intentar manipular la investigación en un caso en que investigadores hondureños decomisaron libretas a un narcotraficante en las que aparecían los nombres del Juan Orlando Hernández y de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, también condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Esas libretas también fueron presentadas en el juicio de Nueva York.

Tampoco está en la lista el ex fiscal general Óscar Chinchilla, un funcionario al que el expresidente Hernández ayudó a nombrar jefe del MP y quien archivó varias investigaciones que implicaban a JOH y a su entorno en crímenes graves. Uno de esos expedientes es el de la muerte de Sherill Yubissa Hernández Mancía, una investigadora fiscal que fue asesinada cuando investigaba a Tony Hernández y al exalcalde Alexander Ardón y cuya muerte la fiscalía de Chinchilla intentó hacer pasar como un suicidio. Chinchilla ya huyó de Honduras; fuentes policiales han dicho que se encuentra en Nicaragua, protegido por la dictadura de Daniel Ortega.

No ha sido llamado a declarar Yani Rosenthal, dirigente del Partido Liberal y excandidato presidencial, quien fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y también mencionado en el juicio a JOH hace unos meses.

El mayor reto para el fiscal general Zelaya, sin embargo, no parece radicar en las ausencias en su lista, sino en el poder de algunas de las figuras a las que quiere investigar, que fueron las mismas que lo pusieron en el cargo.

Durante la rueda de prensa en que hizo pública la lista de investigados, el fiscal general Zelaya advirtió que el MP no obstaculizará, en el futuro, ningún proceso de extradición que Estados Unidos solicite contra alguno de los mencionados. No es una declaración menor: todos los narcos hondureños condenados en la última década, incluido el expresidente Hernández, fueron juzgados en Estados Unidos y no en Honduras, donde las relaciones entre política y narcotráfico han sido estrechas.

Hasta ahora no había investigaciones abiertas a Mel Zelaya o a Carlos Zelaya, los hermanos que se cuentan entre los más poderosos de la política hondureña. El primero, ex presidente y esposo de la mandataria actual, es el mandamás en el partido oficialista; el segundo, cuñado de Xiomara Castro, es uno de los hombres fuertes en el Congreso. A ambos debe el fiscal general Zelaya su nombramiento.

Johel Zelaya fue nombrado fiscal en noviembre de 2023, primero de forma interina, por una comisión legislativa especial integrada, en su mayoría, por miembros del partido oficialista a las órdenes de los Zelaya, Carlos y Mel. El 29 de febrero pasado, el fiscal general fue confirmado en el cargo. Desde entonces, el nuevo funcionario ha removido el plantel en el MP y ha abierto causas y acelerado investigaciones que habían estado estancadas antes de su llegada. La pregunta sobre su capacidad para juzgar a sus padrinos políticos persiste.

Acaso adelantándose a estos cuestionamientos el expresidente Mel Zelaya se apresuró a responder al llamamiento del fiscal general para que declare sobre las menciones en los juicios de Nueva York. “Acato sin reservas la orden del fiscal Joel Zelaya de llevar a cabo una investigación imparcial que busque verdad y justicia por parte del Ministerio Público”, dijo el ex mandatario.