La jefa del Instituto de la Víctima de Guatemala, Ligia Hernández, cercana al presidente Bernardo Arévalo, fue detenida este martes por una investigación de la cuestionada fiscalía contra el partido oficialista Movimiento Semilla.
La funcionaria fue arrestada por una orden del juez sancionado por EEUU Fredy Orellana, acusada de “la posible comisión del delito de financiamiento electoral no registrado”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
“Hoy se comete una nueva injusticia a manos del Ministerio Público. Como parte del mal llamado ‘caso Corrupción Semilla’, han girado una orden de detención en mi contra y por más que quieran criminalizarme yo no les tengo miedo”, declaró Hernández en redes sociales.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) inició en 2023 una investigación contra Semilla después de que Arévalo dio la sorpresa al colarse al balotaje presidencial.
El caso se basa en supuestas anomalías en la conformación del partido, entre ellas una presunta trama de lavado de dinero por la que la fiscalía también ha buscado retirarle la inmunidad a Arévalo.
El gobierno de Arévalo condenó en un comunicado la detención de Hernández con “cargos de casos espurios, bajo investigaciones reservadas con secreto y sin apego a nuestras leyes”.
“Las investigaciones de la FECI y las actuaciones del juez Orellana no tienen ninguna credibilidad y por eso, estamos seguros de su inocencia y la de cualquier otro imputado en los casos que estas agencias plantean”, sostuvo la nota.
Según el boletín, varios organismos internacionales han advertido que “actores antidemocráticos atrincherados en el Ministerio Público buscan atacar instituciones democráticas y afectar la seguridad nacional”.
“El ataque de la minoría corrupta en contra de Hernández solo demuestra lo que el pueblo entero de Guatemala ya sabe, y que muchos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido: que actores antidemocráticos atrincherados en el Ministerio Público buscan atacar instituciones democráticas y afectar la seguridad nacional”, indica el texto.
Hernández, de 42 años, fue diputada de Semilla junto a Arévalo entre 2020 y 2024 y el 1 de febrero pasado fue nombrada por el presidente para dirigir el Instituto de la Víctima, encargado de asistir a personas afectadas por delitos en el acceso a la justicia y reparación digna.
“Este desesperado ataque de la fiscalía no representa más que el deseo perverso de callar, oprimir, extinguir, todo intento por recuperar nuestro país que sigue capturado por un grupito de criminales”, indicó la funcionaria minutos antes de ser detenida en su despacho, en un video publicado en la red social X.
Del caso se sabe poco ya que se encuentra “bajo reserva”, una medida legal que permite acceso al expediente del mismo solamente a las partes involucradas. Sin embargo, el Movimiento Semilla tampoco ha tenido acceso al mismo, una decisión considerada ilegal por expertos.
El presidente socialdemócrata mantiene una pugna con la fiscal general, Consuelo Porras, considerada “corrupta” y “antidemocrática” por Estados Unidos y la Unión Europea.
Porras Argueta fue acusada en 2023 por Arévalo de León por querer llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura, que finalmente se llevó a cabo de manera accidentada en enero pasado.
Arévalo no posee las facultades para destituir a la fiscal y presentó una iniciativa de ley al Congreso para poder hacerlo, pero el proyecto no ha avanzado.
Por el contrario, Porras le pidió a la máxima instancia de justicia procesar al mandatario por intentar removerla.
(Con información de EFE, AFP y Europa Press)
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