Brasil abrió la puerta a los juegos de azar, virtuales y reales: del “jogo do bicho” a los casinos

A principios de agosto, el Ministerio de Economía brasileño publicó un conjunto de normas “para el juego responsable” con sanciones para las infracciones. Las normas entrarán en vigor en 2025 con el objetivo de poner fin a un mercado calificado de “salvaje” en el que las empresas de apuestas, en lugar de pagar impuestos, han recurrido a campañas publicitarias engañosas, sin control ni sanciones, para atraer a nuevos jugadores, que a menudo se han convertido en ludópatas. También a principios de agosto, la votación de un proyecto de ley, el 2034/2022, que la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes había aprobado el 19 de junio, no recibió ningún voto en el Congreso y se pospuso hasta después de las elecciones municipales de octubre. La propuesta prevé legalizar los casinos, las carreras de caballos, el bingo y el jogo de bicho, un juego de apuestas sobre animales sorteados, que se recoge en bares y pequeños quioscos y se remonta a la época colonial. Se trata en este caso de un mundo real de juegos de azar, no virtual. De aprobarse el proyecto, los casinos estarían autorizados en casi todo Brasil, en hoteles con un mínimo de 100 habitaciones, en barcos y buques con al menos 50 camarotes. En San Pablo la propuesta autoriza un máximo de tres, en Rio de Janeiro dos.

Se trata del último capítulo de lo que ya se ha dado en llamar la saga del juego y las apuestas en línea en Brasil y que ve al país dividido. Por un lado, los políticos, los representantes del sector e incluso el crimen organizado, que por diferentes razones están a favor de esta nueva apertura. Por el otro, los familiares de jugadores, médicos y expertos en seguridad que advierten de los muchos riesgos que podría causar una legalización completa. Todo comenzó a finales de 2018, cuando se legalizó el sector de las apuestas online gracias a la Ley 13.756, mientras que a finales del año pasado fue sancionada por Lula otra ley, la 14.970, que prevé la introducción de nuevas reglas para el sector y también autoriza la operación de casinos online en Brasil. La norma dice que para operar legalmente en el país, las empresas de apuestas deben cumplir varios requisitos, como tener sede y administración en Brasil, demostrar un patrimonio neto mínimo de 30 millones de reales (5,45 millones de dólares) y pagar impuestos. El gobierno ha expresado su voluntad de utilizar este dinero en áreas de interés social como el deporte, el turismo y la salud. Pero las normas por sí solas no bastan; hace falta también una institución que controle que se respeten. De ahí la creación de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), dependiente del Ministerio de Economía, que se encarga tanto de la acreditación como de los controles de estas empresas, que también tendrán que cumplir los requisitos técnicos y de seguridad informática para actuar de acuerdo con la nueva ley.

En agosto, esta nueva secretaría anunció algunas normas para mitigar el altísimo riesgo de adicción al juego patológico y evitar la publicidad engañosa para captar nuevos clientes. Según la nueva normativa, los sitios de apuestas deberán impedir el registro o restringir el acceso a personas con un diagnóstico médicamente probado de adicción al juego o a quienes una decisión administrativa o judicial les impida apostar. Para ello, tendrán que crear órganos de comunicación con el público para poder recibir cualquier denuncia de adicción por parte de familiares de apostantes. Además, tendrán que utilizar los datos de navegación de los usuarios para identificar cualquier indicio de adicción. Después, corresponderá a estas empresas informar periódicamente a sus clientes de los riesgos de la adicción al juego.

Todo esto es lo que se pretende sobre el papel. Pero basta con seguir un poco la actualidad para comprender cómo este camino está resultando más complicado de lo que uno imagina. Por ejemplo, no ha pasado desapercibido en la prensa brasileña que dos funcionarios del Ministerio de Economía que participaron en la elaboración del proceso de regulación del sector se hayan pasado luego al otro lado de la valla, para dirigir la sección de apuestas de importantes bufetes de abogados que tratan con equipos de fútbol. La Comisión de Ética Pública de la Presidencia eximió a uno de ellos de la cuarentena exigida a quienes ocupaban cargos en la Administración.

También hay un problema de salud pública. El año pasado, los brasileños gastaron el equivalente a 11.100 millones de dólares en apuestas en línea. Una cantidad enorme que salió de los bolsillos del 15% de la población, según una encuesta de Datafolha. Aparece además un dato preocupante: la prevalencia de este tipo de juegos entre los jóvenes. Casi un tercio, el 30%, de los brasileños de entre 16 y 24 años afirma haber apostado en línea al menos una vez. Otra encuesta publicada por el instituto Locomotiva advierte de cómo el sector de las apuestas en línea está cosechando víctimas, sobre todo entre el segmento más pobre de la población, en torno al 30%, que, para jugar, ha admitido agotar sus ahorros y a veces incluso sacrificar su plato en la mesa.

Pero se trata de encuestas. Lamentablemente, no existen cifras oficiales. “Hoy ni siquiera sabemos cuántas víctimas del juego hay en Brasil; no hay datos públicos para elaborar una política de prevención”, denuncia al diario Folha de São Paulo Rodrigo Machado, investigador del Instituto de Psiquiatría del Hospital das Clínicas, uno de los pocos centros especializados en ludopatía. “La evidencia científica demuestra que la liberalización aumenta la adicción, por lo que, una vez liberalizado el sector, tenemos que trabajar para mitigar los riesgos. Es fundamental destinar parte del dinero recaudado con los impuestos a estas empresas a la formación de profesionales que puedan atender a esta población y, hoy por hoy, ni siquiera hay mano de obra para ello”, dijo Machado.

Hay también un tema que ha surgido en el debate político sobre la liberalización de las apuestas: la infiltración del crimen organizado. Sobre la regulación de los casinos, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, advirtió de los pros y los contras. “Tenemos que evaluar cuidadosamente los beneficios potenciales, como la creación de empleo y los ingresos para el estado brasileño, pero también los riesgos y desafíos, incluida la prevención del blanqueo de dinero y la lucha contra la delincuencia organizada, así como el problema social y de salud pública relacionado con la adicción al juego”, declaró.

En cuanto al crimen organizado, el interés es muy alto, incluido el de mafias extranjeras como la ‘ndrangheta calabresa, que desde hace tiempo controla numerosas empresas de apuestas y juegos en línea desde la isla de Malta, en el Mediterráneo, con las que lava el producto del narcotráfico. Más atrás en el tiempo, la mafia siciliana Cosa Nostra dirigía el famoso juego del bicho en Rio de Janeiro, junto con capos locales. El principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), también ha puesto sus manos en el sector y seguramente se interesará por su evolución en el gigante latinoamericano. El juego online y offline ha sido incluso objeto de una guerra de facciones en el estado nororiental de Ceará. El Comando Vermelho, originario de Rio de Janeiro, prohibió en septiembre de 2021 el juego en todo el estado de Ceará debido a un enfrentamiento con el PCC, que según informa el diario O Globo está vinculado a empresas de apuestas que también operaban localmente, como Loteria Fort y Fourbet. El pasado mes de abril, la policía federal brasileña detuvo a algunos familiares del máximo dirigente del PCC, Marcos William Herbas Camacho, conocido como Marcola, que difundían anuncios de estas empresas de apuestas en sus redes sociales.

El diario portugués Expresso también reveló recientemente que una empresa de apuestas de Portugal, la Santa Casa de la Misericordia de Lisboa, debería al PCC unos 200.000 reales, 36.200 dólares. Desde febrero de 2021, de hecho, esta empresa estaba tratando de ganar un contrato exclusivo en Brasil, para la lotería del estado de San Pablo. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas señaló irregularidades e hizo anular la operación. Esto llevó a la empresa portuguesa a reducir sus inversiones en Brasil, de las que de todos modos habría surgido la deuda con el PCC. La Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas, abierta en el Congreso en marzo de este año a petición del senador Romário, exfutbolista brasileño y ahora político del Partido Liberal, el PL de Bolsonaro, también se ocupó de este asunto. El principal objetivo de la comisión es investigar presuntos fraudes en la industria brasileña de apuestas futbolísticas.

Además, en el estado amazónico de Rondonia, la Policía Federal descubrió en 2021 que el administrador de un sitio de apuestas, Rondo Esportes, blanqueaba dinero ganado enviando enormes cantidades de marihuana y cocaína al Comando Vermelho en ocho estados brasileños. El dinero se limpiaba en forma de “premios” pagados a los miembros de la misma red criminal. El esquema era tan grande que llegó a pagar a los apostantes 13 millones de reales, 2,36 millones de dólares, en una sola semana. Ante semejante escenario, Brasil tendrá hasta octubre para preguntarse cuál es la ventaja real de abrir esa puerta en su interior y qué precio se arriesga a pagar en términos de seguridad nacional.