Condenaron a cuatro ex policías en Ecuador por la ejecución de 8 personas en una farmacia

En un caso que ha dejado una profunda marca en la historia de Ecuador, la justicia finalmente ha alcanzado a cuatro ex policías, condenados esta semana a 26 años de prisión por la desaparición forzada de tres personas en el conocido como caso Fybeca. Aunque hoy se conoce judicialmente como el caso Gonzáles y otros, durante mucho tiempo fue denominado el caso Las Dolores por el nombre de las tres mujeres que denunciaron la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en Ecuador en 2003. ¿Qué ocurrió realmente en aquella farmacia de Guayaquil, donde asesinaron a ocho personas y desaparecieron a otras cuatro de manera forzada?

El 19 de noviembre de 2003, la Policía del Ecuador ejecutó un operativo en una farmacia de la cadena Fybeca en Guayaquil –de ahí derivó el nombre del caso. El resultado de la intervención dejó ocho personas fallecidas y otras más detenidas. Dolores Guerra, Dolores Briones y Dolores Vélez, esposas de dos de los muertos y uno de los desaparecidos afirmaron que sus maridos eran inocentes y que fueron asesinados o desaparecidos por los agentes que ejecutaron el operativo. Lo que debía ser una operación policial rutinaria para detener un supuesto asalto, se transformó en una masacre. Una veintena de policías, actuando bajo la presunción de un robo en curso, dispararon en los exteriores del local. La intervención, que inicialmente fue presentada como un enfrentamiento con delincuentes, pronto fue objeto de dudas cuando se descubrió que de las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Testimonios y evidencias forenses revelaron que varias de las personas muertas recibieron disparos por la espalda, cuando ya estaban sometidas, lo que apuntaba a un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

Dolores Briones relató que su esposo, Guime Córdova, quien murió en la balacera, trabajaba como mensajero en la farmacia. Dolores Vélez, en cambio, responsabilizó a la policía por la muerte de su esposo, Carlos Andrade que fue a la farmacia a comprar pañales. En cambio, el caso de Johnny Gómez Balda se hizo público dos días después, cuando Diario El Universo publicó una fotografía que, según su esposa Dolores Guerra, mostraba a Gómez siendo detenido tras el supuesto asalto. Desde ese momento, no se ha tenido noticias de su paradero.

Testigos y un fotógrafo capturaron imágenes de uno de los hombres siendo llevado esposado por agentes de la policía. Sin embargo, tras ser trasladados a un cuartel policial, estos hombres fueron torturados. Según declaraciones de Erwin Vivar, quien logró escapar y se convirtió en testigo protegido del caso. De acuerdo con los archivos de El Comercio, en el 2016, Vivar relató que “un hombre vestido de civil lo arrestó y subió a la cajuela de un vehículo color concho de vino en donde recibió una primera descarga eléctrica. El testigo relató que fue torturado durante unos ocho días junto a Gómez, hasta que finalmente en la parte final de su cautiverio lo arrojaron, junto a su amigo, al Estero, en Guayaquil, y dispararon al agua”. Vivar sobrevivió y viajó de forma irregular a Venezuela, donde permaneció por casi 13 años. Mata y Gómez aún siguen desaparecidos.

Las irregularidades en el caso Fybeca comenzaron desde el momento del operativo. La versión oficial, que presentó el incidente como un tiroteo con delincuentes, rápidamente se desmoronó bajo el peso de las pruebas que indicaban que se trató de ejecuciones extrajudiciales. Informes periciales confirmaron el uso excesivo de la fuerza y apuntaron a una planificación premeditada por parte de la Policía. El hecho de que la operación resultara en la desaparición forzada de tres personas mostraba la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas ese día.

La justicia abrió una causa en contra de 20 efectivos policías que participaron en el operativo, todos fueron declarados inocentes por falta de pruebas en su contra. Las investigaciones se reabrieron el 2014 y varios involucrados fueron declarados culpables, así como “Las Dolores” fueron indemnizadas. La sentencia calificó el asesinato de ocho personas bajo la modalidad de ejecución extrajudicial. De los 20 policías implicados, nueve fueron encontrados culpables. Desde entonces cinco cumplen una condena de 16 años, mientras que los otros cuatro fueron sentenciados a dos años por encubrimiento, al igual que el ex fiscal del caso, pero quedaron libres poco tiempo después por el principio de favorabilidad. Pero la justicia continúa incompleta para las mujeres, pues entre los prófugos está Iván Walter Castillo Yaguana, quien supuestamente ejecutó a uno de los esposos de las Dolores.

El juez que llevó la causa ordenó al Ministerio del Interior la difusión roja de Interpol para traer a los prófugos ante la justicia. Entre ellos, el mayor Eduardo González, quien ordenó el operativo del 19 de noviembre de 2003. Según testimonios, ese día, González cambió la ruta del destino de los Policías hacia la farmacia en donde se desató la tragedia.

El 27 de octubre de 2013, González huyó del país antes de que se ordenara su detención. Las investigaciones revelaron que su presencia en Guayaquil estuvo exclusivamente vinculada a la investigación de un supuesto atentado contra la vida del entonces alcalde Jaime Nebot y líder del Partido Social Cristiano. Gómez no tenía autorización para dirigir el operativo de noviembre del 2003. El informe del entonces Inspector General de la Policía, Marcelo Vega Gutiérrez, señaló que González no solicitó autorización para utilizar los equipos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) ni registró su salida. González declaró que actuó ante un delito flagrante y que no podía predecir lo que ocurriría.

Los testimonios judicializados de los empleados y un cliente de la farmacia coinciden en que nunca escucharon la advertencia de la Policía antes de los disparos. Tras los hechos, no había señales de un tiroteo, pero sí ocho cuerpos sin vida en el suelo. Según el informe balístico de peritos venezolanos, el uso de la fuerza policial fue desproporcionado. De los 36 orificios de proyectiles en los cuerpos, se encontraron menos de 20 balas en la escena, lo que sugiere que esta fue alterada.

En una nueva sentencia del pasado 5 de agosto de 2024, dictada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), los expolicías Erick Salinas, Mario Cevallos, Aurelio Chila y Marcos Villacrés fueron encontrados culpables de haber participado en lo que la Fiscalía describió como una “estructura para-policial” que actuó con el consentimiento de autoridades superiores. Aunque la sentencia incluye una multa de 368.000 dólares y una orden para que el Estado ecuatoriano pida disculpas públicas, el caso sigue dejando un rastro de preguntas sin respuesta y un amargo sabor de impunidad. Dolores Guerra, tras la sentencia de esta semana, expresó su alivio por el reconocimiento de la injusticia cometida, pero también subrayó que su lucha no termina: “Nunca ha sido una sed de venganza, siempre fue una sed de justicia”.