Un grupo de 29 ex presidentes condenó enérgicamente las acusaciones y la investigación realizadas por el Ministerio Público de Venezuela contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Este último es considerado por los críticos del régimen como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de julio.
La carta firmada por los expresidentes, que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), señala que la acción del Ministerio Público es “abiertamente inconstitucional” y contraria a los tratados internacionales de derechos humanos.
La semana pasada, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una investigación basada en un supuesto plan para adulterar los resultados de las elecciones del 28 de julio, señalando a María Corina Machado como responsable.
Este anuncio provocó reacciones inmediatas no solo dentro de Venezuela, sino también en la esfera internacional, evidenciando el creciente aislamiento del régimen de Nicolás Maduro en el panorama global.
Los ex presidentes también criticaron con dureza la “represión generalizada” contra los venezolanos que protestan, a quienes la Fuerza Armada de Venezuela calificó de “sediciosos” en un comunicado también reciente.
Este martes, la Fuerza Armada reafirmó su “absoluta lealtad” a Maduro, lo que tensó aún más la situación. Esta se agravó aún más cuando González, en una carta abierta a las fuerzas de seguridad, urgió a cesar la “represión” y alinearse con el pueblo venezolano. La misiva, firmada como presidente electo, encendió la ya creciente tensión dentro del país.
La declaración de los 29 ex mandatarios, entre los que se encuentran los ex presidentes de Costa Rica, Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís; de España, José María Aznar y Mariano Rajoy; y de México, Vicente Fox; responsabiliza al régimen de Maduro por la violencia y el “aislamiento comunicacional censurando redes”.
Además, atribuyen el caos al Poder Electoral, específicamente al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, acusándolo de “instigar la violencia de Estado que sumerge al país en una crisis”.
“Los gobiernos democráticos del mundo, para salvar a la democracia, deben hacer respetar a la innegociable soberanía popular cuando ya se ha manifestado, como en Venezuela” enfatizaron los firmantes.
La carta fue también firmada por los ex mandatarios de Colombia, Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, así como de Argentina, Mauricio Macri.
Entre otros firmantes se encuentran los ex gobernantes Mario Abdo Benítez, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy de Paraguay; Nicolás Ardito, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares de Panamá; Alfredo Cristiani de El Salvador; Eduardo Frei de Chile; Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenin Moreno de Ecuador; Hipólito Mejía de República Dominicana y Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia.
La comunidad internacional ha observado con preocupación mientras las protestas dentro de Venezuela se multiplican, y la represión por parte del gobierno se intensifica.
El rol del CNE fue señalado directamente como promotor de la violencia de Estado que vive Venezuela. Los ex presidentes denunciaron que estas acciones están causando un derramamiento de sangre que incluye muertos, heridos, torturados y desaparecidos. A esto se suman los casi dos mil detenidos en medio de un contexto de represión estatal.
Además de las figuras políticas mencionadas, la situación ha provocado una serie de comunicaciones diplomáticas y pronunciamientos por parte de distintos organismos internacionales, quienes han exigido respeto a los derechos humanos y llamado a elecciones libres y transparentes en Venezuela.
Los firmantes instaron a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el gobierno de Maduro y a apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia. Enfatizaron la importancia de observar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, y llamaron a las fuerzas de seguridad a actuar con responsabilidad y en favor de la protección de los ciudadanos.
(Con información de EFE)
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